Hace apenas dos lustros Rosendo Villarreal Dávila estaba arruinado, y hace poco más de 15 años era incapaz de manejar adecuadamente una empresa propia o familiar, por lo que literalmente fue arrojado a la actividad pública por su parentela política encabezada por su cuñado, el magnate industrial Isidro López del Bosque.
Hoy, Villarreal Dávila es un hombre sumamente rico, y además cuenta con un poder político que le permite tener en sus manos el destino de miles de familias cuyos jefes son trabajadores sindicalizados y de confianza de Petróleos Mexicanos, paraestatal en la que el ex alcalde de Saltillo funge como director corporativo. Pero esa riqueza y ese poder se han visto permanentemente envueltos en escándalos y en señalamientos de corrupción.
En efecto, trabajadores de confianza de PEMEX difundieron, a través de la internet, tres documentos. El primero de ellos es básicamente una carta en la que se le solicita al personal de confianza de la paraestatal que firme el nuevo contrato a la brevedad; se dice en esta carta que no se pierden derechos laborales ni prestaciones, pero no se dice que al firmar este contrato los trabajadores de confianza quedan indefensos ante un posible despido injustificado.
El segundo documento es un oficio de Petróleos Mexicanos firmado por Rosendo Villarreal Dávila, “director corporativo y graduado en el Tec de Monterrey, además de ex senador, es alcalde de Saltillo y ex achichincle en la Secretaría de la Función Pública”. Esencialmente lo que dice es lo mismo: que no van a perder prestaciones y que lo firmen ya. El documento está fechado el 7 de septiembre de 2007, pero la carta más reciente pidiendo la firma del contrato es del primero de octubre; es decir, el personal de confianza no ha querido firmar, al parecer porque saben que “le están queriendo jugar chueco”.
El tercer documento incluye un análisis de este nuevo contrato que le quieren hacer firmar a los trabajadores de confianza de PEMEX. Fundamentalmente lo que ocurre es que en ese organismo se quiere que los trabajadores de confianza firmen un papel en el que aceptan definiciones específicas de lo que significa un “trabajador de confianza”. Y es que la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones pueden despedir a los empleados de confianza sin posibilidad de que los reinstalen en el puesto simplemente porque el patrón lo dice basado en un “motivo razonable”.
Pero, ¿qué es un motivo razonable? Pues lo que el patrón quiera consignar como tal; es decir, de lo que se trata es de darle a Petróleos Mexicanos la facilidad para que pueda despedir a los trabajadores de confianza quienes, casualmente, son los encargados de la fiscalización de la paraestatal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una amenaza velada a los trabajadores de confianza de que pueden ser despedidos si fiscalizan las irregularidades detectadas en la empresa, “principalmente con Hildebrando, Repsol y Hallburton, etcétera”. De eso se trata, y lo sabe bien el director Jesús Reyes Heroles.
“Desde luego, esto también sirve de pretexto para meter fiscalizadores a modo a PEMEX o para decir que como no hay personal de confianza, pues hay que licitar los puestos a empresas privadas, lo que en otras palabras quiere decir que se están dando los segundos o terceros pasos para privatizar una institución que tanto le ha costado a México”, agregaron los denunciantes.
SINDICALIZADOS POR MILITARES
Ya desde finales de 2006, se daba a conocer que Petróleos Mexicanos estudiaba una propuesta para sustituir por militares a 4,128 trabajadores sindicalizados que laboran en seguridad de la empresa, acusándolos (delitos inventados) de ladrones, borrachos, drogadictos, encubridores y cómplices de sus líderes sindicales.
Un informe de inteligencia de la gerencia de Servicios de Seguridad Física a la Dirección Corporativa, de la que es titular Rosendo Villarreal Dávila, llamado “Plan Operativo Relevo”, y clasificado como “secreto”, detalla la investigación exhaustiva en puestos de trabajo, movimientos del gremio en las calles y líderes de las diferentes secciones.
Contempla la sustitución por etapas de trabajadores sindicalizados de vigilancia debido a que “por su presunta ineficiencia y corrupción son altamente peligrosos para las instalaciones y valores de la empresa”. El informe de inteligencia, elaborado bajo el mando del general Víctor Manuel de la Peña, tiene como objetivo “herir de muerte” al sindicato, e inicia con la siguiente advertencia: “El control de los accesos a las instalaciones estratégicas está a cargo de personal sindicalizado, de quienes se destaca que sólo obedecen a sus líderes e ignoran en gran medida las órdenes de los jefes de quienes dependen e incurren cotidianamente en actos delictivos robos e inhabilitaciones por la ingerencia de bebidas alcohólicas y consumo de drogas, encubrimientos, complicidades, etc.)”.
La primera fase del plan iniciaría en 20 instalaciones de Guadalajara, 6 de Camargo, 7 de Cadereyta, 10 de Reynosa, 7 de Tampico, 15 de Salamanca, 4 de Poza Rica, 7 de Veracruz, 3 de Tula, 2 de San Martín Texmelucan, 10 de Ciudad del Carmen, 9 de Coatzacoalcos, 6 de Villahermosa, 5 de Salina Cruz y 4 del área metropolitana de la ciudad de México. El total de la primera fase serían 115 de 288 instalaciones de PEMEX.
La segunda fase serían 81 instalaciones y la tercera fase 92 en el total de 14 departamentos foráneos. El informe detalla las acciones a tomar: “La GSSF (Gerencia de Servicios de Seguridad Física) realizará en tres fases el relevo de los 4,128 vigilantes sindicalizados apostados en 288 instalaciones estratégicas, a partir de las 0600, día “D”, con 2,461 elementos de las fuerzas armadas y de esta gerencia, y en una segunda fase con personal capacitado de agentes de seguridad física llevará a cabo la total sustitución de las fuerzas armadas en todas las instalaciones estratégicas”.
No sorprenden las medidas hitlerianas de Rosendo Villarereal Dávila, pues como alcalde de Saltillo dispusto que toda aquella mujer que fuera sorprendida más allá de las once de la noche fuera de su domicilio, sería considerada de dudosa reputación, es decir, sería tratada como prostituta, así fuera a una farmacia por un medicamento para algún familiar enfermo o enseres y productos para su familia.
Villarreal Dávila también ha sido señalado en sonados casos de corrupción, como la irregular entrega de 1,724 millones de pesos al sindicato petrolero; un asunto de tráfico de influencia que encubrió a César Nava, actual secretario privado del presidente Calderón, y el favoritismo a empresas que tienen que ver con inversiones de la familia Bribiesca/Sahagún.
LA RIQUEZA DEL EX PRESIDENTE MUNICIPAL
Está sobradamente documentado que de 1990 a 1997, prácticamente todas las propiedades de Rosendo Villarreal Dávila estuvieron hipotecadas o embargadas, según consta en los archivos del Registro Público de la Propiedad. Además, el también ex senador litigaba con Banamex, Probursa y Bancomer, instituciones con las que empeñó diversas propiedades, incluida su residencia particular. Pero conforme acumuló puestos al amparo del Partido Acción Nacional, estos créditos fueron saldados con intereses moratorios, que triplicaron el adeudo original, según se puede corroborar en los diferentes libros del Registro Público de la Propiedad.
Actualmente, el director corporativo de PEMEX es propietario de la empresa “Transportes Villarreal Berlanga”, donde fungen como socios sus hijos Rosendo y Ernesto, en la cual cuenta con 60 concesiones federales para transporte de carga que se le otorgaron durante su desempeño como contralor interno de la Secodam. Recientemente, el municipio de Arteaga confirmó que los hermanos Villarreal Berlanga tramitaron un permiso para la instalación de una gasolinera sobre la carretera 57. El proyecto incluye además un amplio centro comercial y, en la parte trasera, un enorme patio para alb ergar docenas de tractocamiones.
A estos señalamientos debe sumarse la denuncia del ex diputado federal, Jesús González Schmall, en octubre de 2006, contra el general
Víctor Manuel de la Peña Cortés, gerente de Servicios de Seguridad Física de PEMEX (el mismo del “Plan Operativo Relevo”) y contra el propio Villarreal Dávila, ya que según su dicho, ambos utilizaron recursos de la paraestatal para espiarlo en el contexto de su participación en la primera comisión que indagó los negocios de los hermanos Bribiesca.
“Habrá que investigar ahora hasta donde la parte administrativa de PEMEX está escondiendo esos más de 6 mil quinientos millones de pesos que se tienen documentados producto de los contratos gestionados por los hijos de la ex primera dama del país”, añade Schmall.
La opinión de la mayor parte de los mexicanos está resultando cierta: PEMEX ha sido saqueado impunemente por la clase gobernante y pudiente del país, y aquellos que defendieron la nacionalización aportando sin recibir ningún beneficio, solamente han visto pasar las cosas en eso que constitucionalmente se dice es propiedad de todos los habitantes de México.
Rosendo Villarreal Dávila, senador de la república de 1994 a 2000, contralor interno de la Secodam de 200 0 a 2003, y desde este año funcionario de PEMEX, fue mencionado por el ex abogado general de la empresa, Juan Carlos Soriano, como el que autorizó el pago de más de 1,724 millones de pesos al sindicato petrolero de forma ilegal, pero no ha sido llamado a cuentas en alguna investigación. En contraparte, el ex director Raúl Muñoz Leos y el propio Soriano fueron inhabilitados por diez años y multados con 862 millones de pesos.
“Para entender el por qué de la impunidad con la que se conduce el respetabilísimo don Rosendo Villareral Dávila, hay que citar episodios de su carrera política. Fue el primer alcalde panista de Saltillo, donde en 11992 hipotecó el teatro García Carrillo y las viejas instalaciones de la fundidora Zincamex sin autorización del Congreso local, lo que dio motivo para que la Contaduría Mayor de Hacienda le fincara un juicio de responsabilidades, pero al llegar a la alcaldía su sobrino Manuel López Villarreal, el asunto fue zanjado mediante el pago correspondiente.
Cortesía del Semanario Primera Línea
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