Política para llevarlo a la quiebra
Por Magdalena Galindo
Desde antes, pero con singular ímpetu a partir de la reforma energética decretada en 2013, el gobierno ha llevado adelante una ofensiva contra Petróleos Mexicanos que ha buscado llevar a la quiebra a la paraestatal, ahora empresa productiva del Estado. Por supuesto, como lo hemos dicho muchos analistas, el motivo es justificar la entrega del principal recurso natural de México a la explotación por la iniciativa privada, y en especial por las transnacionales extranjeras.
Ya se sabe que el principal argumento para impulsar la malhadada reforma fue señalar que Pemex atravesaba una difícil situación financiera y que por eso era necesario que compañías privadas intervinieran en el sector; antes, en el sexenio de Calderón, cuando se quería también privatizar el sector energético, se mal informó con anuncios en televisión que aseguraban que Pemex carecía de la tecnología para extraer petróleo en aguas profundas. En ambos casos se daba por hecho que el motivo de la incapacidad técnica y financiera era la ineficiencia de la empresa pública. Como ya he mencionado en estas páginas, independientemente de los casos de corrupción en el interior del sindicato petrolero, o de los malos manejos de sus altos funcionarios o de que los ductos sean uno de los socorridos blancos de la delincuencia organizada, Pemex ocupa el cuarto lugar entre las petroleras más eficientes del mundo y apenas en 2015 recibió el premio internacional como la petrolera paraestatal más eficiente en el planeta.
PEMEXNo se trata pues de un problema de eficiencia, sino de la política que se le ha aplicado para llevarla a la quiebra. Desde el sexenio de López Portillo, cuando, tanto por el descubrimiento de nuevos yacimientos, como por el alza internacional de los precios, se generó el proceso que se definió como petrolización de la economía mexicana, se decidió que a Pemex se le aplicara un impuesto extraordinario, a fin de que aportara una parte substancial de los ingresos del sector público, de modo que llegó a financiar más del 40 por ciento del gasto público. Esa política, aunada al hecho de que se quería acceder rápidamente a la explotación de nuevos pozos petroleros, determinó que Pemex recurriera a créditos externos, de manera que en la transición al sexenio de Miguel de la Madrid, cuando estalla el problema de la deuda y se inicia lo que se llamó la década perdida de América Latina, Pemex tenía el mayor monto de deuda externa individual en el país.
Aunque en los precios del petróleo ha habido muchos altibajos, pues se trata de un mercado inestable, durante las dos últimas décadas, la tendencia había sido a la alza, lo que permitió que Petróleos Mexicanos siguiera proporcionando el mayor aporte al presupuesto. Sin embargo, en los últimos años, diversas empresas petroleras, principalmente de Estados Unidos, decidieron entrar en el mercado aplicando la costosa y dañina técnica del fracking, lo que, en cuanto maduraron sus inversiones, y por lo tanto se registró el aumento de la oferta, ocasionó una baja extraordinaria de los precios del petróleo. Para desgracia de Pemex y de todos los mexicanos, esta baja del precio coincidió con la decisión del régimen de Peña Nieto de llevar adelante la reforma para privatizar la industria energética, y esta decisión implicó la estrategia de quebrar Pemex.
En vez de que la baja del precio condujera a dar un apoyo sustancial a Pemex, se le ha castigado de manera extraordinaria, en especial con los recortes presupuestales. Entre 2015 y para este 2016 la empresa productiva estatal ya ha sufrido un recorte de nada menos que 70 mil millones de pesos, y para 2017, de acuerdo con el paquete económico enviado por Hacienda al Congreso, se propone un nuevo recorte por 102 mil 200 millones o sea 20.7 por ciento de su presupuesto. Y no sólo eso, ahora la Secretaría de Energía se niega a compensar una parte sustancial de las inversiones realizadas por Pemex en exploración de pozos que se van a licitar para las empresas privadas, con el pretexto de que en la Ronda Cero no fueron incluidas en la lista. Así, según datos de la Agencia Reuters, mientras Pemex reclama 70 mil 644 millones de pesos, la Secretaría de Energía afirma que solo reconocerá 4 mil 614 millones. Con esas políticas, no es extraño que Pemex haya reportado la semana pasada que en el tercer trimestre perdió 118 mil millones de pesos, con lo cual acumula pérdidas por 263 mil 802 millones entre enero y septiembre de este 2016.
Las cifras muestran, pues, a las claras, la voluntad de quebrar la mayor empresa del país y la que ha sido el puntal más importante de la economía mexicana.
http://www.siempre.com.mx/2016/11/rudeza-innecesaria-contra-pemex/
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