Nuevo director corporativo representa a empresa que es autora intelectual del desmantelamiento.
Periódico La JornadaLunes 26 de octubre de 2009.
El consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó el jueves pasado el nombramiento de Carlos Rafael Murrieta Cummings como nuevo director corporativo de operaciones de la paraestatal, en sustitución de Raúl Alejandro Livas Elizondo.
Murrieta Cummings podría enfrentar un conflicto de intereses, pues según información oportuna es además representante en México de la empresa de consultoría estadunidense McKinsey Company, proveedora y contratista de Pemex.
McKinsey & Company Inc México tiene entre sus principales
actividades la prestación directa o indirecta de servicios de consultoría en alta dirección de empresas, en cualquier clase de actividades, en general, y en particular, sin limitación, en estrategia, operación, finanzas, manufactura, mercadotecnia, compras, ventas, relaciones públicas, sistemas de información,
publicidad, investigación, desarrollo y trabajo experimental, a entidades del sector público o privado, tanto en el país como en el extranjero.
El nombramiento se aprobó después de que el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, propuso en el cargo a Carlos Rafael Murrieta.
Otro funcionario que procede de McKinsey Company es Esteban Levín Balcells, actual director corporativo de finanzas de Pemex, quien se desempeñó como consultor en el sector petrolero de esta firma internacional. Hasta ex directores generales de la paraestatal se desempeñan ahora como asesores senior de McKinsey & Company.
A McKinsey Company se atribuye la autoría intelectual del
desmantelamiento de Pemex para convertirla en simple administradora de contratos. Poco a poco fue sustituyéndose la histórica capacidad tradicional de los técnicos mexicanos dentro de Pemex, quienes progresivamente vieron reducir su papel a simples “supervisores” de la operación realizada por empresas extranjeras. A la par, la “estrategia” fue dejada en manos de la consultora McKinsey.
Desde el sexenio de Vicente Fox y en la actual administración
McKinsey ha sido una de las empresas beneficiadas con contratos de consultoría y asesoría para la paraestatal. Sin embargo, su participación en la reorganización de Pemex data de principios de la década de los noventas.
Algunos de los contratos adjudicados a McKinsey fueron severamente cuestionados por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debido a que Pemex no
cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ley de adquisiciones, así como con la Ley Federal de Presupuesto, el procedimiento de adjudicación, ejecución y control de la adquisición de servicios técnicos pagados a terceros, y el correcto registro en la contabilidad y cuenta pública.
lunes, 26 de octubre de 2009
La entrega descarada de Pemex
viernes, 23 de octubre de 2009
Un día en tu vida...
Un día, en tu vida…
Imagina que mañana llegas a tu trabajo y te dicen que la empresa ya no existe. Que todos los derechos que tenías los perdiste (seguro social, créditos de vivienda, una pensión digna, aguinaldo, etc.), que si quieres puedes pasar a recoger tu indemnización y, si te portas bien, probablemente te vuelvan a contratar… eso sí, no en las mismas condiciones anteriores porque el país no está para tener "privilegiados", a menos que sean banqueros, dueños de televisoras, empresas telefónicas, altos funcionarios públicos o familiares y amigos de los meros meros.Regresas a tu casa y en las noticias del día te llaman corrupto, te acusan de ineficiente cuando sabes que, a pesar de que en la empresa no invirtieron en los recursos técnicos para trabajar, tú y tus compañeros estaban logrando sacarla adelante. Ves la desfachatez con que mienten los funcionarios al decir que los trabajadores tienen la culpa del déficit de 40 mil millones, pero en las noticias no se dice que más de 90% de esa cantidad es porque el propio gobierno obligó a la Compañía a comprar cara la electricidad de la Comisión Federal y a venderla barata, sobre todo a los grandes industriales.Luego sales a la calle a protestar, (por supuesto estás encabronado) sales a exigir tus derechos, te manifiestas, marchas por la calle, y uno de los "OTROS" que trabaja en la radio dice: "un grupo de revoltosos bloquea el acceso al importante centro comercial...bla,bla bla". Los "OTROS" de la sociedad te dan la espalda, casi te lo mereces, te mientan la madre con el claxon, y te gritan "YA PÓNGANSE A TRABAJAR"… tú, claro, te dices a ti mismo: ¡pero si eso es lo que quiero!
Te quejas ante todas las instituciones que se supone te deberían respaldar (Autoridades laborales, legisladores, Derechos Humanos, tribunales de justicia…). Sólo hallas indiferencia, ilegalidad, arbitrariedad o injusticia. ¿Qué haces? te plantas en la calle y montas una protesta permanente para ver si alguien te hace caso. Pero no, las mentadas continúan y los "OTROS" están furiosos porque cierras la calle, porque enturbias su felicidad, pues ¡NOS VAMOS AL MUNDIAL! ¡NOS VAMOS AL MUNDIAL! Aunque no haya empleos tenemos circo para divertirnos. Los "OTROS" te olvidarán, para ellos sólo eres un revoltoso, un bandido, un rebelde. Poco a poco, el desgaste hace que la gente que te apoya también te olvide…
Tienes que buscar cómo ganarte la vida: comer, pagar la tele o el coche que te vendieron con la mentira de que ibas a pagar "poquito". Y no te queda más que hacerla de franelero, vendedor ambulante, o de obrero mal pagado en cualquier empresa, llámese como se llame. Derrotado, no te quedan ganas de volver a levantar la voz, de decir nada en contra de tu patrón, no sea que te pase otra vez lo mismo.
Hoy el personaje de la historia es un electricista, ayer fue un ferrocarrilero, un peón, un minero, un maestro, un estudiante… Mañana será uno de los "OTROS". Aunque se porte como el gobierno quiere, o si demanda un salario menos miserable, o pide que le rindan cuentas sobre sus fondos de retiro, o se niega a pagar cuantiosos impuestos mientras los empresarios no pagan nada. Hoy son ellos, mañana será algunos de nosotros, aunque ahora creamos ser de los OTROS.
La historia se ha repetido muchas veces y siempre, en el mundo, ha sido el principio de las dictaduras. Gobiernos que suprimen la libertad de expresión, compran a los medios para que digan lo que su “razón de Estado” dicte, tachan a todos lo que se manifiesten de violentos y malhechores. Así justifican la presencia del ejército en todas las calles y la pérdida de otras garantías constitucionales. Después: amigos, hermanos, vecinos… muertos, encerrados, desaparecidos o exiliados. Total, si ya suprimieron los derechos de los trabajadores, también, ya entrados en gastos, suprimirán los derechos civiles. AL CABO NADIE PROTESTA, NADIE DICE NADA y la televisión nos mentirá que todo está bien, que tenemos un patriota por gobernante.
Hoy es el momento. ¿Qué estamos esperando... que llegue nuestro turno?..
Mañana puede ser como tú quieras. Todo depende de HOY.
lunes, 12 de octubre de 2009
Asalto a Luz y Fuerza del Centro
El argumento nodal para la liquidación es que, por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, representa un costo tan elevado que “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. En el decreto no se determina qué instancia asumirá las funciones de LFC y “dispone expresamente” que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo. Agrega que se garantizará el pago de las jubilaciones.
Señala también que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la administración pública, por lo que esa instancia nombrará depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento del proceso.
La compañía conservará su personalidad jurídica única y exclusivamente para realizar dicho proceso.
Desde hace semanas comenzó a correr la especie de que LFC sería liquidada. La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó sobre esa posibilidad cuando desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzó a filtrarse información acerca de que se negaría la toma de nota al comité que encabeza Martín Esparza, lo cual ocurrió el pasado lunes, a pesar de que el litigio no se ha resuelto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Los trabajadores afirmaron que atrás de la negativa y de los señalamientos que descalificaban su proceso electoral –realizado del 16 al 26 de junio pasados– estaba la intención de acabar con la empresa y con el sindicato, que agrupa a más de 41 mil activos y 25 mil jubilados.
Finalmente, la decisión dada a conocer anoche tomó casi por sorpresa a dirigentes y trabajadores del SME, quienes habían señalado que esperarían el lunes la respuesta de Los Pinos, donde el jueves pasado, luego de una multitudinaria marcha en protesta por la negativa a la toma de nota, el secretario particular de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, recibió a Martín Esparza y otros miembros del comité y escuchó sus demandas.
En el decreto dado a conocer por la Secretaría de Gobernación, se enumeran en tres incisos las razones para el cierre: primero, se estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LFC es excesivo y superior casi tres veces al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dice que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. A junio de 2009, LFC perdió 30.6 por ciento de energía, mientras la CFE perdió 10.9.
Segundo, asegura que “en 2008, LFC perdió 32.5 por ciento de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de esas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa 52 por ciento de ventas del organismo”, y en tercero añade que, “en el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta LFC son 176 por ciento superiores respecto de los costos de la CFE”.
En la exposición de motivos el presidente Calderón sostiene que, desde su creación, el organismo no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales, lejos de disminuir, se han incrementado en años recientes.
“De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200 por ciento, y para el presente ejercicio serán del orden de 41 mil 945 millones; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar 300 mil millones de pesos durante la presente administración”. Se asegura que los costos de LFC casi duplican sus ingresos por ventas.
“De 2003 a 2008 registró ventas por 235 mil 738 millones de pesos, mientras sus costos fueron de 433 mil 290 millones (incluyendo la energía comprada a la CFE); el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones a personal jubilado.”
Se insiste en que sus resultados son “notablemente inferiores” respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a escala internacional, incluso a los que ha reportado la CFE. Señala que el pasado 28 de septiembre la Secretaría de Energía propuso la desincorporación por extinción de LFC y que el lunes 5 la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación emitió un dictamen favorable a dicha propuesta.
El decreto tiene siete artículos y tres transitorios, en los que el Presidente dispone que para el proceso de liquidación el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por sí o por conducto de terceros “intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento”. Corresponderá a la Secretaría de Energía sentar las bases para llevar a cabo la liquidación. Gobernación “velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones” oficiales.
Las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo se coordinarán a efecto de que las indemnizaciones a los empleados “sean pagadas en el menor tiempo posible”, y las dos primeras se encargarán de que el liquidador reciba los recursos necesarios.
Además del presidente Calderón firman el decreto 10 secretarios de Estado: Fernando Gómez Mont (Gobernación); Agustín Carstens (Hacienda); Georgina Kessel (Energía); Ernesto Cordero (Sedeso); Gerardo Ruiz (Economía); Juan Molinar (Comunicaciones); Javier Lozano (Trabajo); Salvador Vega (Función Pública); Juan Elvira Quesada (Semarnat), y Francisco Mayorga (Sagarpa).
viernes, 9 de octubre de 2009
Un Secretario Provocador.
PLAZA PÚBLICA / Un secretario provocador Reforma(08-Oct-2009).-El licenciado Javier Lozano es dueño de muchos y muy diversos talentos. Estudió interpretación de piano en el Conservatorio Nacional de Música y sus amigos disfrutan oírlo tocar ese instrumento. En la revista Este país ha escrito artículos sobre música clásica y ópera. Aún no terminaba sus estudios de abogacía en la Escuela Libre de Derecho cuando inició una carrera que lo ha conducido a muy variados territorios: Fue pasante en la Dirección de Disposiciones de Banca Central en el Banco de México; fue gerente jurídico del sector petroquímico en el Grupo Alfa; en la Secretaría de Hacienda fue director de Autorización y Control de Crédito Externo Privado, coordinador de Asesores del subsecretario de Normatividad y Control Presupuestal; director general de Normatividad y Desarrollo Administrativo en la Subsecretaría de Egresos. Fue contralor general corporativo de Pemex. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue oficial mayor, subsecretario de Comunicaciones y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Fue también subsecretario de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación. Fue candidato a diputado federal pero no alcanzó la curul. Representó al gobierno de Mario Marín en el Distrito Federal y también actuó como coordinador general de la Comisión de Transparencia en la Prestación de los Servicios Públicos del estado de Puebla.Estableció su propio despacho, Javier Lozano y Asociados, especializado en tecnología y regulación en materia de telecomunicaciones y en manejo y estrategias de medios de comunicación. Escribió en los diarios El Financiero y El Universal, participaba en el programa radial Fórmula Financiera, y fue fundador, articulista y consejero editorial de El Semanario, "todo ello en temas relacionados con las telecomunicaciones", según se lee en su ficha oficial de la Presidencia de la República. Cambió de partido y participó en la precampaña, la campaña constitucional y en el equipo de transición de Felipe Calderón quien, conforme a la especialización que tras la variedad de sus intereses profesionales había adquirido su amigo Lozano, se disponía a nombrarlo secretario de Comunicaciones cuando un poder superior al suyo se lo prohibió. A Calderón no le quedó más remedio que buscarle acomodo y lo hizo secretario del Trabajo.Nada en su vasta experiencia como abogado lo orientaba a esa responsabilidad. Se comprende entonces que ignore los rudimentos de la legislación aplicable en su área. Y aunque fue priista, quizá no lo era tan intensamente y no interiorizó en su conciencia la doctrina constitucional mexicana en materia laboral. De acuerdo con ella, el Estado mexicano se asume como tercero ante el capital y el trabajo, y su misión consiste en armonizar sus intereses. No es gratuito, por eso, que la comarca jurisdiccional del régimen administrativo del trabajo lleve en su nombre su objetivo: es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Si los factores de la producción no concuerdan, es tarea de las autoridades del Trabajo conciliar sus intereses y en caso de disputa, arbitrar entre ellos. Esa labor de avenimiento y arbitral se extiende también a las organizaciones sindicales.Dicho en términos llanos, una función esencial del secretario del Trabajo es evitar conflictos. Pero Lozano Alarcón los provoca. Hay que verlo o escucharlo en estos días en plena reyerta con Martín Esparza, como si fuera parte de una contienda sindical y no la autoridad que administra la legislación aplicable. Es un picapleitos. Si uno creyera que el PRI y el PAN son partidos diferentes, antagónicos, creería también en la posibilidad de que Mario Marín, el góber precioso, su último jefe priista, hubiera enviado a Lozano a infiltrarse en las filas contrarias, para sabotearlas. Eso parece estar haciendo.Pero como esa hipótesis es improbable, hay que analizar el propósito visible de Lozano. Se le ha encomendado actuar como un provocador, exacerbar los ánimos de una áspera contienda interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas para generar un clima que lleve a la intervención estatal de Luz y Fuerza como preámbulo a su liquidación. Este propósito no es oculto, y estamos percibiendo la creación de las condiciones para que el Ejecutivo se atreva -como lo instan a hacer los partidarios del machismo político, como si fuera cuestión de redaños y no de inteligencia y apego a la ley- a la solución final que supone acabar con una empresa onerosa e ineficiente y a exterminar a su sindicato.Lozano ha desconocido a Esparza, al responder negativamente a un trámite administrativo, la toma de nota de una elección, como si la Secretaría del Trabajo tuviera facultades para reconocer a los dirigentes elegidos por sus compañeros. Atribuyamos a Esparza cuantas descalificaciones creamos que merece. Él sigue siendo secretario general pues su elección está solamente impugnada. Es un caso sub judice pues el reclamo de anulación de elecciones se ventila en la Junta de Conciliación. Cuando el procedimiento concluya, quedará a las partes recurrir al juicio de amparo, que ya asiste al secretario general desconocido por Lozano Alarcón. Sólo cuando se agoten las instancias jurisdiccionales se conocerá el destino de Esparza. Mientras tanto, es enteramente ilegal que la dirección de Luz y Fuerza congele los fondos sindicales. Que lo haga es inducir al sindicato a protestar contra esa arbitrariedad. Y si lo hace más allá de la ley, Lozano tendrá éxito en su misión provocadora.
En el aire la 'toma de nota' de Romero Deschamps
Ordena tribunal a la Secretaría del Trabajo revisar que el proceso se apegó al estatuto.
En suspenso, la toma de nota que avaló la relección de Romero Deschamps en 2006 .
Trabajadores disidentes amagan con tomar las
instalaciones del sindicato petrolero.
Patricia Muñoz, Gustavo Castillo y Fabiola Martínez
Autoridades judiciales ordenaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que deje “insubsistente” la toma de nota que avaló, en octubre de 2006, la relección del dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, hasta determinar, mediante un minucioso análisis, que ese proceso haya estado apegado a los estatutos del gremio.
Con la resolución del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en la mano, centenares de trabajadores petroleros provenientes de diversas entidades del país, encabezados por Omar Toledo Aburto, arribaron la mañana de este jueves a la sede del sindicato con la intención de tomar las instalaciones y presionar a la Secretaría del Trabajo para que cumpla la sentencia dictada.
El director del registro de asociaciones de la Secretaría
del Trabajo, Fidel Antuña, manifestó a La Jornada que la dependencia ya trabaja en el cumplimiento de la resolución judicial y revisa el proceso con el que fue relegido Romero Deschamps.
Señaló que la dependencia solicitó al juzgado quinto de distrito en materia de trabajo que le conceda una prórroga para cumplir el ordenamiento, debido a la gran cantidad de documentos que deben ser analizados a la luz de los estatutos del STPRM.La movilización
Desde las siete de la mañana más de mil 200 trabajadores petroleros se concentraron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución y de allí marcharon a la sede
del sindicato petrolero, que se ubica en la colonia Guerrero, en la ciudad de México. Los inconformes con Romero Deschamps llegaron casi a las ocho de la mañana al sindicato, y para entonces, de acuerdo con estimaciones de la policía capitalina, dentro del local unos 200 seguidores del dirigente petrolero
resguardaban los accesos al inmueble. Los disidentes se apostaron en los accesos del sindicato, y sus coros de “¡fuera Romero!” fueron acompañados de cohetones y un mariachi que entonó Las Golondrinas.
El momento de más tensión tuvo lugar cuando llegaron al lugar trabajadores afiliados a las secciones 34 y 35 gritando consignas en favor de Romero Deschamps y formaron una valla a lo largo de la fachada del sindicato para evitar el paso de Omar Toledo
y de los petroleros que lo acompañaban.
Con la finalidad de evitar enfrentamientos fueron movilizados unos 300 granaderos que formaron dos filas para separar a los grupos.
Después de varios minutos de intercambios verbales entre los grupos, Toledo Aburto fue llamado a la Secretaría de Gobernación y los disidentes regresaron al Monumento a la Revolución.
El litigio
El antecedente de este conflicto data de 2006, cuando con un año de anticipación y sin elecciones de por medio, Romero Deschamps se religió en una asamblea que, según la disidencia petrolera, fue ilegal. Esto dio origen al
inicio de varios procesos judiciales en los que las autoridades resolvieron finalmente en favor de los trabajadores disidentes. Incluso, antes de la última resolución, en septiembre de 2007 un juez ordenó dejar insubsistente la toma de nota a Romero Deschamps, lo que fue acatado por la dependencia; sin embargo, días después le entregó otra.
Ahora Omar Toledo demandó que en este litigio el secretario del Trabajo, Javier Lozano, aplique la misma legalidad que argumentó en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y retire la toma de nota al dirigente que ha violado los estatutos para mantenerse en el cargo. El abogado Carlos Alberto Ricalde Ramírez señaló que “causa extrañeza que la Secretaría del Trabajo no haya contestado al reclamo de los trabajadores, pues
desde hace un mes fue notificada de que tiene que dar cumplimiento a la resolución judicial y que tiene que revisar todo el proceso mediante el que Romero Deschamps se religió por cuarta ocasión como secretario general del sindicato petrolero.
“Se me hace raro que si en otros sindicatos niegan la
toma de nota porque no se cumplió con el estatuto, en este caso la Secretaría del Trabajo no respete una decisión emitida y ratificada por tres magistrados”, dijo.
Ricalde Ramírez aclaró que en este asunto han estado involucrados más de 30 magistrados, cinco jueces de distrito y la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y “no es congruente que al día de hoy no podamos tener una respuesta”.
En el texto de la resolución judicial se menciona que la
dirección general de registro de asociaciones incumplió lo ordenado por el décimo tribunal colegiado en materia del trabajo, ya que no revisó minuciosamente si la relección de Romero Deschamps cumplió con los estatutos del sindicato petrolero.
El órgano jurisdiccional señaló en su resolución que la
Secretaría del Trabajo “pretendió (en 2007) en todo momento únicamente justificar la toma de nota; pero eso ni se le ordenó ni puede válidamente hacerse si no existe un análisis pormenorizado de los artículos estatutarios en relación con las actas y documentos que le fueron exhibidos a fin de probar que
el procedimiento de elección del comité ejecutivo general del STPRM se ajustó a dichos estatutos”.
Luego de haber sido recibido en la dirección de
concertación social en la Secretaría de Gobernación, Omar Toledo señaló que las autoridades no les ofrecieron ninguna alternativa de solución.
Dijo que “la Secretaría del Trabajo ya tiene un nuevo conflicto en puerta”, y la disidencia petrolera refrenda su plan de acción con “medidas severas”, incluida la toma del edificio.
Cerca de las 19 horas, los más de mil 200 petroleros que encabezó Toledo Aburto retornaron a sus lugares de origen en espera de que la próxima semana la STPS acate la resolución judicial.
miércoles, 7 de octubre de 2009
Charrazos y golpes contra empresas estratégicas
Charrazos y golpes contra empresas estratégicas
Antonio Gershenson.
Vivimos una nueva intromisión del Estado en la vida interna de los sindicatos, en este caso la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Se trata de que el gobierno imponga su voluntad en la vida sindical, pero no sólo eso. En éste y en otros casos, están de por medio las empresas estratégicas, y en especial, las que prestan el servicio público de energía eléctrica, y Pemex.
En este último caso, se ha estado negando el registro a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y se ha despedido a los principales dirigentes.
Se trata no sólo de controlar a los trabajadores. Se trata de remover posibles obstáculos en sus reiterados intentos privatizadores. Cuando no han podido entregar las entidades públicas a empresas trasnacionales, les han dado la mayor parte que han podido de las mismas o de sus utilidades. Y hay una
larga historia en este sentido.
El gobierno de Miguel Alemán estaba negociando con las trasnacionales petroleras y con el gobierno estadunidense cómo revertir, hasta donde pudieran, los efectos de la expropiación petrolera.
Las empresas expropiadas eran del grupo de las llamadas Siete Hermanas, pero éstas sólo aceptaban regresar a México como concesionarias y en la práctica dueñas del petróleo. Y esto lo prohibía la Constitución, modificada en los últimos días del gobierno de Lázaro Cárdenas. Hacer ese obstáculo a un lado era algo que ni Miguel Alemán podía hacer.
De ahí que, primero, se acordó que las empresas que entrarían a México serían otras, de las llamadas “independientes”. Y recibirían los llamados contratos riesgo. Para eso, ese gobierno intervino, golpeó, agredió con el Ejército e impuso una dirección a su gusto al sindicato petrolero a fines de 1946, y en el año siguiente al sindicato ferrocarrilero, en el cual se impuso al llamado charro Díaz de León, cuyo apodo dio a esta práctica el nombre de charrismo.
Los llamados contratos riesgo no tenían ningún
riesgo. Pemex entregaba a las trasnacionales zonas petroleras ya exploradas y con reservas comprobadas. Los contratos permitían a la trasnacional firmante extraer el petróleo de las áreas contratadas. Pemex le pagaba sus gastos con petróleo, y le entregaba además el 15 por ciento del petróleo producido, ya a cambio de nada.
Esto era importante para las llamadas petroleras
independientes, porque las Siete Hermanas controlaban el petróleo del Golfo Pérsico y sus alrededores, que era el más barato del mundo; y ellas, antes de este regalito de los contratos riesgo, las independientes tenían que competir con petróleo, por ejemplo, de Texas, más caro a pesar de estar subsidiado.
Natalio Vázquez Pallares, que era presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados, y cercano a Lázaro Cárdenas, se informó exhaustivamente de este problema, que se había mantenido en secreto, y publicó 20 artículos en el periódico El Popular. Oficialmente, todo esto fue negado, pero después de esa publicación y sus secuelas ya no se volvieron a firmar contratos riesgo, y después de unos años no sólo se cancelaron prematuramente sino que se agregó, al artículo 27 de la Constitución, la prohibición expresa –ya estaba implícita– de los contratos en materia petrolera, incluyendo el gas natural.
Sin embargo, lo que no desapareció fue el charrismo. Pero ha habido diferentes movimientos obreros y en especial sindicales, en contra de las medidas privatizadoras y de entrega de recursos de empresas públicas de las áreas estratégicas como las mencionadas, a empresas privadas y en especial, trasnacionales.
De modo que no se puede aislar la ofensiva contra el SME de los reiterados intentos oficiales de entregar los bienes y recursos de las empresas públicas a particulares. El contratismo está en niveles sin precedente, pese a la prohibición constitucional. Se ha entregado a empresas extranjeras una parte importante de la generación de electricidad para el servicio público, y muy variadas actividades petroleras que realizaba Pemex. Como en los cambios a la legislación de Petróleos Mexicanos aprobados en octubre del año pasado, no salió todo lo que el gobierno federal quería, por ejemplo, no pudieron imponer refinerías privadas ni otras instalaciones, pues en los reglamentos recientemente publicadas meten cosas que no pudieron introducir el año pasado, y hablan de una segunda reforma (o más bien contrarreforma) petrolera, con el mismo propósito. Seguiría una larga lista de atropellos contra el sector público, que son daños a la propiedad de la nación.
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