Sueños privatistas y realidad presupuestal
Antonio Gershenson - La Jornada 30-08-09
La secretaria de Energía y el director general de Pemex hicieron
declaraciones. Dijeron que se debían hacer nuevas modificaciones legales para
permitir la inversión privada en la industria petrolera. En vez de hacer su
trabajo (en el cual han mostrado, por lo menos, tortuguismo; a ver cuántas veces
más retrasan la "nueva refinería”") se dedican a añorar un pasado que
definitivamente ya pasó.El año pasado quisieron, como parte de las reformas
legales a Pemex, privatizar las nuevas refinerías y otras áreas. No pudieron.
Siguen haciendo la lucha por privatizar lo que puedan, aun al margen de la ley.
Y ahora, después de perder las elecciones intermedias, el PAN tiene menos
diputados de lo que ya el año pasado era una minoría.Pero sí hay una realidad.
Parte de ella es el presupuesto para 2010. En la primera mitad de septiembre
próximo el gobierno federal deberá enviar a la nueva Cámara de Diputados el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Parte del mismo, obviamente, será el de
Pemex y el de las empresas estatales eléctricas. Y eso sí tendrá que resolverse,
aproximadamente, en dos meses.Lo primero que debería discutirse y resolverse es
qué tan obligatorio es el presupuesto. ¿De qué sirve un presupuesto muy bien
hechecito si no se va a cumplir? ¿Y si Hacienda va a retener el presupuesto con
uno u otro pretextos?Ahora Hacienda tiene menos poderes sobre Pemex, pero los
funcionarios de esta entidad tampoco deben tener el poder de usar o retener
arbitrariamente el presupuesto. Y esos niveles de obligatoriedad deben estar
también en la nueva legislación.Un elemento que ya tiene antecedentes es la
definición de proyectos estratégicos. Éstos serían intocables por la burocracia.
Y no sólo lo deben ser en la cantidad, sino en la oportunidad; o sea, en el
calendario de las inversiones y otros gastos.Ya en el contenido del presupuesto,
en el caso de Pemex uno de los elementos importantes es la distribución
geográfica del gasto. Hemos visto el derroche, no sólo en el ejercicio del gasto
sino en la planeación de las inversiones futuras, con las aguas profundas y con
Chicontepec. En el primer caso, no hay ni habrá, por lo menos de aquí a 2015,
ninguna producción. En Chicontepec la producción es el uno por ciento de la
nacional, pero su presupuesto es 20 por ciento del total, e incluso más. Puro
contratismo, puro negocio.Hay indicios de posibles cambios parciales, los cuales
deben ser tomados como punto de apoyo para modificaciones más profundas.
Información de la dirección corporativa de finanzas de Pemex enviada a la Bolsa
Mexicana de Valores indica más presupuesto a cuencas petroleras ya conocidas.El
nuevo coordinador de la diputación del PRI y presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara, el 6 de marzo de 2008 se opuso a la tesis
oficial de que "“la salvación está en las aguas profundas y en las alianzas
estratégicas”"; mostró con cifras que los costos en esas zonas son varias veces
superiores a los de aguas de poca profundidad, y sostuvo que "“la estrategia en
la exploración y producción debe ser integral, pero con prioridad a lo ya
conocido y menos riesgoso”".Ya hemos mencionado casos recientes, en tierras de
Tabasco y en aguas poco profundas frente a este estado y su vecindad, de
perforaciones con mucho éxito –a pesar de ser muy pocas en comparación– al grado
de que el mejor de esos pozos del sureste produjo inicialmente, hace unos meses,
lo mismo que el promedio de 222 pozos de Chicontepec en 2008. Y cuando decimos
muy pocas perforaciones es que en la región marina suroeste hubo, entre 2001 y
2008 inclusive, 70 pozos de desarrollo terminados. En la región norte, en la que
los pozos son principalmente de Burgos y Chicontepec, estas perforaciones, en
esos mismos años, fueron 3 mil 712. Y en el presupuesto del año en curso se
proyectan, para 2009–2023, 17 mil 356 pozos de desarrollo en esta última zona…
aunque su producción actual, real, sea despreciable.
lunes, 31 de agosto de 2009
Sueños privatistas y realidad presupuestal
martes, 25 de agosto de 2009
Pemex regresa a tierra.
Pemex regresa a tierra
La paraestatal busca amarrar compromisos financieros con empresas contratistas y proveedoras por más de un billón 700 mil millones de pesos
Noé Cruz Serrano
El Universal
Lunes 24 de agosto de 2009
noe.cruz@eluniversal.com.mx
El gobierno federal dio un giro importante en su estrategia de buscar y extraer petróleo y gas de las principales cuencas productoras. Luego de empujar por casi nueve años la explotación del “tesoro” en aguas profundas del golfo de México, decidió, por el momento, intensificar sus trabajos en tierra y seguir explotando recursos a bajas profundidades que le garanticen el abasto de energéticos al país para los próximos 10 años.
Información de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex enviada a la Bolsa Mexicana de Valores revela que la paraestatal buscará amarrar compromisos financieros con empresas contratistas y proveedoras por más de un billón 700 mil millones de pesos para proyectos petroleros que se localizan en cuencas productoras conocidas, antes de que concluya la presente administración.
Definición de proyectos estratégicos
Para ello, el renovado Consejo de Administración de la petrolera definió una cartera de proyectos “base” de donde espera obtener el petróleo y el gas necesario para cubrir las necesidades del mercado interno.
Para aguas profundas, Pemex invertirá acorde con la disponibilidad financiera y de equipos en el mercado mundial, así como de su capacidad de ejecución, de ahí que el primer campo productor de gas descubierto en 2006 a una profundidad de 988 metros, Lakach, dispondrá de 17 mil millones de pesos entre 2011 y 2025.
En la cartera de proyectos, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, destaca el hecho de que Pemex se va a la segura y concentrará esfuerzos, recursos económicos, tecnológicos y humanos en Chicontepec, Burgos, Crudo Ligero Marino y Proyecto Estratégico de Gas donde espera gastar un billón 400 mil millones de pesos en los próximos años.
El ambicioso proyecto de salir a buscar y extraer crudo y gas a profundidades mayores a 500 metros en una extensa superficie de 575 mil kilómetros cuadrados en aguas territoriales mexicanas del golfo de México y que surgió durante el sexenio de Vicente Fox, parece que irá a un ritmo lento.
Los argumentos que motivaron un amplio despliegue publicitario, que inició con un spot cuya autoría negó en principio Pemex; un debate público que duró semanas; así como una reforma petrolera, se centraron en que el petróleo fácil y barato de extraer está en fase de declinación y que aún en el supuesto de que todos los proyectos de Pemex en tierra y aguas someras tengan una ejecución exitosa, “la producción sería insuficiente para mantener los niveles actuales de producción de 3 millones de barriles diarios”.
En esa zona, llegó a comentar el presidente Felipe Calderón, “existen los recursos potenciales que permitirían reponer las reservas necesarias para garantizar los beneficios del petróleo a las nuevas generaciones”.
El ex director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, consideró en su momento que en aguas profundas “se podrían encontrar numerosos campos y enormes recursos potenciales de hidrocarburos calculados en 29 mil millones de barriles de crudo equivalente”, más del doble de las reservas probadas actuales.
Pemex y el gobierno llegaron a considerar la importancia de acelerar los trabajos a profundidades mayores a 500 metros para explotar esa riqueza y para hacer frente a los yacimientos en declinación.
En los últimos cuatro años Pemex perforó cinco pozos en el golfo de México con profundidades de entre 500 y mil metros (Chukta-201, Nab-1, Noxal-1, Lakach1, Lalai-1 y Tamil). Ninguno de ellos ha sido desarrollado, por lo que en ninguno hay producción. Incluso, el proyecto Lakach, uno de los más prometedores, enfrenta problemas derivados de la falta de equipos a nivel mundial.
Funcionarios de Pemex dijeron que no han podido explotar los recursos en aguas profundas como se requiere, pero la empresa trabaja en la formulación de un plan para acelerar la exploración en el golfo de México con la participación de compañías nacionales e internacionales, mediante contratos bajo un esquema en el que las reservas encontradas pertenecerán a México.
“Estamos conscientes en México de que las aguas profundas son algo que necesitamos atacar rápido y en una forma eficiente”, por lo que se planea lanzar las licitaciones públicas este verano y entregar los contratos a finales de 2009 o principios de 2010, según comentaron funcionarios de Pemex.
Por lo pronto, el programa de perforación de pozos exploratorios para este año contempla la terminación de cuatro: Catamat 1, Etbakel 1, Lakcah 2D y Tamha 1. “Para el año 2010, se estará en una etapa de definición”.
Vinicio Suro Pérez, subdirector de Planeación y Evaluación de Pemex Exploración y Producción (PEP) informó que la primera producción de crudo que se espera en aguas profundas del golfo de México para la próxima década será de 20 mil barriles diarios en 2015, y de 249 mil barriles en 2020.
Cuatro acciones prioritarias
Los esfuerzos de Pemex se centran en cuatro proyectos (la mayoría en tierra) para expandir la capacidad petrolera, según detalla la cartera “base” de proyectos relevantes revisados por el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, en julio pasado: Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), con 29 campos, y que su explotación fue dividido en ocho sectores en cuyo lugar se pretenden perforar 19 mil 181 pozos entre 2010 y 2027 para recuperar 2 mil 804 millones de barriles de aceite y 3 mil 365 millones de pies cúbicos de gas natural.
La inversión para Chicontepec entre 2009 y 2023 será de 574 mil millones de pesos.
El Proyecto Estratégico de Gas demandará entre 2010 y 2023 unos 431 mil millones de pesos, para desarrollar un plan integral para acelerar la recuperación de un volumen acumulado de mil 162 millones de barriles de aceite y 7 mil 325 millones de pies cúbicos de gas asociado en ese periodo.
El tercer proyecto es Burgos, que para el lapso 2010-2027 considera la perforación de mil 559 pozos para recuperar alrededor de 7 mil 279 millones de pies cúbicos de gas en el mismo periodo, mediante una inversión de 257 mil millones de pesos.
En el proyecto Crudo Marino Ligero se requiere invertir 187 mil millones de pesos, mientras que en los campos de producción petrolera y de gas A. J. Bermúdez, Juj-Tecominoacán, Veracruz, Caan, Bellota Chincorro, Arenque, El Golpe-Puerto Ceiba, Lankahuasa, Cárdenas, se absorberán 334 mil millones de pesos entre 2010 y 2023.
miércoles, 12 de agosto de 2009
La mafia de Villareal y López Huesca
"De Políticas"
Federico Lagunes
"La mafia" de Villarreal y López Huesca
Es en verdad muy interesante cómo las "mafias" se agrupan al interior de Pemex para lograr el "poder absoluto". El día de ayer les dije que el maestro Miguel Badillo había escrito un artículo periodístico donde da a conocer el verdadero perfil de Rosendo Villarreal, director corporativo de Administración de Pemex. Pero también, ahí en la columna política "Oficio de Papel" queda registrado el nombre de Agustín López Huesca como un ser humano que está metido en el área de los "Vitos Corleone".
El periodista Miguel Badillo en su columna "Oficio de Papel" señala lo siguiente:
En las últimas semanas se ha recrudecido la lucha política y la guerra sucia por el control de Petróleos Mexicanos. Antes de que Felipe Calderón llegue a la mitad de su gobierno, panistas y priistas se disputan ferozmente a la principal empresa del Estado.
Los panistas están representados por Rosendo Villarreal Dávila, director corporativo de Administración y quien ha adquirido un enorme poder con el apoyo de Los Pinos; los priistas se identifican con el director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles. Pero ninguno de los dos poderosos grupos planean sanear y mejorar la empresa, mucho menos piensan combatir la corrupción que corroe toda su estructura. Su objetivo es apoderarse del botín en que se ha convertido el crudo que corre por las venas de la empresa petrolera.
Tras nueve años en el poder, el PAN no ha podido ni ha querido erradicar las viejas prácticas corruptas que prometió combatir cuando Vicente Fox asumió el poder. En cambio, ya empieza a desarrollar a sus propios dinosaurios. Uno de ellos es Rosendo Villarreal Dávila, quien desde la posición estratégica que mantiene en la empresa, controla las fuerzas de inteligencia creadas en Pemex y que son utilizadas para hacer "trabajitos" paralelos que permiten ayudar a los objetivos políticos de los sectores radicales de su partido.
Villarreal coordina los recursos humanos de la organización y, a través de la Gerencia de Telecomunicaciones, tiene la capacidad técnica para intervenir teléfonos de todo Pemex y sus directivos; vigilar y espiar por vía satélite a funcionarios y directivos del grupo opositor; acceder a correos electrónicos de toda la empresa, y presionar la asignación de contratos sólo con el poder de su firma. Todas esas viejas prácticas que el priismo conoce muy bien.
Además, los vínculos y las relaciones que estableció Villarreal cuando se desempeñó como funcionario de lo que ahora se conoce como Secretaría de la Función Pública, le permiten encubrir errores y tropelías de sus aliados y exhibir y detonar investigaciones contra sus enemigos, de quienes ya hay denuncias en Función Pública.
Con estos instrumentos de vigilancia y espionaje, al más puro estilo del Cisen, sólo que mejor estructurado y organizado que el órgano de máxima vigilancia del Estado, se pretende controlar y después disminuir la presencia del equipo de Reyes Heroles, a quien un sector del PRI califica de traidor por haber apoyado a Felipe Calderón en la contienda presidencial de 2006, mientras que el PAN lo acusa de ser priista infiltrado en el gabinete y pasar información al grupo opositor.
Mediante presiones y amenazas, Rosendo Villarreal busca la destitución de Reyes Heroles y que llegue un "panista fiel" a la Dirección General de la paraestatal. Uno de los propuestos para sustituir a Reyes Heroles es el senador Juan Bueno Torio, quien durante el sexenio foxista fue director general de una de las subsidiarias petroleras (Refinación), para desde allí operar con los métodos tradicionales que permitían "pagar" deudas de campaña y beneficiar a los aliados políticos. En columnas políticas y comentarios radiofónicos se habla ya de la renuncia de Reyes Heroles. Ese fuego en medios contra el director de Pemex es promovido desde la Dirección Corporativa de Administración.
Otro de los factores de la disputa coyuntural obedece a que el director general presentó un estatuto orgánico a la consideración del nuevo Consejo de Administración de Pemex, en el contexto de la reforma energética aprobada por el Congreso en octubre de 2008. Dicha propuesta planteó consolidar ciertas funciones en la Dirección Corporativa de Operaciones, a cargo de Raúl Livas, un incondicional de Reyes Heroles.
En respuesta, Villarreal pretende acaparar más funciones de las que tiene, como las tecnologías de información y suministros. En esta lucha por apoderarse del control de las áreas estratégicas de la empresa, el director corporativo y sus aliados panistas iniciaron un fuerte ataque contra Reyes Heroles y su equipo, aprovechando la coyuntura para tratar de eliminar a un contrincante que no es adecuado para los propósitos electorales del grupo panista en las postrimerías del proceso electoral de 2009, pero sobre todo en preparación para la pugna electoral de 2012.
Frente a esta ofensiva mediática, la organización petrolera espera la decisión del presidente Calderón: ratifica la apuesta por un equipo técnico que no ha sabido manejarse en un mar de intereses económicos y políticos o entrega a su partido la gestión de la empresa para que las cuentas se ajusten como siempre, dinero a cambio de favores políticos y anteponiendo intereses grupales y particulares a los de la nación.
Grupo radical panista en Pemex
Rosendo Villarreal, representante del grupo radical panista que está en el centro de esta ofensiva contra Reyes Heroles, tiene sus raíces en el periodo que fungió como contralor interno de la Secretaría de la Contraloría, entre 2000 y 2003. Para agosto y octubre de ese último año, un grupo de contralores internos descubrió un supuesto caso de prevaricato que involucraba a Juan Agustín López Huesca, quien había sido designado abogado de Pemex Petroquímica.
La defensa inadecuada del caso le habría costado a la paraestatal 241 millones de pesos, que fueron a parar al municipio de Coatzacoalcos, que a su vez usó parte de esos recursos para impulsar el proyecto de un túnel en el que participaba Emilio Baños, hermano del líder del MURO y panista furibundo.
Villarreal jugó un papel clave en el "congelamiento" de este caso desde su posición como contralor interno de la SFP. El auditor Marco Antonio Díaz, responsable de la investigación, fue despedido por falsas acusaciones de "acoso sexual" en contra de dos pasantes contratadas por el contralor de Pemex Petroquímica, Felipe Barragán y Juan Carlos Ramos Garibay.
Posteriormente, las pasantes reconocieron que habían sido instigadas por este último a presentar la denuncia, pero el tribunal determinó que las declaraciones habían sido infundadas; Marco Antonio Díaz quedó libre y la investigación fue archivada en la Secretaría.
Ese esfuerzo de Villarreal quedó compensado en 2005, cuando fue designado director corporativo de Administración en Pemex. Su nombramiento movió el escándalo de la Secretaría de la Función Pública a Petróleos Mexicanos. Su primera acción fue nombrar a su sobrino Gerardo Lozano Montemayor en la Gerencia de Recursos Materiales, el área compradora del corporativo y desde donde se pueden hacer muchos negocios.
De acuerdo con la denuncia DE/ 024 / 2005 / NA / 041, Villarreal participó directamente en la contratación de su sobrino. El expediente en Función Pública confirma que se acreditó el parentesco entre Villarreal Dávila y Lozano Montemayor; que el funcionario intervino de forma directa en la contratación y se acreditó el impedimento legal de la relación laboral por contravenir la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pese a que el nepotismo es una falta grave que debe ser sancionada con la inhabilitación del funcionario, los contactos de Villarreal en la Secretaría permitieron "congelar" el caso y reescribir a su pariente a la DCIDP, en donde labora actualmente.
LAS ANDANZAS DE ROSENDO
Villarreal se estrenó a lo grande en la resolución del controvertido caso del convenio 10275 que había suscrito Raúl Muñoz Leos con el sindicato petrolero. La campaña de combate a los "peces gordos" se había empañado en la administración panista por un embrollo de magnitudes mayores al Pemexgate de Rogelio Montemayor.
Muñoz Leos había autorizado un acuerdo con el sindicato por más de 7 mil 700 millones de pesos, que implicaban pagos a dicho gremio por más de 4 mil 600 millones. Si bien lo que finalmente provocó su destitución fue la revelación de una cirugía estética de su esposa, el antecedente más gravoso habían sido los favores que otorgaba a los hermanos Bribiesca Sahagún desde la Dirección General de Pemex, así como este acuerdo que ubicaba muy mal a la administración de Vicente Fox en el supuesto combate a la corrupción.
El gobierno estaba en una encrucijada. Pues si bien el acuerdo con el sindicato no era correcto desde una perspectiva presupuestaria, por lo que los recursos no se podían erogar, sí lo era desde una perspectiva laboral, pues la firma del director comprometía a la empresa frente a la organización sindical y la asignación de recursos era una exoneración de facto al sindicato por el Pemexgate de 2000.
Rosendo Villarreal, experto en prácticas que su partido pretendía erradicar, llega a un acuerdo en el que en lugar de entregarle al sindicato 4 mil 200 millones de pesos para vivienda, reduce la cantidad a "tan sólo" mil 865 millones, lo que significaba una real recuperación de casi 2 mil 400 millones.
Esto le permite a Villarreal posicionarse mejor al interior de la empresa petrolera y fortalece su relación con los altos círculos del poder panista. A finales de la administración de Vicente Fox, el director corporativo de Administración pone al servicio de la esposa del presidente, Martha Sahagún, las fuerzas de inteligencia de Pemex para investigar a Jesús González Schmal.
En documentación que ha sido expuesta al público se consigna cómo la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, cuyo titular es el general Víctor Manuel de la Peña Cortés –bajo el mando de Rosendo Villarreal-, investigó al entonces diputado federal González Schmal, quien en ese momento tenía la encomienda del Congreso de investigar los delitos cometidos por los hermanos Bribiesca, hijos de la esposa del presidente.
Otros panistas vinculados a Villarreal en esta saga, son César Nava, ex candidato particular de Felipe Calderón y actual candidato a la dirigencia nacional de ese partido; el polémico senador Juan Bueno Torio, este último fue director de Pemex Refinación; Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Distribución y Reparto, y Oswaldo Machado, gerente de Transporte Terrestre.
Pero la influencia de Rosendo Villarreal va en aumento en el gobierno calderonista. López Huesca, quien recibe "protección" y mantiene su puesto como gerente de Filiales en la Subdirección Comercial de Pemex Refinación, le paga un viejo favor a Villarreal por "congelar" el caso de prevaricato en su contra, al otorgarle a sus hijos franquicias para la instalación de gasolineras en Coahuila.
El asunto saltó a la atención de la alta dirección de Pemex por la necesidad de reportar actividades mercantiles que puedan representar un conflicto de interés en la Forma 20-F, que Pemex debe enviar cada año a la Securities & Exchange Comisión de los Estados Unidos.
Es tal la confianza de Villarreal en su capacidad para controlar la Secretaría de la Función Pública y a su titular que no sirve para nada, que ni siquiera guarda las formas. Obtener una franquicia de gasolinera, que bajo las leyes internacionales debe reportarse como un posible conflicto de interés, le parece a este funcionario que es cosa tan menor que no le pareció necesario pedirle permiso a nadie para tramitar su asignación, independiente del efecto que esto pudiera tener cuando menos en la reputación de la empresa o del PAN.
Esta pugna por el control de Pemex ha vuelto insostenible la situación de la empresa. En medio de un fuerte jaloneo los funcionarios se abstienen de tomar decisiones. Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley petrolera, la organización no puede permanecer igual. Hay plazos establecidos sobre acciones improrrogables. La administración de la empresa tiene que actuar para ejecutar las acciones que el legislativo espera como parte del compromiso que implicó aprobar la reforma.
Los nuevos consejeros profesionales empiezan a entender la naturaleza de la "cueva de lobos" a la que se han incorporado. Con más tomadores de decisiones, el riesgo de la parálisis aumenta. El Congreso exige que se rindan cuentas y reclama que se cumpla con lo pactado. Por su parte Reyes Heroles está obligado a tomar decisiones y proponer cambios, mientras que sus contrincantes detienen la marcha y esperan a que el Legislativo o el Ejecutivo le corten la cabeza al director general.
Ya veremos quién gana, por lo pronto Calderón no ha tomado la decisión de remover a un técnico de su confianza, como es Jesús Reyes Heroles, y entregarle el poder a un grupo radical panista que está más identificado con el foxismo que con las fuerzas del presidente.
Comentarios: flagunes@diariodelistmo.com
Tel: 921-13-5-30-44
lunes, 10 de agosto de 2009
Columna Oficio de Papel
Sigue dando de que hablar la disputa por el poder de nuestra empresa. Qué importa si está hundiéndose el barco. Leer esta nota importante del periodista Miguel Badillo.
Lunes 10 de agosto de 2009
Promete Calderón operación limpieza en Pemex
Disputa por Pemex destapa corrupción y saqueo
El dinero del narcotráfico manda en el gobierno
Tiene razón Felipe Calderón cuando asegura que el crimen organizado ha penetrado la estructura de Petróleos Mexicanos, igual como lo ha hecho en otras áreas de gobierno. El mandatario panista sabe que bandas del narcotráfico, coludidas con funcionarios de primer nivel de su gabinete, se han dedicado a saquear la principal empresa del Estado, por eso ha pedido al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una investigación paralela que sólo a él le reporte.
Pero Calderón alude sólo al delito de robo de combustibles, y aunque por supuesto merma las finanzas de la paraestatal, está muy lejos de ser el principal problema. Si realmente le preocupara Pemex como asegura, Calderón empezaría por combatir la corrupción y frenar a esa delincuencia organizada de cuello blanco que es la más rapaz para las finanzas públicas.
Durante la inauguración de unas plantas petroleras en Reynosa, Tamaulipas, el mandatario dijo el jueves pasado que “no podíamos evitar un tema del cual todos sabíamos, pero era una piedra a la que todo el mundo le daba la vuelta”. Su discurso lo dio frente al líder sindical Eduardo Romero Deschamps, el mismo que participó junto con el exdirector Rogelio Montemayor en aquel desvío de recursos de Pemex para financiar la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa.
Sin embargo a Calderón sólo le interesa investigar el robo de combustibles: “ha llegado la hora de dejar de ordeñar”. Y qué pasa entonces con las otras áreas petroleras que están podridas por la corrupción y que permiten a empresarios y funcionarios corruptos enriquecerse sin límite. Al interior de Pemex todos conocen las irregulares que se cometen en la empresa mediante la asignación de contratos, en la compra de bienes y servicios, en la importación y exportación de productos, en los seguros, en las áreas médicas, en la relación con el sindicato, en la administración y hasta en las empresas creadas en paraísos fiscales. Pero como se trata de funcionarios panistas de primer nivel todos hacen caso omiso a las denuncias y quejas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
Esos delincuentes de cuello blanco son más peligrosos que el mismo crimen organizado que dice Calderón perseguir, porque aquellos se han enriquecido brutalmente con multimillonarios contratos petroleros y, sobre todo, porque nadie los persigue.
Pero Calderón dice que los recursos petroleros son de los mexicanos y que “no tenemos por qué quedarnos cruzados de brazos o desviar la mirada”. También prometió realizar a fondo un proceso de depuración y de limpieza que lleve, verdaderamente, a tocar el corazón y la médula espinal de la estructura que roba los combustibles en Pemex. ¿Por qué esta supuesta operación limpieza no se hace en todas las entidades del gobierno federal?
Sin limite de fondos contra el narco
El próximo año los recursos serán limitados y el gobierno federal tendrá que establecer prioridades. Sin embargo, bajo las actuales circunstancias, es claro que las partidas asignadas al sistema de seguridad pública no sólo no se reducirán, sino que se incrementarán, aunque hasta ahora hayan servido para muy poco.
El riesgo, no obstante, está en el ambiente y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las diferentes organizaciones que representan los intereses de los tres niveles de gobierno ya discuten el tema en un momento en el que se desplomaron los ingresos de los fondos participables y se agotaron los recursos que dejó la bonanza petrolera.
Cantarell está a punto de agotarse y la recaudación en un año de crisis no podrá remontarse. De hecho, se descarta que una reforma hacendaria pueda salvar los escenarios. Rumbo al 2012, los enfrentamientos y competencia de los partidos políticos hacen prácticamente imposible acuerdos que fortalezcan la institucionalidad y la estabilidad en el país.
Por eso, al interior de la Conago se busca ligar la discusión en torno a las fórmulas para definir las transferencias participables a las necesidades de recursos para combatir el crimen organizado. No obstante, existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo envíe a través de la Secretaría de Hacienda una propuesta de Presupuesto de Egresos para 2010 que incremente sustancialmente las partidas para el Ejército. Una pésima señal. Por ello, el tema de los recursos para el 2010 resulta tan relevante.
En este entorno, el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad podría complicarse. Para empezar, los puntos 33 y 34 de dicho documento difícilmente podrían cumplirse: “El Poder Ejecutivo se comprometerá a velar a fin de que las prioridades presupuestarias fortalezcan los programas y acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Otorgar mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad”.
Con municipios prácticamente en estado de quiebra, difícilmente se cumplirán los compromisos que impulsó el gobierno de Felipe Calderón y que pedían asignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos, ejercicio que estaría acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
De la rendición de cuentas, con o sin crisis, la queja es ya conocida: no se cuenta con los mecanismos para exigir una adecuada transparencia y bajo las actuales circunstancias de astringencia y reducción de flujos, también correría el riesgo de convertirse en un tema secundario. No debería porque sólo de esa forma sería posible ubicar si el dinero del narcotráfico está también presente en las cuentas de estados y municipios. Auditorías eficaces podrían cruzar esa valiosa información.
Los gobiernos federal, estatal y municipal se enfrentan, por lo tanto, a un momento definitivo porque el dinero del crimen organizado podría tentar a muchos funcionarios. De no tomar cartas en el asunto, el gobierno de Calderón estaría incumpliendo, además, varios de los mandatos de la Constitución que ordenan al Estado proteger a sus ciudadanos, a sus funcionarios, en el cumplimiento de su deber frente a los gobernados.
Aún más, también se incumplirían decenas de leyes que norman la actuación de las fuerzas policiales responsables de la seguridad pública que deberían recibir ingresos que compensen el nivel de riesgo al que se encuentran sometidos y ese riesgo en un país que se está convirtiendo en un verdadero polvorín se encuentra en ascenso.
De hecho, analistas en el tema calculan que el costo de mantener a un grupo de la sociedad dedicado por completo y a salvo en la lucha contre el narcotráfico podría rebasar el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, un porcentaje que no se encuentra muy alejado de otra estimación: a la economía mexicana la violencia, el crimen y la lenta aplicación de la justicia le cuesta más del 15 por ciento de su generación de riqueza.
Pero más allá de los cálculos económicos, es un hecho que la crisis agudizará los escenarios de riesgo. El mayor de ellos, sin duda, es el camino y peligro inminente hacia un narcoestado, cuando todas las instituciones de gobierno se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Igual que sucedió en Colombia, legisladores comenzaron a presentar iniciativas que modificaron el orden en cárceles e instituciones en donde se ejerce el poder público, a favor de narcotraficantes. El peor de los escenarios.
Por ello, el envío de más de 40 mil soldados a las zonas de conflicto es un mensaje directo: Felipe Calderón no confía en las policías federales, estatales y municipales, y por ello es necesaria su refundación. En medio de todo eso, sin embargo, se encuentra la población civil que padece los actos de los narcotraficantes que se revelan contra la guerra que les declaró el gobierno calderonista.
La población también padecen al Ejército que simplemente no se preparó para cuidar a niños o mujeres en medio del terreno de guerra. Se incumple, bajo esta circunstancia, el principal punto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la legalidad: la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La razón es muy sencilla: la desconfianza es la reina de este peligroso juego que mantiene atrapada a la ciudadanía.
De esta forma, con más de 250 leyes que norman el ejercicio del poder público contra el crimen, se calcula que se necesitarán al menos 40 nuevas leyes para poner en blanco y negro los límites y responsabilidades de cada autoridad, incluso para decidir cómo y cuándo participan las fuerzas castrenses o cómo se sancionan sus excesos más allá de los secretos e inescrutables tribunales militares. Michoacán ha sido un claro ejemplo de las discrecionalidades que han violentado los niveles de gobierno.
Paradójicamente, en ese universo de legislaciones, no hay claridad respecto a las normas con las que se combate el crimen organizado, por lo que algunos expertos sugieren la necesidad de refundar también los marcos normativos para actuar de manera contundente y con total claridad. En este punto, el lavado de dinero tendría que ocupar un lugar predominante, porque son los circuitos financieros los puntos más vulnerables de ingreso para garantizar un narcoestado.
Así de grave es este asunto. Sin embargo, en materia de blanqueo de capitales, sucede lo mismo que con las policías, el Estado – y ha sido un reclamo hacia México por parte de los organismos multilaterales que se ocupan del tema – tampoco está garantizando la seguridad de los funcionarios que siguen las investigaciones y que se enfrentan a poderosos intereses. Tan sólo un punto: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que debe conocer al detalle todos los reportes sobre operaciones sospechosas y relevantes, no tiene potestad para interponer denuncias relacionadas con delitos financieros o lavado de capitales.
La CNBV tampoco puede solicitar información de manera directa, lo que bloquea la posibilidad de armar casos que no puedan impugnarse. Pero de acuerdo con el artículo 400-bis del Código Penal Federal, cita una investigación de José de Jesús González Rodríguez del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la Secretaría de Hacienda es la única entidad facultada para iniciar una querella contra delincuentes de cuello blanco, lo que crea cuellos de botella en el combate al lavado de dinero.
Es obvio, por lo tanto, que el compromiso de Felipe Calderón de impulsar un sistema de interconexión denominado Plataforma México, que enlazaría a las dependencias responsables de la seguridad y la procuración de justicia, tampoco se ha cumplido. No existe, en conclusión, estrategia de inteligencia alguna contra el narcotráfico y el crimen organizado y el dinero es el que manda.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
jueves, 6 de agosto de 2009
Quiebras
Juan Carlos Sánchez Magallán
05-ago-2009
Desde 1980 el petróleo ha sido el sustento económico del país; en los dos últimos sexenios se ha tratado de un botín. Las informaciones de prensa confirman la pérdida de 25 mil 800 mil millones de pesos en el primer semestre del año. Es paradójico: en otros países productores de petróleo constituye una riqueza y, en el nuestro, un gigantesco quebranto.
Empecemos por los últimos estruendosos errores. Indecisión, inseguridad o, lo despreciable, ganas de hacerse de las simpatías de los gobernadores, el primer paso fue convocar a una decena de estados a "competir" por el privilegio de una refinería.
El autor o autores de idea tan absurda viven en otro país. Cerraron los ojos
y los oídos y se permitieron ignorar las verdaderas condiciones de la tenencia de la tierra. La totalidad de las localidades con un mínimo de cien mil habitantes están rodeadas de ejidos o comunidades indígenas, sinónimo de suelo fuera de comercio.
Desde 1992, la Ley Agraria permite la enajenación de los bienes ejidales, previos los siguientes pasos: convocar a la asamblea (30 días), solicitar el registro del acta de la asamblea al Registro Agrario Nacional (cuatro días), canjear el certificado de derechos parcelarios por el título de propiedad (cuatro días), inscribir el predio en el Catastro Municipal (dos días), otificar al comisariado ejidal la intención de venta ante dos testigos o un fedatario público (dos días); luego pueden invocar el derecho al tanto, es decir, quienes tienen preferencia para adquirir la tierra: los familiares del enajenante, quienes hayan trabajado la parcela más de un año, los de más ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población en general. En suma, un mínimo de 42 días hábiles. Suponiendo, en el más utópico de los casos, velocidad extrema en cada predio.
Después de asomarnos a la forma, queda el fondo. La genuina intención fue pasarles por las narices a los gobernadores la zanahoria de los millones, con el esperado efecto de dividirlos y hacerlos pelear entre sí. Fue en el momento preelectoral, aunque la secuela resultara un desastre para el partido en el poder.
La siguiente doble incógnita es: ¿cómo asumirá las pérdidas el estado "perdedor"?, ¿después de haber convertido ejidos en latifundios, regresarán el suelo a sus dueños? ¿Procederá la figura jurídica de la reversión?
Excélsior ha dado cabal y oportuna cuenta del vertiginoso descenso económico de Pemex durante las semanas de junio y julio pasados. Es la noticia de más calado, más adversa a la mayoría social y hasta para los empresarios, en lucha contra la amenaza de la quiebra. Lo evidente es la inexistencia de la refinería.
Luego, algo rayano en lo inadmisible: la organización de una vasta red paralela a Pemex, dedicada al robo organizado del petróleo y a su respectiva venta. Se afirma haber encontrado 397 ordeñas, esto es, puntos donde se substrae el producto, para distribuirlo y comerciarlo. El tamaño del delito hizo a las autoridades intervenir oficinas en la administración ubicada en los edificios centrales. Y ya se olvidó que quien fue secretario de Seguridad Pública federal en la administración de Fox, Alejandro Gertz Manero, instrumentó sendos operativos para desterrar este lastre de Pemex. ¿Qué pasó ahí con el ahora flamante diputado federal de Convergencia?
¡Ah!, faltaba el coronamiento de semejante hazaña. En boca de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, se afirmó que "Pemex está indefenso ante el robo". Mujer tan ocupada no ha leído los discursos de su jefe, pronunciados en defensa de la responsabilidad del Estado ante la delincuencia, a la que tiene muy agobiada con las persecuciones de la policía, el Ejército y la Armada. Tampoco está consciente de los deberes de un funcionario: por ley, cuidar los bienes que se le confían. ¡Cómo se exhiben!
El conjunto de las acciones políticas, técnicas y financieras de la actual
administración, resulta desastroso y es bien calificado con tres palabras:
infame, injusto y perverso. Se trata de una abierta reversión al significado
conceptual y económico de república. Se imponen los cambios.
Petróleos Mexicanos es patrimonio común de la nación. Nadie puede permanecer indiferente.
miércoles, 5 de agosto de 2009
Es necesario continuar con las denuncias de falta de respeto a los derechos laborales, presiones para la firma del CIT, así como de los despidos "Hormiga" que se están llevando a cabo en diferentes áreas de Pemex, como lo hemos estado informando, ya que debido al recorte presupuestal que lleva a cabo Hacienda y como resultado de las pasadas elecciones muchos "cuadros partidistas" buscan acomodo en Pemex y al parecer se está fraguando otro despido de magnitud considerable para acomodor a los "damnificados electorales". Por esto, es necesario fortalecer nuestra organización y unidad ante los embates contra los técnicos y profesionistas petroleros que prepara la administración, misma que no ha sabido conducir a la empresa, pero que quiere hacer méritos afectando los derechos de los trabajadores. A los compañeros que les hayan avisado que "Ya están fuera de la empresa", les solicitamos no aceptar esta situación, ni mucho menos firmar algín documento, y si denunciarlo con nosotros y a la opinión publica con la finalidad de parar estos intentos de recorte. Agregamos (abajo) articulo sobre problemática de Pemex y cartones al respecto. Hoy como nunca unidos y organizados venceremos!! La UNTyPP es la organización de todos los técs. y profs. petroleros!! Agregamos (abajo) una respuesta plural a la opinión de la Sener respecto a que tardará en detenerse el robo de combustibles, por lo que seguimos preguntando: ¿Ya llevan casi 3 años en la administración y que han hecho al respecto?, ¿ganando altísimos insultantes salarios como lo comenta hoy la Jornada, cuales son los resultados?, ¿solo saben justificar la ineficacia e ineficiencia?
El director de la paraestatal y la secretaria de Energía están obligados a renunciar, opina.
Los escándalos en Pemex, parte del plan para impulsar su privatización: Bartlett
“Pretextan que no podemos parar el robo de energéticos, pero ello
es sólo una trampa”
Martín Hernández Alcántara
La Jornada de Oriente
Puebla, Pue., 4 de agosto. Atrás del escándalo que se ha
suscitado por el descubrimiento de los robos de energéticos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la declaración de la titular de la Secretaría de Energía (SE), Georgina Kessel, de que no se puede evitar ese ilícito, podría estar un nuevo intento del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa por privatizar la paraestatal, so pretexto de que el Estado no puede hacerse cargo de ésta, consideró el ex senador Manuel Bartlett Díaz.Por lo pronto, abundó, Kessel y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles González-Garza, deben renunciar, ante la confesión de que no pueden cuidar la industria.“Todo esto es un desastre más del
gobierno de la República y, desde luego, de la administración de Pemex. Ya se reconocieron pérdidas inmensas y robos espectaculares, y ahora nos sale la Secretaria de Energía con que es muy ducha para conocer todos los aspectos de la
paraestatal que tienen que ver con la privatización. Ahora nos sale con que no tiene posibilidades de hacer nada y se declara incompetente, lo cual es inaceptable y debería renunciar”, aseveró el ex gobernador poblano.Agregó que también debe irse Reyes Heroles, “quien está muy calladito, por allí escondido.
Todavía no se declara impotente, pero es incompetente, porque no ha hecho nada bueno por Pemex”.Bartlett Díaz expresó que la administración calderonista se ha caracterizado por su ineficiencia: “hay incompetencia en lo financiero, en apoyo
al campo, en seguridad pública y en salud y combate a la pobreza. ¡Hay incompetencia en todo!”Sobre la posible estrategia del gobierno para privatizar Pemex, destacó:“La actitud del gobierno de Calderón y su intención de privatizar
están ahí. Pretextan que no podemos, que no tenemos capacidad técnica para explotar ni para explorar. En fin, todo ha sido una gran mentira. Una de las falacias que esgrimían para justificar la apertura al capital extranjero es que no teníamos recursos para hacer una refinería y que estábamos comprando gasolina al extranjero. Luego se supo que sí había dinero e incluso Calderón se comprometió a construir una, y ese compromiso lo hizo antes de la crisis, pero todo son trampas. Todo ha sido fraudulento, un intento por privatizar, y la señora Kessel ha sido el instrumento perfecto para esa campaña.”Ahora que dicen que no se puede detener el robo de energéticos, añadió, “quieren decir que sí
podrán detenerlo Shell o Texaco, y que entren directamente ellos a administrarlo todo, porque nosotros no podemos”.Bartlett Díaz añadió que tanto Kessel como
Reyes Heroles no controlan sus oficinas, y que existe el señalamiento de que el saqueo de recursos es posible con la complicidad de funcionarios que trabajan en la paraestatal.“Si el argumento es que los privados lo harían mejor, diría que
ellos se robarían todo”, resaltó.“Donde se han confirmado robos es en la cuenca de Burgos, y ahí están todos los extranjeros metidos”, destacó finalmente el político.