Juan Carlos Sánchez Magallán
05-ago-2009
Desde 1980 el petróleo ha sido el sustento económico del país; en los dos últimos sexenios se ha tratado de un botín. Las informaciones de prensa confirman la pérdida de 25 mil 800 mil millones de pesos en el primer semestre del año. Es paradójico: en otros países productores de petróleo constituye una riqueza y, en el nuestro, un gigantesco quebranto.
Empecemos por los últimos estruendosos errores. Indecisión, inseguridad o, lo despreciable, ganas de hacerse de las simpatías de los gobernadores, el primer paso fue convocar a una decena de estados a "competir" por el privilegio de una refinería.
El autor o autores de idea tan absurda viven en otro país. Cerraron los ojos
y los oídos y se permitieron ignorar las verdaderas condiciones de la tenencia de la tierra. La totalidad de las localidades con un mínimo de cien mil habitantes están rodeadas de ejidos o comunidades indígenas, sinónimo de suelo fuera de comercio.
Desde 1992, la Ley Agraria permite la enajenación de los bienes ejidales, previos los siguientes pasos: convocar a la asamblea (30 días), solicitar el registro del acta de la asamblea al Registro Agrario Nacional (cuatro días), canjear el certificado de derechos parcelarios por el título de propiedad (cuatro días), inscribir el predio en el Catastro Municipal (dos días), otificar al comisariado ejidal la intención de venta ante dos testigos o un fedatario público (dos días); luego pueden invocar el derecho al tanto, es decir, quienes tienen preferencia para adquirir la tierra: los familiares del enajenante, quienes hayan trabajado la parcela más de un año, los de más ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población en general. En suma, un mínimo de 42 días hábiles. Suponiendo, en el más utópico de los casos, velocidad extrema en cada predio.
Después de asomarnos a la forma, queda el fondo. La genuina intención fue pasarles por las narices a los gobernadores la zanahoria de los millones, con el esperado efecto de dividirlos y hacerlos pelear entre sí. Fue en el momento preelectoral, aunque la secuela resultara un desastre para el partido en el poder.
La siguiente doble incógnita es: ¿cómo asumirá las pérdidas el estado "perdedor"?, ¿después de haber convertido ejidos en latifundios, regresarán el suelo a sus dueños? ¿Procederá la figura jurídica de la reversión?
Excélsior ha dado cabal y oportuna cuenta del vertiginoso descenso económico de Pemex durante las semanas de junio y julio pasados. Es la noticia de más calado, más adversa a la mayoría social y hasta para los empresarios, en lucha contra la amenaza de la quiebra. Lo evidente es la inexistencia de la refinería.
Luego, algo rayano en lo inadmisible: la organización de una vasta red paralela a Pemex, dedicada al robo organizado del petróleo y a su respectiva venta. Se afirma haber encontrado 397 ordeñas, esto es, puntos donde se substrae el producto, para distribuirlo y comerciarlo. El tamaño del delito hizo a las autoridades intervenir oficinas en la administración ubicada en los edificios centrales. Y ya se olvidó que quien fue secretario de Seguridad Pública federal en la administración de Fox, Alejandro Gertz Manero, instrumentó sendos operativos para desterrar este lastre de Pemex. ¿Qué pasó ahí con el ahora flamante diputado federal de Convergencia?
¡Ah!, faltaba el coronamiento de semejante hazaña. En boca de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, se afirmó que "Pemex está indefenso ante el robo". Mujer tan ocupada no ha leído los discursos de su jefe, pronunciados en defensa de la responsabilidad del Estado ante la delincuencia, a la que tiene muy agobiada con las persecuciones de la policía, el Ejército y la Armada. Tampoco está consciente de los deberes de un funcionario: por ley, cuidar los bienes que se le confían. ¡Cómo se exhiben!
El conjunto de las acciones políticas, técnicas y financieras de la actual
administración, resulta desastroso y es bien calificado con tres palabras:
infame, injusto y perverso. Se trata de una abierta reversión al significado
conceptual y económico de república. Se imponen los cambios.
Petróleos Mexicanos es patrimonio común de la nación. Nadie puede permanecer indiferente.
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