Interesante reportaje de Proceso. "Amor por la transa, desdén por la vida"

Esta semana en Proceso un buen reportaje sobre las condiciones laborales de miles de trabajadores de plataformas de las compañías privadas que le trabajan a Pemex.
Aquí se demuestra que la verdadera causa de la tragedia es la impunidad y el contubernio en que trabajan estas compañías con la alta burocracia de Pemex y el gobierno federal,  de lo que éste último ya estaba enterado.

Amor por la transa, desdén por la vida
Jesusa Cervantes y Patricia Dávila Y Rosa Santana

Como ha venido informando Proceso, desde hace años el gobierno federal conoce la precariedad con la que operan las empresas contratadas por Pemex, especialmente Oceanografía, auspiciada por los hermanos Bribiesca Sahagún. La administración de Felipe Calderón –que como secretario de Energía contribuyó a mantener ese estado de cosas– no hizo caso de investigaciones oficiales ni de graves accidentes anteriores. Pero el colapso de la plataforma Usumacinta provocó 24 muertes y exhibió el carácter criminal del contubernio entre la paraestatal y los contratistas.

Los graves accidentes ocurridos en la zona petrolera conocida como Sonda de Campeche no se deben a las condiciones climatológicas adversas, sino al contubernio entre la alta burocracia del gobierno federal y contratistas que se benefician del tráfico de influencias, sin importarles la vida de las 15 mil personas que trabajan en ese lugar.

Prueba de ello es que desde 2004 el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y su jefe de asesores, César Nava, conocían las condiciones de inseguridad en que laboraban los trabajadores petroleros.

El pasado martes 23, a 32 kilómetros mar adentro, un accidente sorprendió a 81 trabajadores de la plataforma Usumacinta, propiedad de la empresa Perforadora Central, S.A. de C.V., cuyo dueño es Patricio Álvarez. Las “malas condiciones meteorológicas” provocaron que la plataforma golpeara el pozo Kab-101, lo que causó una fuga de aceite y gas, según el comunicado de la empresa.

Sin embargo, y a pesar de los reportes sobre el clima adverso, los encargados de la plataforma y los del pozo (funcionarios de Pemex) no dieron la alerta a tiempo. El comunicado de Perforadora Central indica que la turbulencia inició al mediodía, pero el personal de Pemex cerró las válvulas de los pozos Kab-101 y Kab-121 dos horas y 20 minutos después.

Para el secretario general de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional, el capitán Enrique Pacheco Georges, la acción tardía de Pemex ocasionó que “ante lo tóxico del gas, los empleados abandonaran la zona a bordo de dos naves salvavidas conocidas como mandarinas, las cuales técnicamente debieron soportar el golpe con el mar. Sin embargo, no pudieron evitar que el agua se filtrara, dejando a la deriva a los 81 empleados”. El peritaje deberá probar si la plataforma, las naves salvavidas y los pozos contaban con las medidas de seguridad, dice.

Fuentes de Pemex sostienen que el viernes 26 varios inspectores de la paraestatal iniciaron la revisión de más de 100 plataformas ubicadas en la Sonda de Campeche y detectaron que por lo menos tres de las mandarinas, similares a la que sucumbió el martes 23, presentan fisuras en su estructura de fibra de vidrio o están parchadas.

Así mismo, expertos de la paraestatal que también pidieron anonimato –“por lo delicado que está el asunto”, dijeron–, detallan que la plataforma siniestrada es de tipo MAT y “está diseñada para pantanos, lagos y lagunas, no para el mar”. Las MAT, “a diferencia de las de patas independientes, que son para mar, no se clavan en el lecho marino, sólo se asientan, porque en los pantanos, lagos y lagunas, para los que fueron diseñadas, no hay corrientes”.

Y revelan que la plataforma Usumacinta no fue la única dañada por el temporal. También quedó afectada la Carolina, que pertenece a la compañía Pride y es de tipo MAT, “pues sufrió una inclinación de 16 pulgadas por socavamiento de arena”.

El aviso de 2004

El 19 de febrero de 2004, cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y César Nava su jefe de asesores, cuatro empleados de Perforadora Central denunciaron ante Pemex y el Senado las condiciones de inseguridad en que trabajaban.

El Órgano Interno de Control de Pemex realizó una inspección y corroboró las quejas. Las anomalías quedaron plasmadas en el expediente SPC/0429/2004. No obstante, los denunciantes fueron despedidos en octubre del año siguiente.

Perforadora Central renta a Pemex varias plataformas, como la Usumacinta y la Grijalva, y cobra 31 mil 950 dólares diarios por cada una; la Tonalá, por la que recibe 53 mil 950 dólares, y la Hakuryu-V, que le da ingresos por 51 mil 500 dólares.

Según la página de Compranet, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando César Nava era el abogado de Pemex, Perforadora Central recibió tan sólo de Pemex Exploración y Producción mil 257 millones 139 mil 960 pesos. Al iniciar la administración de Calderón, se le otorgó un contrato por 144 millones 87 mil 488 pesos, bajo la licitación 18575107-048-07.

Los trabajadores de esa compañía están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con uno o dos salarios mínimos, a pesar de que ganan 700 pesos diarios; carecen de seguro de vida y su afiliación al IMSS sólo tiene vigencia los días que están en altamar.

En la Sonda de Campeche, Pemex mantiene contrato con más de 20 empresas, las cuales cuentan con cerca de 100 embarcaciones y diversas plataformas. La mayoría de esas embarcaciones datan de hace dos décadas o más, y no cuentan con medidas de seguridad apropiadas para proteger el equipo y a los trabajadores; además, las refacciones que utilizan son recicladas. Lo mismo sucede con los buques, que con frecuencia van sobrecargados de pasajeros, mientras que las naves salvavidas no funcionan bien y el personal que las tripula es insuficiente.

Este tipo de anomalías, de las que están al tanto la Secretaría de Energía y Pemex, provoca accidentes como el del martes 23. Uno de los empleados despedidos de Perforadora Central dice en entrevista que en 1995, cuando el huracán Rosana azotó la región, la empresa mantuvo a sus empleados a la deriva en las embarcaciones durante un mes. “Tuvimos que comer papas y chayotes podridos porque se acabó la comida y nos dejaron encerrados con el argumento de que venían otros huracanes”, relata.

Pero es otra la empresa que tiene el récord en violaciones a la normatividad. Se trata de Oceanografía, la empresa ligada a los hijos de Marta Sahagún e involucrada en una red criminal que obtenía ganancias con sobreprecios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias en colusión con exfuncionarios de Pemex, según la investigación de la Contaloría Interna de la paraestatal que difundió este semanario en su edición antepasada (Proceso 1615).

El jueves 11, a raíz de un incendio, se hundió la embarcación Seba’an con 176 trabajadores, de los cuales uno resultó muerto. El capitán Pacheco Georges, con 23 años como navegante, comenta que este accidente “puso en duda la acuciosidad y efectividad de las inspecciones que realiza el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), bajo contrato millonario, a todas las embarcaciones que operan para Pemex en la Sonda de Campeche”.

También recuerda que en junio pasado la tripulación de Seba’an denunció un percance en el departamento de máquinas que duró 12 horas.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional, encargada de hacer las verificaciones del funcionamiento correcto de las embarcaciones en todo el mundo, reportó que este buque registró tres deficiencias en 2001, pero no especifica cuáles, y no realizó la verificación del 31 de julio de 2007, es decir, dos meses antes de que provocaran el hundimiento por falta de extinguidores. La última revisión fue en 2004.

Empleados de Oceanografía, que solicitaron el anonimato por temor a un despido, relataron que en septiembre pasado la embarcación Caballo Azteca, también propiedad de esta empresa y que trabaja 28 días por 14 de descanso, se rebelaron en protesta porque durante 72 horas no recibieron comida cuando estaban en altamar. En esa ocasión, Oceanografía culpó al mal clima, pero la verdad es que éstos, los propietarios de la empresa, tenían una deuda con sus proveedores, que “decidieron suspender la entrega de víveres para obligarla a pagar”, comentó uno de los empleados.

Otra de las empresas favoritas de Pemex, Protexa, también enfrentó hace seis años disturbios en una de sus embarcaciones, luego de que los trabajadores se rebelaron cuando estaban en altamar. Luchaban por crear un sindicato que les garantizara el pago de sus prestaciones.

Según recuerdan los inconformes, los dueños de la empresa llamaron en su auxilio a elementos de la Armada, ya que se trata de una jurisdicción federal. Los trabajadores trataron de impedir el descenso de dos helicópteros de la Marina, pero otros efectivos abordaron las naves, los sometieron a golpes y los esposaron. Dos de esos empleados aún están en la cárcel Cobe de Campeche bajo el cargo de motín.

A pesar de las quejas, esta empresa recibió recientemente (bajo la licitación 18575108-058-07) un contrato para que su barco El Tolteca, construido en 1955, realice trabajos de instalación, recuperación, adecuación y mantenimiento de las estructuras, equipos, líneas de proceso y servicios de apoyo a la operación en Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México, por una renta diaria de 300 mil dólares.

Ejemplo de otro tipo de anomalía es la embarcación “chatarra” Orión, que utilizó la empresa Naval Mexicana y la cual se hundió en abril de 2006 en la Sonda de Campeche, con 900 mil litros de combustóleo que aún permanecen en el fondo del mar.

Inmovilismo burocrático

Además de Perforadora Central, las empresas contratadas por Pemex para la Sonda de Campeche son: Oceanografía, Protexa, Naval Mexicana, Cotemar, Marítima Mexicana, Naviera Integral, Consultoría y Servicios Petroleros, Duncan & Cossío, Náutica Salta Mar, Petronaval, Naviera Armamex, Halliburton de México, Dowell Schlumberger de México, Texas Oilfiel Produc & Services, Tide Water, Global Marine, Sodexho México, Goimar, Waterford de México, Servicios Integrales R y G. y Oilpachs Enterprice Internacional.

Para obtener un contrato de Pemex, cualquier empresa debe cumplir dos requisitos básicos: contar con el seguro y, previo a ello, cumplir con la certificación que marca el convenio de la Organización Marítima Internacional de la ONU, que fue suscrito por México.

De acuerdo con esta organización, la empresa que tiene más embarcaciones canceladas es Tide Water, debido a la falta de verificación oportuna. Por cierto, esta misma instancia internacional reporta en su página de internet que la plataforma Usumacinta entró en operación en 2003 y a cuatro meses de haber reportado su última verificación (25 de junio de 2007) sufrió uno de los mayores percances de la historia, que costó decenas de vidas.

Pese a los errores cometidos por los propietarios de esas empresas, las autoridades siguen otorgándoles contratos. Los funcionarios federales alegan que accidentes como el del martes 23 se deben a un problema climático. El director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, durante su visita a Campeche el jueves 25, aseguró incluso que “la tragedia no se pudo haber evitado”.

No obstante, el capitán y secretario general del sindicato de la Marina Mercante, Enrique Pacheco, explica que en cada operación de las empresas intervienen dos factores: el marítimo y el laboral. Los funcionarios encargados de que se cumplan las normas en ambos aspectos son los de Pemex, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Pacheco Georges y la presidenta del grupo ambientalista Marea Azul, Lourdes Rodríguez Vadillo, sostienen que el accidente de la plataforma Usumacinta no se debió al clima. Así mismo, la comisión de legisladores que se conformó a raíz del hundimiento del Seba’an el jueves 11 debe solicitar a las empresas contratadas por Pemex los certificados expedidos por la Organización Marítima Internacional para cada una de sus embarcaciones.

El lunes 15 –ocho días antes del accidente de la plataforma Usumacinta– la comisión legislativa, integrada por el presidente de la comisión de Marina de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río Virgen, los senadores Tomás del Toro del Villar y Sebastián Calderón Centeno, más el diputado Miguel Ángel Peyrot Solís, realizaron una visita a la Sonda de Campeche motivados por las denuncias contra la empresa Perforadora Central, que se vienen arrastrando desde 2004.

Ahí comprobaron las pésimas condiciones de seguridad y violaciones laborales que enfrentan los empleados de esas compañías. El capitán Pacheco, que acompañó a los legisladores, informó a las autoridades competentes sobre los riesgos que implica esa situación para los trabajadores. Nada impidió, sin embargo, la tragedia del martes 23.

Pacheco comentó que el viernes 26 tuvo otra reunión con los integrantes de la comisión legislativa y con funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quienes sólo hicieron promesas de corregir los problemas que se conocen desde hace años.

Graduado en 1984 de la Escuela Naútica, con 23 años en la marina mercante y 12 en la organización sindical, el capitán asegura que desde hace tres sexenios, incluyendo el de Felipe Calderón, ha habido un “contubernio” entre las autoridades del sector energético y los dueños de las empresas.

Se organizan los trabajadores petroleros del sureste en contra del CIT.

No va a ser nada fácil para la administración de Pemex obligar a los trabajadores técnicos y profesionistas a firmar el CIT (contrato individual de trabajo). En el surese de Veracruz concretamente en la región  de Coatzacoalcos, ya se han llevado las acciones para coordinar una defensa común. En reciente reunión con participación de trabajadores de Petroquímica, Refinación y PGPB, la UNTCIP convoca a próxima reunión para informar de la estrategia a seguir para rechazar el nuevo e ilegal CIT.

Ya en Petroquímica existe la experiencia de hace 10 años, cuando en 1997 se obligó a  los trabajadores a firmar contratos nuevos con las empresas filiales, las "SA de CV", que no era otra cosa que el primer paso para poner en venta los complejos petroquímicos, y en consecuencia poder deshacerse de los trabajadores sin mayor problema para las empresas que adquirieran la "carga" laboral.

De eso saben un buen los trabajadores de Petroquímica, quienes sufrieron abusos, presiones y toda clase de atropellos por la administración de aquellos años. Ahora con un gobierno abiertamente neoliberal y de conocido repudio por los derechos laborales, se enfrentan una vez más a otra embestida para socavar los derechos de los trabajadores técnicos y profesionistas. Pero ahora con la acción coordinada y unida puede resultar contraproducente para la administración alborotar el avispero de la ya maltrecha situación laboral.

De la tragedia del Usumacinta

Sigue la información con diferentes notas sobre la tragedia de la plataforma Usumacinta, ya sabemos sobre las condiciones del personal que trabaja para las compañías que a su vez le trabajan a Pemex en distintas modalidades. Pero es de notar  cómo las autoridades laborales no tan sólo dejan al abandono a los trabajadores sino que además hacen todo lo  posible para evitar que se organicen y traten de obtener mejores condiciones de trabajo, aún cuando están en su derecho y así lo establece la ley. Pero nada bueno se puede esperar de este gobierno neoliberal panista, de quienes es conocido su desprecio por los derechos de la clase trabajadora.

De La Jornada los dos artículos:

Exigen “trato humano” para los 10 mil trabajadores en plataformas.

Culpa de Pemex, el sindicato y la STPS, la tragedia en la plataforma: petroleros.

Noticia en el periódico Reforma sobre el impositivo e ilegal Contrato Individual de Trabajo

Salió el pasado 23 de octubre pero de cualquier forma lo ponemos para quienes no han visto la nota. Hacemos la aclaración, que es necesaria, en el artículo dice lo siguiente:

"Actualmente, estos empleados
están contratados mediante una tarjeta
de trabajo sin actividad específica,
con un contrato permanente.

El nuevo contrato, enviado por
la dirección de la empresa, pretende
establecerles actividades específicas
a cada trabajador."

Creemos que la redacción estuvo confusa, ya que el contrato actual sí indica la categoría (función), el nuevo contrato NO. El contrato actual NO indica las actividades de "confianza", el nuevo SÍ (claro que sin sustento real). Así que ojo no nos confundamos. Ya le enviamos copia al Pdte. de la Unión para que haga las aclaraciones necesarias al diario.

Aquí lo pueden ver o descargar.

Oficio del Presidente de la UNTCIP al Director de Pemex.

Pubicamos el oficio que el presidente de la Unión Nacional  de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, Ing. Moisés Flores Salmerón, envió al Director de Pemex, Dr. Jesús Reyes Heroles de la Garza, donde solicita reunión Urgente para tratar el tema del Contrato Individual de Trabajo. Además invita a todos los trabajadores a no dejarse presionar y a no firmar el mencionado contrato.

Para descargar haz click aquí.

¡No podía faltar ya salió la primera Calavera del CIT!

Nos llegó por correo la Calavera del CIT, está divertida, bien hecha pero sobre todo muy acertada. Les ponemos la liga para que la descarguen. No ponemos los datos del autor porque no los tenemos pero si alguien sabe quién la hizo le damos los créditos.

Descargar aquí.

Rosendo Villareal Dávila, de mendigo a millonario (y a verdugo.)

Ramón Zorrilla Palacios


Hace apenas dos lustros Rosendo Villarreal Dávila estaba arruinado, y hace poco más de 15 años era incapaz de manejar adecuadamente una empresa propia o familiar, por lo que literalmente fue arrojado a la actividad pública por su parentela política encabezada por su cuñado, el magnate industrial Isidro López del Bosque.

Hoy, Villarreal Dávila es un hombre sumamente rico, y además cuenta con un poder político que le permite tener en sus manos el destino de miles de familias cuyos jefes son trabajadores sindicalizados y de confianza de Petróleos Mexicanos, paraestatal en la que el ex alcalde de Saltillo funge como director corporativo. Pero esa riqueza y ese poder se han visto permanentemente envueltos en escándalos y en señalamientos de corrupción.

En efecto, trabajadores de confianza de PEMEX difundieron, a través de la internet, tres documentos. El primero de ellos es básicamente una carta en la que se le solicita al personal de confianza de la paraestatal que firme el nuevo contrato a la brevedad; se dice en esta carta que no se pierden derechos laborales ni prestaciones, pero no se dice que al firmar este contrato los trabajadores de confianza quedan indefensos ante un posible despido injustificado.

El segundo documento es un oficio de Petróleos Mexicanos firmado por Rosendo Villarreal Dávila, “director corporativo y graduado en el Tec de Monterrey, además de ex senador, es alcalde de Saltillo y ex achichincle en la Secretaría de la Función Pública”. Esencialmente lo que dice es lo mismo: que no van a perder prestaciones y que lo firmen ya. El documento está fechado el 7 de septiembre de 2007, pero la carta más reciente pidiendo la firma del contrato es del primero de octubre; es decir, el personal de confianza no ha querido firmar, al parecer porque saben que “le están queriendo jugar chueco”.

El tercer documento incluye un análisis de este nuevo contrato que le quieren hacer firmar a los trabajadores de confianza de PEMEX. Fundamentalmente lo que ocurre es que en ese organismo se quiere que los trabajadores de confianza firmen un papel en el que aceptan definiciones específicas de lo que significa un “trabajador de confianza”. Y es que la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones pueden despedir a los empleados de confianza sin posibilidad de que los reinstalen en el puesto simplemente porque el patrón lo dice basado en un “motivo razonable”.

Pero, ¿qué es un motivo razonable? Pues lo que el patrón quiera consignar como tal; es decir, de lo que se trata es de darle a Petróleos Mexicanos la facilidad para que pueda despedir a los trabajadores de confianza quienes, casualmente, son los encargados de la fiscalización de la paraestatal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una amenaza velada a los trabajadores de confianza de que pueden ser despedidos si fiscalizan las irregularidades detectadas en la empresa, “principalmente con Hildebrando, Repsol y Hallburton, etcétera”. De eso se trata, y lo sabe bien el director Jesús Reyes Heroles.

“Desde luego, esto también sirve de pretexto para meter fiscalizadores a modo a PEMEX o para decir que como no hay personal de confianza, pues hay que licitar los puestos a empresas privadas, lo que en otras palabras quiere decir que se están dando los segundos o terceros pasos para privatizar una institución que tanto le ha costado a México”, agregaron los denunciantes.


SINDICALIZADOS POR MILITARES

Ya desde finales de 2006, se daba a conocer que Petróleos Mexicanos estudiaba una propuesta para sustituir por militares a 4,128 trabajadores sindicalizados que laboran en seguridad de la empresa, acusándolos (delitos inventados) de ladrones, borrachos, drogadictos, encubridores y cómplices de sus líderes sindicales.

Un informe de inteligencia de la gerencia de Servicios de Seguridad Física a la Dirección Corporativa, de la que es titular Rosendo Villarreal Dávila, llamado “Plan Operativo Relevo”, y clasificado como “secreto”, detalla la investigación exhaustiva en puestos de trabajo, movimientos del gremio en las calles y líderes de las diferentes secciones.

Contempla la sustitución por etapas de trabajadores sindicalizados de vigilancia debido a que “por su presunta ineficiencia y corrupción son altamente peligrosos para las instalaciones y valores de la empresa”. El informe de inteligencia, elaborado bajo el mando del general Víctor Manuel de la Peña, tiene como objetivo “herir de muerte” al sindicato, e inicia con la siguiente advertencia: “El control de los accesos a las instalaciones estratégicas está a cargo de personal sindicalizado, de quienes se destaca que sólo obedecen a sus líderes e ignoran en gran medida las órdenes de los jefes de quienes dependen e incurren cotidianamente en actos delictivos robos e inhabilitaciones por la ingerencia de bebidas alcohólicas y consumo de drogas, encubrimientos, complicidades, etc.)”.

La primera fase del plan iniciaría en 20 instalaciones de Guadalajara, 6 de Camargo, 7 de Cadereyta, 10 de Reynosa, 7 de Tampico, 15 de Salamanca, 4 de Poza Rica, 7 de Veracruz, 3 de Tula, 2 de San Martín Texmelucan, 10 de Ciudad del Carmen, 9 de Coatzacoalcos, 6 de Villahermosa, 5 de Salina Cruz y 4 del área metropolitana de la ciudad de México. El total de la primera fase serían 115 de 288 instalaciones de PEMEX.

La segunda fase serían 81 instalaciones y la tercera fase 92 en el total de 14 departamentos foráneos. El informe detalla las acciones a tomar: “La GSSF (Gerencia de Servicios de Seguridad Física) realizará en tres fases el relevo de los 4,128 vigilantes sindicalizados apostados en 288 instalaciones estratégicas, a partir de las 0600, día “D”, con 2,461 elementos de las fuerzas armadas y de esta gerencia, y en una segunda fase con personal capacitado de agentes de seguridad física llevará a cabo la total sustitución de las fuerzas armadas en todas las instalaciones estratégicas”.

No sorprenden las medidas hitlerianas de Rosendo Villarereal Dávila, pues como alcalde de Saltillo dispusto que toda aquella mujer que fuera sorprendida más allá de las once de la noche fuera de su domicilio, sería considerada de dudosa reputación, es decir, sería tratada como prostituta, así fuera a una farmacia por un medicamento para algún familiar enfermo o enseres y productos para su familia.

Villarreal Dávila también ha sido señalado en sonados casos de corrupción, como la irregular entrega de 1,724 millones de pesos al sindicato petrolero; un asunto de tráfico de influencia que encubrió a César Nava, actual secretario privado del presidente Calderón, y el favoritismo a empresas que tienen que ver con inversiones de la familia Bribiesca/Sahagún.


LA RIQUEZA DEL EX PRESIDENTE MUNICIPAL

Está sobradamente documentado que de 1990 a 1997, prácticamente todas las propiedades de Rosendo Villarreal Dávila estuvieron hipotecadas o embargadas, según consta en los archivos del Registro Público de la Propiedad. Además, el también ex senador litigaba con Banamex, Probursa y Bancomer, instituciones con las que empeñó diversas propiedades, incluida su residencia particular. Pero conforme acumuló puestos al amparo del Partido Acción Nacional, estos créditos fueron saldados con intereses moratorios, que triplicaron el adeudo original, según se puede corroborar en los diferentes libros del Registro Público de la Propiedad.

Actualmente, el director corporativo de PEMEX es propietario de la empresa “Transportes Villarreal Berlanga”, donde fungen como socios sus hijos Rosendo y Ernesto, en la cual cuenta con 60 concesiones federales para transporte de carga que se le otorgaron durante su desempeño como contralor interno de la Secodam. Recientemente, el municipio de Arteaga confirmó que los hermanos Villarreal Berlanga tramitaron un permiso para la instalación de una gasolinera sobre la carretera 57. El proyecto incluye además un amplio centro comercial y, en la parte trasera, un enorme patio para alb ergar docenas de tractocamiones.

A estos señalamientos debe sumarse la denuncia del ex diputado federal, Jesús González Schmall, en octubre de 2006, contra el general

Víctor Manuel de la Peña Cortés, gerente de Servicios de Seguridad Física de PEMEX (el mismo del “Plan Operativo Relevo”) y contra el propio Villarreal Dávila, ya que según su dicho, ambos utilizaron recursos de la paraestatal para espiarlo en el contexto de su participación en la primera comisión que indagó los negocios de los hermanos Bribiesca.

“Habrá que investigar ahora hasta donde la parte administrativa de PEMEX está escondiendo esos más de 6 mil quinientos millones de pesos que se tienen documentados producto de los contratos gestionados por los hijos de la ex primera dama del país”, añade Schmall.

La opinión de la mayor parte de los mexicanos está resultando cierta: PEMEX ha sido saqueado impunemente por la clase gobernante y pudiente del país, y aquellos que defendieron la nacionalización aportando sin recibir ningún beneficio, solamente han visto pasar las cosas en eso que constitucionalmente se dice es propiedad de todos los habitantes de México.

Rosendo Villarreal Dávila, senador de la república de 1994 a 2000, contralor interno de la Secodam de 200 0 a 2003, y desde este año funcionario de PEMEX, fue mencionado por el ex abogado general de la empresa, Juan Carlos Soriano, como el que autorizó el pago de más de 1,724 millones de pesos al sindicato petrolero de forma ilegal, pero no ha sido llamado a cuentas en alguna investigación. En contraparte, el ex director Raúl Muñoz Leos y el propio Soriano fueron inhabilitados por diez años y multados con 862 millones de pesos.

“Para entender el por qué de la impunidad con la que se conduce el respetabilísimo don Rosendo Villareral Dávila, hay que citar episodios de su carrera política. Fue el primer alcalde panista de Saltillo, donde en 11992 hipotecó el teatro García Carrillo y las viejas instalaciones de la fundidora Zincamex sin autorización del Congreso local, lo que dio motivo para que la Contaduría Mayor de Hacienda le fincara un juicio de responsabilidades, pero al llegar a la alcaldía su sobrino Manuel López Villarreal, el asunto fue zanjado mediante el pago correspondiente.


Cortesía del Semanario Primera Línea

Inconstitucional proyecto privatizador en Pemex

Ana Lilia Pérez

Las comisiones de Energía del Congreso de la Unión exigen al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, cancelar la licitación pública internacional 18575111-006-07, por la que se otorgaría a una empresa privada la operación y mantenimiento del sistema de ductos más importante del país.

El Poder Legislativo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión especial de la licitación pública internacional 18575111-006-07 para la operación de ductos, por considerarla anticonstitucional, violatoria de las leyes de Hidrocarburos, de Presupuesto, de Obra Pública y de Adquisiciones, y por poner en riesgo la soberanía nacional.

Desde hace varias semanas, en las oficinas corporativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habla de la sucesión de Jesús Reyes Heroles al frente de esa empresa petrolera del Estado. El motivo, dicen funcionarios de Pemex y fuentes del sector privado, es haber operado junto con legisladores priístas (Francisco Labastida Ochoa) posibles reformas constitucionales para privatizar algunas áreas petroleras, sin el conocimiento del presidente Felipe Calderón.

Al interior de Pemex es un secreto a voces la renuncia de Reyes Heroles entre integrantes del Consejo de Administración y directivos de las subsidiarias, algunos de los cuales han alertado del riesgo que significaría para el país que empresas privadas operen ductos petroleros.

Así, el revés que el Poder Legislativo da al primer proyecto de su gestión para abrir a la iniciativa privada sectores que constitucionalmente son exclusivos del Estado, es uno de los factores que podrían significar la salida de Reyes Heroles de la paraestatal.

A unos días de que Pemex adjudique el contrato para la operación y mantenimiento del Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (el más importante del país), la Comisión Permanente del Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal a que cancele la licitación pública internacional 18575111-006-07.

Además, por considerar que el proyecto viola diversos ordenamientos, el Senado citó a comparecer a la titular de Energía, Georgina Kessel Martínez; al todavía director de Pemex, Jesús Reyes Heroles; al director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, y a los funcionarios que participan en el proceso de licitación.

El Senado determinó que el proyecto impulsado por Reyes Heroles y diseñado por el subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, Luis Sergio Guaso Montoya, y por funcionarios de PEP –incluido su titular Carlos Morales–, viola la Constitución Política, el Reglamento a la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, mediante los que se otorga a PEP la facultad exclusiva para que directamente, sin la participación de terceros, realice el transporte y la distribución de hidrocarburos y gas.

El dictamen del Senado de la República, en el que se pide al Ejecutivo detener la licitación, argumenta que el dominio directo del Estado sobre el petróleo “no es para atender intereses particulares, sino públicos”, y que con la citada licitación se estaría entregando la enajenación del dominio sobre el manejo del petróleo y se perdería el control sobre la explotación del recurso.

“El dominio eminente del Estado consiste en la potestad soberana de éste sobre su territorio, y es un poder supremo sobre el territorio correspondiente, constituyendo así el poder de disponer directa e inmediatamente sobre la cosa objeto de aquel derecho; es por ello que el Estado, por conducto de Pemex, puede celebrar todo tipo de actos jurídicos, incluyendo los mercantiles que tengan por finalidad la explotación adecuada de ese recurso natural, para beneficio de la colectividad, siempre y cuando no enajene el dominio que de ellos tiene, ni pierda el control sobre la explotación del recurso.”

Sobre el financiamiento del contrato, en información enviada al Congreso, Carlos Morales Gil justificó que la mayor parte se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, dentro de los siguientes Pidiregas: Proyectos Cantarell, Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas, Integral Chic-Pidiregas, Integral Caan-Pidiregas, Integral Yaxche-Pidiregas, Integral Och-Uech y Kax-Pidiregas.

Sin embargo, el Senado documentó que la mayoría de los trabajos del contrato son de mantenimiento y no de inversiones productivas, requisito indispensable para que se aprobaran como Pidiregas, por lo que los legisladores presumen violaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al respecto, solicitaron a la recién creada Comisión de Investigación de Pidiregas de la Cámara de Diputados que revise la autorización de este proyecto.

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ordenará a la ASF a que realice una auditoría especial a dicha licitación. Los legisladores de las Comisiones de Energía de ambas cámaras solicitarán que la Secretaría de la Función Pública abra una investigación contra Jesús Reyes Heroles por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por supuestos conflicto de intereses y tráfico de influencias, y porque funcionarios de PEP participaron en el diseño de la licitación internacional.

De acuerdo con documentos internos de la paraestatal publicados por Contralínea en agosto pasado, además de Sergio Guaso y Carlos Morales, otros funcionarios involucrados en la licitación son el subdirector de PEP en la Región Sur, José Refugio Serrano Lozano; el gerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Carlos Hernández García; los coordinadores de Mantenimiento de Ductos, Eloy Pérez Baruch y Heliodoro Cigarroa Citalán; el coordinador de Seguridad Industrial, Rodolfo Velásquez López; y el especialista en Integridad de Ductos, Víctor Hernández Herrera.

Proyecto amañado

La privatización de ductos fue definida dentro del Modelo Suma (Contralínea, 54), delineado por un reducido grupo de funcionarios del sexenio foxista, encabezados por Luis Ramírez Corzo; el exdirector Corporativo de Operaciones, Marcos Ramírez Silva; y el entonces director de los polémicos Contratos de Servicios Múltiples, Luis Sergio Guaso Montoya, actual Subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, quien controla los proyectos Pidiregas de la paraestatal.

En el marco de este proyecto, el pasado 22 de mayo, PEP publicó las bases de la licitación 18575111-006-07 para adjudicar el denominado Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos y Gas, que comprende los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, el más importante en el proceso de producción de crudo por su longitud: mil 700 kilómetros; y por el volumen de petróleo que en él se transporta: 350 mil barriles diarios, dentro de los cuales se ubica el ciento por ciento del energético que llega a las seis refinerías del país para la producción de gasolina.

La licitación fue etiquetada en el rubro: “Aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto”. Se trata del primero de los cuatro contratos mediante los cuales se cederá la operación de los ductos por los cuales se transporta, distribuye y comercializa todo el crudo que sale de la Sonda de Campeche (49.2 por ciento de la producción nacional); el 70.2 por ciento de la producción de gas; y el 94 por ciento de condensados. Su operación y mantenimiento es considerada estratégica para la seguridad energética del país.

En agosto pasado, Contralínea reveló el nombre de las 13 compañías que se disputan el contrato, estimado en más de mil millones de dólares; entre ellas se ubicó a la texana Mexssub, para la cual, según publicó La Jornada el pasado 21 de septiembre, Reyes Heroles habría cabildeado ante Ramírez Corzo y Carlos Morales Gil, en septiembre de 2005, para “definir un esquema de mantenimiento integral de corredores de ductos de la petrolera estatal”.

En un análisis de la licitación pública, elaborado por las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, se denuncia que las bases de licitación no cumplen de ninguna manera con la normativa al respecto y que si los funcionarios de PEP llevan adelante el proceso y determinan que hubo un ganador del contrato, “sólo será porque arbitrariamente así lo determinen los servidores públicos a cargo del proceso de licitación y no porque tales propuestas hayan cumplido estrictamente con lo dispuesto por la Ley en la materia y su Reglamento”.

El documento señala que aunque supuestamente el contrato está etiquetado en el rubro de obra pública, la licitación está hecha a modo para que la gane una empresa especialista en el negocio de Petróleo y Gas, así como lo relativo a servicios –contrario a la Ley–, pero, además, la única empresa que podría acreditar los requisitos es, precisamente, Mexicana de Servicios Subacuáticos (Mexssub International, Inc.), establecida en 1982 en Houston, Texas, como una corporación encargada de dar servicios de reparación a estaciones subacuáticas de las industria del gas y el petróleo.

El senador Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado, asegura que, además de anticonstitucional, la licitación supone el tráfico de influencias de Reyes Heroles, quien como consultor privado recomendó a su predecesor, Mexsub, empresa que actualmente se disputa el contrato.

El legislador perredista, quien propuso el Punto de Acuerdo para frenar la licitación de ductos, explica:

“Lo que nos lleva a la sospecha y habla de la parcialidad o de un tráfico de influencias de la dirección es lo siguiente: estamos ante una situación donde no sabemos dónde termina el consultor privado y dónde comienza el director de Pemex.”

En este tenor –señala el senador– “lo más prudente es que Reyes Heroles cancele la licitación, y que así se arreglen las cosas, para no tener que recurrir a otras instancias, porque este proyecto definitivamente es anticonstitucional. Se pueden contratar los trabajos de mantenimiento, pero la operación de los ductos no, eso es ilegal”.

Fuentes de Pemex indican que, pese al pronunciamiento del Senado, la paraestatal sigue adelante con el proceso de licitación. El acta de la octava y última reunión de aclaraciones de PEP con los licitantes, efectuada el pasado 27 de septiembre en las oficinas del edificio Pirámide, en Villahermosa, Tabasco, indica que, acorde con la última prórroga para la asignación inicial del fallo, el próximo 24 de octubre se dará apertura a las propuestas económicas, el 31 de octubre el fallo y el 30 de noviembre la firma de contrato, cuyo inicio está programado para noviembre de 2008.

Legisladores que integran las comisiones de energía en ambas cámaras adelantan que si la paraestatal adjudica el contrato, presentarán una denuncia contra su titular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se evalúe la inconstitucionalidad del proyecto.


Las irregularidades

Cuando Pemex hizo pública la licitación 18575111-006-07, las comisiones de Energía del Congreso de la Unión crearon grupos de trabajo de expertos en materia energética y abogados, quienes han hecho diversas revisiones al proceso mediante el que Reyes Heroles plantea entregar el sistema de ductos más importante del país a una empresa privada. El resultado de todo este análisis derivó en el rechazo del Legislativo al proyecto.

De su evaluación a la licitación, el Legislativo concluye que es ilegal dejar que terceros participen en la operación “de tan estratégico sistema de transporte de hidrocarburos, cuya función es el inicio del transporte del crudo para las refinerías donde se producen las gasolinas del país”, porque ello “vulnera aspectos de seguridad nacional”.

En los alcances de las bases de licitación, se detectó que “de forma irregular, los funcionarios de Pemex encargados de diseñar las bases simulan un contrato de obra pública, para permitir a la contratista intervenir directa e indirectamente en funciones de operación exclusivas de PEP”.

Entre las atribuciones que irregularmente tendría la contratista, se enumera:

“La asesoría técnica a la operación y mantenimiento que realizará el contratista”, cosa que invade las funciones de operación y planeación exclusivas del organismo subsidiario.

La contratista, contrario a la ley, realizaría “la planeación y evaluación de los programas anuales de trabajo para cada uno de los próximos 10 años, a partir de 2008”. Éstas son funciones exclusivas de las áreas de operación y planeación de PEP, en donde normalmente no se contratan servicios para que terceros realicen las funciones de su competencia en la operación del sistema de ductos.

En violación al artículo 27 constitucional, a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Orgánica de Pemex, la contratista dirigiría y administraría la ejecución de los trabajos, en las áreas de operación, planeación, mantenimiento y finanzas, que por ley competen a PEP.


Opacidad

El análisis del Legislativo explica que, en el esquema de licitación de ductos, los funcionarios de la paraestatal han incurrido en “una gran opacidad” en el manejo de la planeación, presupuestación, autorización, aplicación y rendición de cuentas de los recursos del Presupuesto de Egresos y de diversos Pidiregas, pues, según informó Carlos Morales al Senado, aún no se tiene claro el porcentaje del contrato que se pagará con recursos autorizados vía Pidiregas, ni el porcentaje que se pagará con dinero del presupuesto de egresos.

La opacidad de dicha información se atribuye a que ni los funcionarios de la paraestatal tienen claro los alcances del contrato, porque está justificado como un contrato de obra pública a precios unitarios, que en cualquier momento puede tener ampliaciones y ajustes de costos.

La licitación indica que la empresa ganadora solicitará durante diez años presupuesto a la paraestatal para ejecutar sus Programas Anuales de Trabajo, y que PEP lo solicitará a su vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las atribuciones que irregularmente se dan a la contratista en dicha licitación y que suponen violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, son las de subcontratar hasta el 95 por ciento de los trabajos, salvo la asesoría, la administración del contrato y la administración de la ejecución de los trabajos, que representan el 5 por ciento del contrato. Según cálculos del titular de PEP, la contratista podría manejar unas 44 subcontratistas, sin que la subsidiaria las revise.

Por ello, agrega el documento, “si lo anterior fuera poco, el desarrollo de actividades del contratista en la operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos tiene implícito la transferencia de conocimientos de PEP al contratista, para que, en el curso de los años, el conocimiento pleno para operar el sistema esté del lado del contratista y se continúe desmantelando el acervo y experiencia de técnicos y obreros de Pemex”.

Más aún, en este esquema de contratación, se establece un Grupo Directivo que estaría integrado por tres representantes de PEP (incluido su titular) y otros tres de la compañía, con la misma calidad de voto; si existiera alguna diferencia entre ambas partes, estas deberán discutirse en la Corte Internacional de París, donde usualmente Pemex ha perdido los juicios.

Integrantes del Comité Nacional de Energía, quienes han estado presentes en las reuniones de los funcionarios de PEP con las empresas que se disputan el contrato (en el edificio Pirámide de Villahermosa, Tabasco), explican que el proceso rompe con todas las normas de una licitación pública, y que prácticamente ha sido “como una subasta pública, porque ni los mismos licitantes saben cómo estimar sus propuestas económicas por los miles de conceptos que no se están considerando”.

Citan, por ejemplo, que, según las bases de licitación, la contratista deberá obtener por su cuenta todos los permisos y derechos de vía en las zonas de obra, que incluyen ejidos, zonas habitacionales, industriales, entre otras, sin que la paraestatal intervenga en dicho proceso, pero, según los integrantes del Comité Nacional de la Energía, ni los mismos contratistas saben lo que pagarán por cada permiso.

Para hablar sobre la denuncia de inconstitucionalidad e irregularidades documentadas por el Legislativo en el proyecto de ductos, se solicitó una entrevista con el director de Pemex y con el titular de PEP, ninguno de los dos respondió.


Revista Contralínea

México

Fecha de publicación: Octubre 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 89

Impone Pemex nuevo contrato a su personal de confianza

La Jornada. Martes 23 de octubre 2007 - Economía

Impone Pemex nuevo contrato a su personal de confianza

Israel Rodríguez

Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó de manera unilateral fijar un nuevo modelo de contrato individual de trabajo para el personal de confianza de la paraestatal y organismos subsidiarios, para dar mayor certidumbre jurídica a la empresa y a los trabajadores, justificó la petrolera.

Sin embargo, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP) denunció que el nuevo contrato individual de trabajo elimina prestaciones, derechos y otras conquistas laborales.

Moisés Flores Salmerón, presidente de la UNTCIP, informó que unos 32 mil trabajadores de confianza podrían resultar afectados si firman el nuevo contrato laboral propuesto por las autoridades.

Advirtió que con la firma del Contrato Individual de Trabajo, propuesto por la petrolera, “se está abriendo la posibilidad en Pemex, de que los nuevos trabajadores de confianza sean suplidos por empleados de compañías privadas (servicios de out sourcing), que no formarían parte de la empresa, con lo cual se abriría de manera formal la privatización de Pemex”.

Un oficio de la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos, del 7 de septiembre, con el número 779, se da cuenta de que se han iniciado las gestiones para el nuevo formato de Contrato Individual de Trabajo para Personal del Régimen de Confianza de Petróleos Mexicanos.

En una carta de la UNTCIP dirigida al director general, Jesús Reyes Heroles, del 8 de octubre, los trabajadores señalan que el “nuevo contrato” presenta inconsistencias y omisiones que crean incertidumbre jurídica, al no reconocer la antigüedad, el pago de prestaciones a las que tienen derecho como tiempo extraordinario, tiempo extra adicional, bono de compensación e incentivo al desempeño, incumpliendo, incluso, con lo establecido en el Reglamento de Trabajo para el personal de confianza.

¿Quiénes somos?

La Coordinación de Trabajadores por la Defensa de Petroleos Mexicanos, nace el 15 de septiembre de 1995 como una respuesta de los trabajadores tecnicos y profesionistas para evitar la privatización de Pemex Petroquimica, esta última decisión tomada por el gobierno neoliberal mexicano, y que continúa hasta la fecha.

La organización esta conformada principalmente por trabajadores de los complejos petroquímicos Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos. Todos estos complejos ubicados en el sureste del estado de Veracruz, en la region Coatzacoalcos - Minatitlán.