La Jornada: Contratos integrales de Pemex: crónica de un fraude a la Constitución

Alfonso Hickman Sandoval

La Jornada 09-10-2011.

Mal empezó el asunto, pues las fracciones de PAN, PRI y chuchistas” del PRD convergieron en el “cuarto oscuro” para aprobar la reforma energética de 2008. Grave fue la vileza ocurrida en el Senado al desaparecer del texto final del dictamen las fracciones VII y VIII del artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos en las que se disponía: “No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un contratista” y “No se suscribirán contratos donde se reúnan para un mismo contratista las actividades de exploración y producción en un campo determinado. Adicionalmente eliminaron del texto los párrafos “Los contratos a que se refiere este artículo (61) podrán ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en las leyes aplicables” y “Los contratos a que se refiere este artículo podrán ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación ante o por la Secretaría de la Función Pública, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en las leyes aplicables.”

El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos fue objetado por la Cámara de Diputados mediante controversia constitucional 97/2009 porque en el artículo 62 se establece “el propósito de permitir que los contratistas tengan acceso y se beneficien de la renta petrolera que sólo le corresponde a la Nación, a través del establecimiento de criterios de remuneración económica asociados a los parámetros de la reserva incorporada o la recuperación de reservas de hidrocarburos, o a otros indicadores explícitos y cuantificables imperantes en la industria internacional del petróleo, como podría ser el valor de las ventas...”

En tanto la SCJN resolvía la citada controversia, el consejo de administración de Pemex acordó el primer modelo de contrato de servicios integrales para los campos maduros de Magallanes, Santuario y Carrizo, dejando reservada la información de los anexos. Graves rasgos de inconstitucionalidad e inconveniencia económica fueron señalados en memorándum al director de Pemex y en su voto razonado en contra por el consejero profesional Rogelio Gazca. Los otros consejeros profesionales y los del Sindicato votaron a favor, sin importarles que se viole la Constitución, se privatice la exploración y explotación, se transfiera parte de la renta petrolera y se propicie el despido de los trabajadores de Pemex.

Al resolver la controversia 97/2009, la SCJN votó unánimemente la constitucionalidad del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y advirtió, en voz de la ministra Margarita Luna, que la sentencia contendría los límites para que los contratos no rebasaran la Constitución. Al comparar la sentencia con los contratos de servicios integrales, la Cámara de Diputados promovió la controversia constitucional 48/2011, solicitando a la SCJN la invalidez jurídica de 15 conceptos.

La controversia constitucional 48/2011 no fue aceptada por el ministro Guillermo I. Ortiz por ser “notoriamente improcedente”. La Cámara de Diputados reclamó esta decisión, quedando radicada en el expediente 36/2011 a cargo del ministro Pardo Rebolledo, quien presentó el proyecto: “En la propuesta que someto a su consideración, se sostiene además que para poder arribar a una determinación respecto de la afectación o no del ejercicio de la facultad legislativa del actor, sería necesario agotar la etapa de instrucción en la que las partes estarían en aptitud de allegar al juicio los medios probatorios que estimen pertinentes, ya sea para acreditar o desvirtuar la afectación a la esfera de competencias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En virtud de que las adecuaciones propuestas a los contratos de servicios para la evaluación, desarrollo y producción de los hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y el Santuario de la Región Sur, combatidas por el promovente, están clasificadas como reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y la Ley de Petróleos Mexicanos, como se advierte de la lectura de los tres anexos del Acuerdo CA-131/2010 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos...”

Al configurarse la votación de siete votos en contra del proyecto, el ministro Pardo argumentó: “Y para mí, la verdad me parece suficiente –y lo digo con un absoluto respeto a mis compañeros ministros– que cuatro de nosotros nos hayamos manifestado porque no es notoriamente improcedente, para que pensemos que en principio no es notoriamente improcedente...”

Lo escandaloso en esta secuencia de farsas que alcanzan al Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, es que no se dan cuenta que están desnudos ante la nación, ante quien tendrán que responder por el fraude a la Constitución y el despojo al pueblo de México.

 

 

 

 

 

 

 

Directivos de Pemex habrían incurrido en “delito penal”

El lío legal en el que han metido a Pemex y al Estado mexicano la directiva, como dice el abogado español: ‘quedando por el mundo como cagancho’.

 

Pequeños accionistas españoles presentaron denuncia por uso de información privilegiada.

Sospechan de tratos preliminares desde julio pasado, que nadie comunicó; hay datos que no encajan, advierten

La sanción administrativa sería de cinco veces los beneficios obtenidos

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de septiembre de 2011, p. 24

Madrid, 13 de septiembre. “Los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían haber incurrido en un delito penal” en su operación, en alianza con la constructora española Sacyr, para intentar controlar la dirección ejecutiva de la multinacional Repsol, aseguró el abogado Juan Ignacio Peinado, representante de la prestigiosa Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Esta agrupación de pequeños y medianos accionistas presentó una denuncia por uso de información privilegiada contra los responsables de Pemex y Sacyr, que deberá resolver en unas semanas la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Desde hace una semana, cuando anunció acciones legales contra Sacyr y Pemex, la oficina de la Aemec ha recibido numerosas llamadas de pequeños inversionistas en Repsol para sumarse a la querella y para interesarse por el curso de la operación, con lo que se prevé que se constituya un grupo estable de accionistas, figura prevista por la legislación española.

En entrevista con La Jornada, Peinado, del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, explicó los detalles de esta operación financiera, que podría conducir a que los máximos responsables de Pemex respondan ante los tribunales españoles por un delito de fraude a la ley, además de una sanción administrativa millonaria.

–¿Por qué deciden dar el paso e iniciar acciones legales contra la operación diseñada por Pemex y Sacyr para controlar Repsol?

–Porque a los asociados que representamos les interesa tener información transparente, un dividendo estable y que haya una lucha de control abierta y pública. Es decir, que si de pronto Sacyr-Pemex presentan una oferta pública de adquisición (OPA) a un buen precio, es probable que a mis representados les interese vender, pero lo que no pueden asumir ni entender es que vengan estas empresas a intentar hacerse con el control de Repsol sin antes haber presentado la OPA. Además de que no sabemos las finalidades de la alianza, al menos las de Sacyr no están para nada claras.

–¿Y las de Pemex sí?

–Al menos a través de la prensa nos hemos enterado de las razones por las que Pemex ha decidido invertir en Repsol. Y eso contribuye a la transparencia, pues aunque sea desde su lógica dice cosas sensatas, como que le interesa Repsol porque tiene tecnología para hacer perforaciones a gran profundidad, que tiene una presencia importante en Brasil, que tiene socios estratégicos chinos, y todo eso es legítimo. Lo que no se ve claro es por qué decide intervenir Sacyr y los objetivos de la colaboración con Pemex. Además, en el fondo lo que está diciendo Pemex es que quiere el control de Repsol. Y no hay que olvidar que Pemex es un competidor de Repsol. Y si quiere el control de Repsol nos parece muy bien, pero siempre y cuando se respete el mecanismo establecido para hacerlo, que es través de la presentación de una OPA. No hay más. Y si la presentan nos van a encontrar de amigos, pero si no presentan la OPA nos van a encontrar de enemigos.

–Al parecer ustedes sólo piden el respeto a las reglas del juego, a la ley.

–Así es. Y hasta ahora sólo hemos denunciado una cosa, y ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): que investigue si ha habido información privilegiada. Pero nosotros también creemos que podríamos estar ante un supuesto de fraude a la ley y cuando tengamos armados los argumentos probablemente iremos a un juez para exponer nuestra tesis. Para decirle al magistrado: mire usted, estos señores están alcanzado la finalidad de la ley de OPAS, pero sin presentar una OPA. Y ahí estaría el meollo del supuesto fraude de ley.

–¿Y en qué se basan para sostener que ha habido uso de información privilegiada?

–En función de los datos que tenemos hemos concluido que si bien Pemex ha sido un socio estable de Repsol durante mucho tiempo, y desde que entró en el capital ha mantenido estable su participación, en julio pasado compró más de 850 mil acciones de Repsol. Y nos preguntamos por qué, sobre todo si a finales de agosto Sacyr y Pemex anunciaron que tenían un pacto. Y es muy probable que a finales de julio –cuando se hizo la compra de las acciones– ya hubiera al menos unos tratos preliminares y que nadie comunicó. Ésos son datos, y en función de eso se puede concluir que en julio, con una información relevante, Pemex estuvo comprando acciones que no tenían repercutido el precio si esa información se hubiese conocido.

“Pero además nos llamó la atención que, cuando se da a conocer el acuerdo, Pemex anunció que tenía un mes para hacerse con el control de 5 por ciento de las acciones de Repsol. A pesar de que tenía 30 días, Pemex decidió ejecutar y anunciar la compra en menos de 48 horas. Y hay dos datos más que no encajan: el volumen total de acciones de Repsol que se vendieron en esas 48 horas es menos de lo que dice Pemex que compró. Y la segunda sospecha es que en la rueda de prensa que dio el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, le preguntan a cuánto compró las acciones de Repsol y él responde que no puede dar el precio porque asegura que se dio un precio medio de adquisición en un periodo temporal de dos meses.

–O sea, eso podría ser un reconocimiento de facto de que lleva comprando acciones de Repsol al menos dos meses, ¿no es así?

–Así es. O que en lugar de tener acciones lo que tiene en realidad son opciones, futuros o derivados. Y si es así, lo que interesa al accionista es verlos, para ver si lo que la operación también pretende es jugar a la baja; al emitir una información que va a elevar la cotización, lo que le permite vender opciones de venta a ese precio, mientras a su vez, sabiendo que puede jugar con un porcentaje muy grande que hundirá la cotización, está comprando acciones de compra a bajo precio. Eso no lo sabemos de cierto. Pero lo que sí nos llama la atención es que no sepa el precio de las acciones si es verdad que esas acciones las adquirió en las últimas 48 horas.

“Nosotros todo eso no lo podemos probar. De hecho las presunciones que hacemos es posible que decaigan y no prosperen, pero lo que tenemos que hacer es darle la información a la CNMV para que valore si son hechos relevantes o no”.

–Pero si se documenta que Pemex ha estado comprando acciones de Repsol en los últimos dos meses o más, ¿qué consecuencias tendría para la operación y para los responsables de llevarla a cabo?

–Si se prueba eso se estaría incurriendo en dos cosas: una posible sanción administrativa a Pemex por falta muy grave. Y la segunda, y más grave, una responsabilidad penal de los ejecutivos de Pemex por usar información privilegiada. Y este proceso tendría dos patas: la sanción administrativa la emitiría la CNMV, y sería un múltiplo de cinco de los beneficios que se han obtenido de la operación.

“Mientras, la responsabilidad penal sería a través de un juzgado ordinario, a través de una instrucción oficial desde la CNMV. Pero aun así nosotros tenemos siempre la posibilidad de acudir al juez penal”.

–El carácter secreto de la operación ya es público, y al parecer hasta se ha reconocido que se empezó la compra hace dos meses, o sea que difícilmente se puede archivar el caso, ¿no es así?

–Parece difícil, pero habrá que esperar a lo que diga la CNMV. Pero con los datos que hay parece difícil.

–Ahora bien, ¿hasta qué punto les inquietan los intereses ocultos de la alianza Sacyr-Pemex?

–Nosotros entendemos que a Pemex le interesa Repsol por el tema de la tecnología y por controlar a una empresa que es su competidora. Pero con Sacyr no sabemos, pues entró en Repsol en un momento en el que las constructoras españolas diversificaron su capital de caja pero sin tener un interés especial en el sector.

“De hecho, concluimos que se trata de un problema de dinero, pues no hay que olvidar que Sacyr debe 10 mil millones de euros. Y todas las acciones que tiene en Repsol están apalancadas en los intereses de esa deuda y tiene que renegociar esa deuda antes de diciembre”.

–¿Parece entonces que Sacyr sólo busca una operación de ingeniería financiera, sin más?

–No lo sé, pero la aspiración de Sacyr no parece ser, por ejemplo, esperar a que las prospecciones en el Golfo de México sean un buen negocio y nos permitan ganar un euro más de dividendo. Más bien parece que lo que quiere es vender cachos de la empresa para obtener al final del ejercicio un resultado extraordinario para a su vez poder repartir dividendos extraordinarios. Así hace caja, paga a sus bancos, pero al mismo tiempo las acciones de la empresa, al vender activos, pierden valor.

–La supuesta pureza de las motivaciones de Pemex, ¿no se estaría contaminando por esas supuestas motivaciones reales de Sacyr?

–Pemex tiene una ventaja que a su vez es un inconveniente. Es una compañía pública, que tiene un Estado soberano detrás, lo que le da mayor respetabilidad y hasta otra posibilidad financiera. Pero precisamente porque tiene al Estado mexicano detrás creo que no puede ir ‘quedando por el mundo como cagancho’ (frase popular española que se refiere a hacer las cosas rematadamente mal y en público).

“Así que vamos a ver qué pasa, pues hay muchas variables y zonas oscuras, como la renegociación de la deuda de Sacyr, que dado que esas acciones están bajo garantía pignoraticia y si se pelea con los bancos y no consigue renegociar con éxito, entonces los bancos pueden ejecutar las garantías. Y eso supondría que 20 por ciento de Sacyr sería de 20 bancos dispersos por el mundo”.

 

 

 

 

Disputa de mercados ¿Patente de corso? ¿Impunidad?

Publicado en La Jornada.

 

Opinión

Disputa de mercados ¿Patente de corso? ¿Impunidad? 

 

Javier Jiménez Espriú

La jornada, 2 de sept 2011

 

 

El director de Pemex está más organizado que el crimen organizado. Cuando menos y donde menos lo esperamos surge el siguiente atentado. Nos trae, a quienes hemos hecho de la defensa de Pemex una vocación y un deber nacionalista, a mal traer. No nos da cuartel, no nos deja momento de reposo. Tiende un velo para tapar otro, pero todos son igualmente graves y desoladores.
Aún no termina la polémica de los inconstitucionales contratos integrales asignados a una empresa inglesa mediocre y a una mexicana "“de gran tradición petrolera”" –seis años de antigüedad–, cuando nos enteramos de que ahora invierte más de 20 mil millones de pesos en Repsol, "“para mejorar el desempeño de la dirección corporativa”" de la empresa española, o para decirlo en términos castizos: para remover a un director general que no es del agrado de la constructora española Sacyr. ¿Qué no 20 mil millones es mucho dinero como para gastarlos en cumplir un caprichito de Sacyr?
¿No sería más propio que se dedicara a mejorar el desempeño de Pemex, de la que lo nombraron –no sé por qué– director, y limpiarla de corrupción y de ineficiencia? Así, sin gastar tanto dinero, ganaríamos mucho más. Pero eso no es todo. El señor director comprometió además el voto de Pemex en el consejo y en la asamblea de Repsol, para varios años, con una empresa constructora de aquel país, cuyo presidente quiere defenestrar al de Repsol, y cuyos intereses pueden ser muy diferentes a los de nuestra petrolera nacional. Esto es, cuando menos, inexplicable.
¿En qué líos está metido el director y quiere meter a Pemex? Ya hay en España la especie de que se trata de "“un fraude a la ley”", que pretenden perpetrar Pemex y la constructora española. ¿Qué compromisos está adquiriendo y cuáles son los beneficios de la paraestatal, o los de él? ¿Irá a ser el representante en México de la constructora una vez que lo sustituyan en Pemex? ¿Tiene derecho el director de Pemex a sacar "“de la bolsa”" de nuestra empresa esa cantidad y usarla sin controles, o con la opacidad que rodea a esta nueva aventura? ¿Está comprometiendo la apertura de Pemex con "“sus socios”" de la constructora ibérica?
¿Qué pasa con la empresa off shore que se supone será la compradora de las acciones de Repsol? ¿Qué nos puede decir la Auditoría Superior de la Federación del control de estas operaciones?
El secretario de Energía declaró que están tan bien las finanzas de Pemex, que ya podemos pensar en salir a buscar negocios fuera. Ahora sí, no entiendo nada. ¡Ya no está en números rojos la paraestatal! Ya podemos ir al extranjero de compras. Supongo entonces que tendremos para el mantenimiento adecuado en Pemex, para reconfigurar nuestras refinerías, para hacer la nueva, o mejor las nuevas, ya que el déficit de gasolinas aumenta. En fin, ¡jauja en Pemex!
Pero no, soy más irónico que ingenuo y sé que aquí se seguirá, si lo permitimos, desmantelando la paraestatal, entregando la renta petrolera a los contratistas y esforzándose día con día para romper las cerraduras constitucionales y abrir Pemex en todas sus líneas, sin necesidad de violar, como hasta ahora, la Carta Magna.
Pareciera que el director de Pemex goza de inmunidad, cuando lo que sucede es que actúa con impunidad, con una "“patente de corso”", como sucedió también con la empresa Pemex III –otro fraude a la ley para evitar el engorroso proceso de las licitaciones–, que recibió el contrato para construir la Estela de Luz del bicentenario y lo transfirió sin licitación a una constructora privada, convirtiéndose en un intermediario cuya única aportación fue la evasión de la ley.
En fin, este comentario tiene más preguntas que afirmaciones –y faltan muchas más–, porque ante la nebulosidad de lo que se presenta, las afirmaciones que para mí tengo son, por el momento, especulaciones y temores que surgen de las amargas experiencias que nos ha dejado la breve pero enormemente dañina administración actual.

jimenezespriu@prodigy.net.mx

 

 

 

 

 

Los muertos que vienen

Refinería Miguel Hidalgo. Tula, Hgo.

El personal de la planta Reductora de Viscosidad ha trabajado a marchas forzadas durante días, semanas, meses... como en los últimos años en ésta y todas las instalaciones de Pemex. Sin recursos y sin personal suficiente. Lo que contrasta con las riadas de asesores que pululan en la torre de Pemex, tema aparte. Pero ahora es una presión más, la planta está parada y hay que echarla a andar "a como dé lugar".

El personal técnico de operación y mantenimiento lo vive a diario como parte de una pesadilla: trabajar, trabajar y trabajar sin descansar, dar resultados, cuidarse de auditorías, cumplir los tiempos que marcan ya no los programas y estándares, sino el de los directivos en turno que mueven la batuta sin ton ni son. Y lo peor, tener que escuchar por la radio abierta, los gritos, insultos y humillaciones del comendador o ahora llamado gerente de la refinería. Los días del esclavismo están presentes y el látigo hace de las suyas en su nueva versión de radio frecuencias. Trabajo agobiante, que mina el cuerpo, la salud, que daña principalmente la mente. Está prohibido quejarse, pedir recursos, impensable vacaciones o permisos. Desde hace mucho tiempo que no conocen una jornada “normal” de trabajo sin tener que vivir menos de 12 horas en la planta. Todo es preámbulo de lo que está por acontecer.

***

El veterano Ing. Juan Ramón Archila estaba exhausto y ya al borde del estrés desde hace tiempo, había pedido ser cambiado, o mejor dicho sacado de ese ambiente de trabajo donde ya no se puede tener vida propia - la refinería de Tula Hidalgo -, la jubilación era su mayor anhelo.

Parte de su deseo se había cumplido recientemente cuando logró irse comisionado al DF. Poco tiempo pudo continuar así, por instrucciones superiores fue regresado a la planta Reductora de Viscosidad del sector donde trabajaba.

Compañeros suyos le habían dicho que no regresara, que se mantuviera donde estaba, sin embargo las presiones directivas fueron más fuertes. Con el argumento de que no había quien más pudiera hacerse cargo de echar a andar la planta, con mil presiones terminaron su comisión y lo pusieron a cargo de nuevo de la responsabilidad que ya no quería, al Ing. Archila finalmente lo hicieron regresar.

Su regreso estuvo marcado, las mismas presiones, las mismas llamadas estridentes por la radio, pero nada comparado con las terribles órdenes que debía acatar, arrancar la planta como fuera, eran órdenes "de arriba". Y así el sábado 30 de juliio encontraría el infortunio, en el mismo lugar del cual quería escapar.

***

Era sábado, tres de la tarde, repentinamente una fuga de gas y la niebla que lo sigue se esparció por el área donde se encontraba él y sus compañeros Patricio Rodríguez, operador de segunda y Fernando Sánchez operador especialista, de 53 y 29 años de edad respectivamente, quisieron huir pero les fue imposible. La explosión del hidrocarburo creó el infierno, los cubrió completamente. Cientos de grados centígrados elevaron la temperatura y llenaron la atmósfera.

Las espesas volutas de humo se elevaron al cielo, podían verse desde la lejanía. El temblor de la explosión previa había cimbrado los alrededores.

En el centro de la hecatombe quedan los cientos de tubos ondulantes que se derritieron como chicle, tanques, estructuras de metal y concreto destruido. Todo quedó en matices de gris al negro, jirones de ropas y casquillos de cuyas botas no quedó nada, señalaban la ruta del martirio, del sacrificio, de los últimos pasos, de los instantes fatales. El carbón impide reconocer rasgos, señas que identifiquen los cuerpos y saber quién yace ahí. Pero eran ellos, ahí están los cuerpos de los compañeros trabajadores. Como señal entre el abrumador color negro que todo lo tiñe queda el blanco de la sábana que cubre a los caídos. Y junto a uno de ellos un radio de comunicación cuyas partes metálicas quedan desnudas.

De forma inexplicable e inhumana el cuerpo del Ing. Juan Ramón Archila quedó tendido desde ese instante hasta muy entrada la noche, horas en las que nadie quiso o se atrevió a levantar su cuerpo del lugar. No así los de Patricio Rodríguez y Fernando Sánchez Serranos, hubo quizá para ellos más compasión.

Los mandamases o comenderos fueron tan cobardes de siquiera hacer el último gesto de humanidad que nunca tuvieron con él, ni con los compañeros suyos que ahora se conduelen de su muerte. Prefirieron dejar la última huella de su existencia al escarnio de los buitres que en forma de funcionarios, desfilaron por la Refinería, no en busca de causas y razones de la tragedia, si no para encontrar un culpable de tanta negligencia que desde las alturas se fue gestando. Para desgracia de todos, el ingeniero Juan Ramón Archila ya no puede tomar un radio y contestar a preguntas tan simples o tan importantes para los que junto con él perdieron la vida. ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes recursos? ¿Estás cansado? O la más categórica ¿Puede arrancar la planta en esas condiciones?

Nuestro compañero Juan Ramón ya no puede revelar cuáles fueron las últimas instrucciones que le fueron dadas, antes y previas a la tragedia, cuánta presión ejercieron sobre él para que todo se hiciera de forma urgente, sin importar qué pudiera pasar. Fue enviado como suele decirse al matadero. Pero lo más cruel es que seguramente él cargará con su propia muerte y los buitres se encargarán de hacerlo jirones. Los mismos que habrán de achacarle todas las “fallas humanas” que sean posibles para deslindar a aquellos que con su negligencia criminal provocaron esta tragedia.

Desde lo más alto caerá una interminable lluvia de documentos, con el único fin de sepultar junto con su cuerpo las irresponsabilidades que otros cometieron. Ya se hacen análisis causa-raíz para explicar al instante que errores cometió el fallecido y no los meses o años de erróneas decisiones gerenciales. Pero ninguno, absolutamente ningún análsis tomará nota del ambiente laboral en que se trabajaba, de la falta de recursos materiales y humanos, pero sobre todo de los funcionarios incapaces que atestan los altos mandos en la empresa.

La negligencia criminal y el indecente ambiente laboral seguirán marcando las tragedias que vienen, los muertos que vienen. Y que ya advertimos.

CARTA ABIERTA AL C. PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE CALDERÓN

 

“La última responsabilidad para garantizar el respeto de los derechos de la libertad sindical corresponde al Gobierno. El Gobierno tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de los convenios internacionales del trabajo en materia de libertad sindical, que ha ratificado libremente y que deben ser respetados por todas las autoridades estatales, inclusive las judiciales”. Criterio del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, Reporte de la Comisión de Investigación y Reconciliación: Chile, 1975).

 

Los suscritos directivos del Comité Ejecutivo Nacional, del sindicato; “Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP)”, nos dirigimos a usted por ser la máxima autoridad de país y último responsable de garantizar los derechos de libertad sindical de la nación, para manifestarle nuestra inconformidad con el trato que nuestra organización sindical ha recibido del Estado Mexicano, en particular de los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos, Ing. Carlos Treviño Medina, Ing. Marco A. Murillo Soberanis entre otros, la empresa paraestatal donde laboramos, fuimos despedidos y desalojados violentamente por directivos y personal paramilitar en nuestra calidad de profesionistas petroleros de planta, con antigüedades generales hasta de 34 años. En Pemex impera la barbarie y la conducta criminal y, se desvían cuantiosos fondos presupuestales de la nación para perjudicarnos, asimismo, las odiosas practicas del mobbing y el karoshi están institucionalizadas ocasionando más de 22 mil 130 demandas contra la paraestatal (Periódico La Jornada del 7 de julio de 2010).

 

Como es de su conocimiento, a pesar de que el año pasado, en abril de 2010, aproximadamente 4,800 sindicalistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos de 94 países reclamaron mediante Cartas individuales a Usted, nuestra reinstalación, el reconocimiento y el trato digno a nuestra organización sindical y el cese de hostilidades contra los afiliados, en Pemex; Asimismo de los Puntos de acuerdo y Exhortos, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a Pemex, del 1° de abril del 2010 y 15 de junio del 2011, respectivamente; la comparecencia del Director General de Pemex en la Cámara de Diputados, el 13 de octubre del 2010; la Campaña de Denuncia Internacional llevada a cabo por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (FITT) y la UNI Global Union en los Días de Acción Sindical por México del 14 al 19 de febrero de este año; la Resolución e informe 359° de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reunión No. 310 en Ginebra, Suiza, los días 3, 4 y 11 de marzo de 2011 sobre “La libertad sindical en México”, caso No. 2694; y las pruebas comprobadas por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, los días 28 al 30 de abril del presente y haber solicitado su intervención directa de conformidad con el derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional y el artículo 368° de la Ley Federal del Trabajo, y a la fecha no hemos recibido ninguna intervención y solución.

 

Confiados que lo declarado reciente y públicamente por el poeta Javier Sicilia, “que el Estado Mexicano es criminal”,  no sea la realidad actual, asimismo, de que su consigna de campaña “de ser un presidente del empleo” y que igualmente, su máxima presidencial “que nadie puede estar al margen de la ley”, no sean letra muerta, los profesionales petroleros de carrera y agentes de cambio de la UNTyPP, echados a la calle por motivos sindicales, y condenados a la ruina junto con sus familias, mismos que no somos enemigos de Petróleos Mexicanos ni de la nación, apelamos a un acto de justicia de la cabeza del Estado Mexicano, para hacer efectivo el restablecimiento del estado de derecho, la legalidad, la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental en Pemex, y por lo expuesto, exigimos:

 

¡Cumplimiento de los exhortos a Pemex, por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado!

¡Cumplimiento de la resolución de la Organización Internacional de Trabajo!

¡Reinstalación inmediata e incondicional de todos nuestros despedidos!

¡¡Alto a la represión contra los agremiados de la UNTYPP!!

¡¡Castigo a los funcionarios de Pemex represores de la UNTYPP!!

¡¡Por una industria petrolera integrada y nacional!!

 

 

México, D.F., julio del 2011

Desplazará Pemex 30 % de personal nacional por extranjeros

El secretario general de la UNTyPP, informó que alrededor del 30 por ciento de la plantilla actual de petroleros mexicanos será desplazada por la introducción de personal extranjero.

Por: Ileana Cruz
Fuente: Diario Presencia


Coatzacoalcos, Ver.

sábado, 14 de mayo de 2011 17:27

El secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Didier Marquina Cárdenas, informó que alrededor del 30 por ciento de la plantilla actual de petroleros mexicanos será desplazada por la introducción de personal extranjero.

“Es lamentable que se esté dando esta situación, la gente que tiene México está capacitada igual que un extranjero”, manifestó.

Durante la celebración de la reunión mensual de trabajo con los representantes de los diversos estados del país, reconoció que es alarmante, pero sobre todo preocupante el actuar de Petróleos Mexicanos (Pemex), para con las decisiones que ha venido tomando en los últimos tiempos, donde la capacidad de técnicos y profesionistas petroleros del país, está sufriendo un desplazamiento severo con la finalidad de incrementar la plantilla del extranjero en territorio mexicano.

“Es un gran negocio para las compañías Trasnacionales, donde Pemex está afectando a sus trabajadores directamente”, declaró.

Actualmente del universo de 130 mil trabajadores petroleros que existen a nivel nacional, entre sindicalizados y de confianza, el 30 por ciento, es decir más de 40 mil técnicos y profesionistas corren el riesgo de ser liquidados o jubilados, para poder incrementar el registro de los especialistas provenientes de Holanda, Estados Unidos y Españoles.

Marquina Cárdenas indicó que estas acciones que desde hace algunos meses la unión había estado informando a sus compañeros, ha comenzado a generar conflictos laborales en la sección 22 del municipio de Agua Dulce, donde la amenaza de ser liquidados los mantiene inconformes.

Apuntó que los contratos incentivados y los campos maduros han venido a desplazar a técnicos mexicanos para abrirle las puertas a los extranjeros, sin importar que México se vea impactado.

Pemex y la venta de acciones

Los que quieren dar como ejemplo lo que debe ser Pemex están diez años atrasados, el maestro Gershenson les corrige la plana.

Pemex y la venta de acciones
Antonio Gershenson

Han llamado mucho la atención las declaraciones presidenciales en Nueva York sobre la posible venta de acciones de Petróleos Mexicanos. Aunque se ha querido corregir” esto con otros términos, hay una parte que refuerza esa afirmación:

“… una reforma legal para modernizar Pemex de una manera parecida a lo que logró Petrobras hace 10 años”. Hace 10 años gobernaba la derecha, y su “gran cambio” fue vender la mayoría de las acciones de Petrobras a particulares en las bolsas de valores de Nueva York y de Sao Paulo. Eso es lo que citó la declaración mencionada. Luego siguieron en Brasil gobiernos más progresistas y se aprobaron leyes que entre otras cosas crearon una nueva empresa totalmente estatal, Petrosal. Se dedicó una cantidad de las ganancias para áreas de utilidad económica y social, y se dio mayor fuerza y capacidad de decisión a Petrobras, que controla las zonas nuevas de alta profundidad, lo contrario de lo que promueve la derecha mexicana, que hace lo posible para debilitar a Pemex y entregar sus funciones a empresas privadas. Pero, como se ve, sí se planteó vender acciones a particulares, además de haberlo dicho abiertamente.

Para que no trate de escudarse en el gobierno brasileño, Lula, siendo presidente, en varias ocasiones criticó la privatización parcial de Petrobras con la venta de acciones.

También pone como ejemplo a la noruega Statoil. Pero sólo para lo que le conviene, la emisión de acciones privadas en 2001. Sin embargo, Statoil fue fusionada con la otra empresa pública petrolera, Hydro, para formar una compañía petrolera estatal única en 2007. Además, se formó una nueva firma totalmente estatal, Petoro, con funciones petroleras específicas. Pero los tecnócratas mexicanos han dividido en cachitos a Pemex y no la vuelven a integrar ni aceptan que sea integrada.

Se ve que el actual gobierno añora lo que otros países realizaron hace unos 10 años, pero ellos ahora hacen otras cosas.

En el discurso se amenazó con una nueva reforma legal para poder entregar más a particulares. “Los contratos de servicios múltiples permitirán recuperar la producción pronto”.

El mismo día y en un nuevo anuncio de los contratos en campos maduros, se pone como pretexto que Pemex “no tiene la capacidad financiera ni el personal para explorar ni explotar zonas que... serán licitadas a la iniciativa mediante los contratos integrales”.

Lo que ya no tenga Pemex es porque ellos lo “desplumaron”. Pero sí tiene. En primer lugar, la producción de los “campos maduros” es ridículamente baja. En segundo lugar, están gastando a lo loco, por ejemplo en Chicontepec –presupuesto de 20 mil millones de pesos para este año–, casi sin producción. Que cancelen los contratos con sus amigos del exterior, y Pemex podrá producir más.

En cuanto al personal, lo que no tienen es porque ellos los despidieron, o los jubilaron anticipadamente. Para ellos, lo peor de Pemex son ingenieros y técnicos que conozcan su trabajo y lo realicen, porque echan a perder sus posibles negocios y contratos. Descaradamente, en vez de planeación y ejecución de los proyectos, hablan de “plan de negocios”.

Si el gobierno federal insiste en seguir vendiendo Pemex a pedazos, tendría que esperar al siguiente periodo de sesiones de las cámaras. Mientras, puede desarrollarse un movimiento para frenar nuevamente esa locura.

Habrá otro factor. Ya vimos que la cercanía de las elecciones en el estado de México motivó al PRI a detenerse en iniciativas muy contrarias a la voluntad de la mayoría. Pues bien, iría sucediendo algo similar al acercarse la elección federal. Ya el PAN no tiene mucho que perder, ya lo más a lo que puede aspirar es a un tercer lugar, y un número mínimo de gobernadores. No deja de subir el precio de gasolina y otros energéticos. No hacen nada en cuanto a la “nueva” refinería, pero bien que se gastan el dinero. Han perdido una elección local tras otra. Pero al PRI se le pueden volver a complicar las cosas, como ahora.

Este es el más derechista de los gobiernos tecnócratas en cuanto a Pemex. Ya no saben qué más entregar. No saben qué más dar a contrato. No saben cómo entregar más en cada contrato. No saben qué más poner en venta, y cuándo. De Bonos Ciudadanos a, si los mexicanos se los permitimos, acciones de Pemex.

Ecos del 1 de Mayo.

Diario Notisur

http://www.diarionotisur.com.mx/Edicion_diara/Edicion_27Abril2011.pdf

Cancelaron 206 mil plazas en Pemex

Publicado en el sureste, Diario del Istmo.

Cancelaron 206 mil plazas en Pemex
A través de auditorías y presiones a los mandos medios en las decisiones de compras, obras y servicios, los obligan a renunciar
Javier Pulido Biosca / Coatzacoalcos, Ver. / 27 de Abril del 2011


Las presiones que el Órgano de Control Interno, OCI, de Pemex ejerce sobre los mandos medios que tienen el conocimiento técnico para obstruir los intereses inconfesables de la alta dirección de Petroquímica son hostigados hasta hacerlos renunciar, afirmó el secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Untypp, Didier Marquina.
Subrayó que los hilos de las compras y contrataciones de obras y servicios los controla la alta dirección, pero sin dejar rastro. Dan instrucciones y a quienes no las siguen, por considerarlo impropio, los acosan a través del OCI.
Consideró que esta ha sido la razón por la que muchos técnicos expertos han preferido renunciar y no sufrir las presiones de que son víctimas.
Señaló también que muchos técnicos y profesionistas están siendo explotados, al exigir que cumplan con horarios agotadores que van de las 7:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, generando daños a la salud que derivan en fenómenos de estrés laboral, agotamiento e incluso el fallecimiento.
Por esta razón, el organismo sindical arriba mencionado está solicitando a que, para estos casos, se implemente el “horario 4”, que consiste en la activación de un turno de ingenieros que comiencen su horario de actividad a las 4:00 de la tarde y salgan a las 12:00 de la noche, de manera temporal, mientras se resuelven las necesidades operativas que demandan la presencia de los titulares.
Esta situación ha hecho que se hayan perdido 206 mil plazas en Petróleos Mexicanos durante los últimos 20 años. Paralelo a esto, las compañías extranjeras se empezaron a extender en nuestro país.
La estrategia del acoso
Subrayó que el acoso institucional tiene como consecuencia que nuestra empresa sea más insegura, por ejemplo, antes de 1982 en cada planta de Refinación o en cada planta Petroquímica se contaba con cinco especialistas de mantenimiento para dos plantas. Hoy en día se cuenta con cinco especialistas para un sector, los sectores normalmente se componen de cinco o más plantas de proceso, lo obvio es que el trabajo se ha triplicado, la consecuencia de esto es que los especialistas se hayan vuelto esclavos, estén disponibles todo el día y realicen labores de trabajo diariamente de más de ocho horas, esto contraviene a la Ley Federal de Trabajo.
Así también, las retribuciones cada vez son menores, ya que cuando se absorbe más trabajo solo incrementan un nivel y la carga de trabajo es mucho mayor, incluso se cubren plazas con profesionistas sindicalizados y no se les da el nivel que les corresponde.
Los mantienen en constante evaluación del desempeño, auditorías internas, auditorías externas, auditorias efectivas, auditorias de limpieza, auditorias de seguridad (SSPA) etc.
Sistemáticamente se hacen reestructuraciones, donde las consecuencias son despidos masivos, jubilaciones forzadas y descensos de nivel.
Se les presiona para realizar sus trabajos, pero en muchos casos no se les dan las herramientas y el material necesario para trabajar, incluso los trabajadores sindicalizados compran las cosas más sencillas (Teflón, cintas de aislar, etc.) y los trabajadores técnicos tienen que recuperar material para llevar a cabo sus labores, lógico las gentes que implantan esta estrategia desconocen que Petróleos Mexicanos es una empresa de alto riesgo.
Señaló que actualmente se ejerce presión sobre los técnicos y profesionistas para cambiarles los derechos laborales, aplicando un contrato individual de trabajo (CIT) donde el trabajador al firmar este contrato ya no tiene ni siquiera el derecho de ir a Conciliación y Arbitraje para defenderse de esta agresión, acoso institucional.
Alta siniestralidad
El resultado de este estrés institucional sobre los trabajadores además de provocar los daños mencionados, en nuestra empresa se ha generado inseguridad que continuamente se reflejan en accidentes, indicó.
Todo esto a pesar de haberse contratado a la empresa Transnacional DUPONT “lo máximo en seguridad Mundial” que realmente de nada ha servido, solo ha sido una pérdida económica cuantiosa para Petróleos Mexicanos ya que tenemos más accidentes que nunca, pues el problema realmente es provocado por estas condiciones de los trabajadores y llega hasta sus hogares provocando desintegración familiar.
Subrayó lo que ellos entienden: “La señal del Gobierno de Calderón es clara, con o sin Reforma la entrega de Petróleos Mexicanos a empresas trasnacionales se va a realizar aunque sea por la fuerza.”

Pedirán PRD y PT a la SCJN que contratos incentivados de PEMEX se apeguen a la Ley

Escrito por América Multimedios Agencia de Noticias Lunes 18 de Abril de 2011 16:05

México, Distrito Federal (AMM Noticias).- Diputados del PRD y del PT se reunirán el próximo lunes 25 de abril, a las 11 horas, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, para demandarle una actuación apegada al mandato del artículo 27 constitucional en los contratos incentivados de PEMEX, lo que llevó a interponer una controversia constitucional. En conferencia de prensa, los diputados del PRD, Agustín Guerrero Castillo y Ramón Jiménez López, y los diputados del PT, Laura Itzel Castillo Juárez y Mario Di Costanzo, adelantaron que demandarán al titular de la SCJN actuar de "manera patriótica" ante la controversia constitucional en contra de los contratos incentivados de PEMEX que presentó la Cámara de Diputados la semana pasada, ya que los consideran violatorios de la Constitución.

En su momento, la legisladora Laura Itzel Castilo Juárez (PT), señaló que la fórmula para la remuneración de los contratistas es inconstitucional, porque representa un porcentaje directo del precio de las ventas, por lo que demandarán una actuación patriótica de la SCJN.

Detalló que los acuerdos del Consejo de Administración de PEMEX, aprobados en noviembre del año pasado, autorizan la entrega de un porcentaje específico de cada barril extraído a empresas privadas mediante la licitación de contratos integrales para exploración y producción, los cuales, dijo, no son otra cosa que los extintos contratos de riesgo derogados desde los años 60 por contravenir los intereses de la nación.

También el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) destacó que la reunión con el titular de la SCJN tiene como objetivo hacer cumplir los criterios que fijó la Corte en relación al artículo 62 de la Ley de PEMEX, los cuales expresan cuáles son los puntos que debe seguir la paraestatal para el otorgamiento de exploración y de producción.

"Esta licitación de contratos incentivados no cumple con los puntos que debe seguir la paraestatal para el otorgamiento de exploración. No debe correlacionar el pago al contratista con el precio de crudo, ni con las cotizaciones internacionales y aquí lo que ya se ha hecho que es justamente lo que contiene la convocatoria de licitación", explicó.

En ese sentido, el diputado Mario Di Costanzo (PT) aseguró que el Informe de la Cuenta Pública 2009 establece que los contratos incentivados son los mismos que estuvieron vigentes en los años 60, los cuales eran inconstitucionales.

"Es claro que la Reforma Energética no ha cumplido con ninguno de sus objetivos, mucho menos el de bajarle la carga fiscal a PEMEX, y lo que es muy claro es que la mal llamada Reforma Energética, lo único que buscaba es entregar estos campos petroleros a empresa privadas", aseguró.

Por lo anterior, hizo un llamado a las empresas privadas trasnacionales en el sentido de advertirles que están violando la Constitución y que están colocándose en terrenos riesgos jurídicamente.

En su momento, el diputado Ramón Jiménez López (PRD) enfatizó que la SCJN debe actuar con un sentido patriótico, para que analice a fondo la controversia constitucional en contra de los contratos incentivados de PEMEX y se pronuncie como lo marca la Constitución.

"Le queremos pedir a la Corte que recuerde su historia y que no solamente dé carpetazo a una demanda tan sentida de la nación mexicana, y se vaya por la cuestión de las formas y no por el contenido. Que no vaya a suceder lo mismo que pasó con la controversia que promovieron siete presidentes municipales respecto al mismo tema y que la Corte ni siquiera entró al fondo del asunto", dijo.

La OIT acusa al gobierno mexicano de impedir la libertad sindical en el caso de la UNTyPP.

El Comité de Libertad Sindical, creado por el Consejo de Administración en su 117.ª reunión (noviembre de 1951), se reunió en la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, los días 3, 4 y 11 de marzo de 2011, bajo la presidencia del Profesor Paul van der Heijden.

Los miembros del Comité de nacionalidad, argentina, mexicana, pakistaní y peruana no estuvieron presentes durante el examen de los casos relativos a Argentina (casos núms. 2702, 2725 y 2776), México (caso núm. 2694), Pakistán (caso núm. 2799) y Perú (casos núms. 2639 y 2771), respectivamente.

Se sometieron al Comité 145 casos, cuyas quejas habían sido comunicadas a los Gobiernos interesados para que enviasen sus observaciones. En su presente reunión, el Comité examinó 31 casos en cuanto al fondo, llegando a conclusiones definitivas en 17 casos y a conclusiones provisionales en 14 casos.

En el apartado del Caso México núm, 2694, en el que se trata:

Queja contra el Gobierno de México presentada por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) apoyada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y otras organizaciones.

Los puntos relevantes se detallan a continuación, aunque se puede consultar el documento completo para mayor información.

Alegatos de la organización querellante

732. En su comunicación de fecha 5 de febrero de 2009, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) alega que en México aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece requisitos de registro aparentemente sencillos de cumplir (copia del acta de la asamblea constitutiva, listado de trabajadores y patrones, copia de los estatutos y del acta de la asamblea que elige la junta directiva) y las causas de negativa están bien determinadas (incumplir la finalidad prevista en la ley, constituirse con menos de 20 miembros o no exhibir los documentos señalados), es común que se retuerza la interpretación de la ley para evitar el registro de sindicatos que actúan al margen del «modelo de subordinación». Entre los obstáculos identificables se encuentran:

a) demostrar la existencia de la relación de trabajo (las autoridades utilizan diferentes interpretaciones sobre cuáles son los medios idóneos para ello, generando un amplio margen de maniobra, algunas autoridades solicitan que el padrón de socios sea firmado por el empleado);

b) acreditar la competencia federal o local del empleado, mediante documentos legales que son de difícil acceso para los trabajadores;

c) observaciones a la documentaci6n presentada, al considerar la autoridad que es contradictoria o poco clara, obligando a los trabajadores a celebrar nuevas asambleas que dan tiempo al empleador o líder sindical afectado ante el posible reclamo de titularidad o firma de un contrato colectivo de trabajo, de presionar o despedir a los trabajadores para que desistan de su intento; las observaciones pueden relacionarse con los estatutos, al padrón de socios, acta de asamblea o documentación diversa anexa;

d) demostrar expresamente la voluntad de los trabajadores de pertenecer al sindicato solicitante de registro mediante inspección, documentos o incluso la presencia física de los propios trabajadores: basta imaginar la presión que se ejerce contra los trabajadores si llegan inspectores de trabajo a interrogarlos frente al patrón o los líderes sindicales a los cuales se demandaría la titularidad de un contrato colectivo de protección patronal (CCPP), y

e) reclamo a los solicitantes de acreditar la naturaleza de su actividad alegando que las funciones de algunos de ellos son de confianza y en consecuencia no pueden formar parte del sindicato.

***

763. En relación al registro sindical (caso UNTYPP) se describió cómo, a pesar de cumplir con los requisitos de ley, se les exigieron más, detonando así uno de los principales mecanismos para limitar el ejercicio del derecho de asociación, el tiempo manipulable para desgastar y despedir a los dirigentes e integrantes de la organización usando todo tipo de presiones y agresiones. Los requisitos extras llegaron al ridículo, al pedirles que acreditaran la existencia de su patrón Petróleos Mexicanos, la empresa paraestatal mexicana más importante. En clara intervención de su autonomía, exigió modificaciones de estatutos, tipología del sindicato, depuración de agremiados, mientras despedía con lujo de violencia a miembros del comité ejecutivo y renunciaba agremiados al negar servicios médicos de urgencia a sus familiares o al propio trabajador. Nueve meses después niega el registro sindical.

***

792. En el caso aquí reportado de la UNTYPP, durante más de un año, la autoridad registradora fue formulando nuevos requerimientos buscando así inhibir la voluntad de los trabajadores a través del despido de los trabajadores, uno por uno. El juicio de amparo duro casi un año (15/I/09-30/XI/ 09) y, cuando ya fue otorgado, se culminó con el despido de aquellos trabajadores que habían soportado el proceso, obligándolos a firmar un documento de renuncia al sindicato, dirigido a la autoridad, todos con el mismo texto y con el agravante de que designaban a un abogado empresarial como su apoderado para que tramitara la cancelación del registro del sindicato. La tardanza se da en todo y, obviamente, inhibe la eficacia real de la libertad sindical en la medida en que sin registro, sin la «toma de nota» del comité, con la tardanza en el procedimiento de titularidad de contrato colectivo, se sufre un proceso de represión paralelo que hace prácticamente imposible substanciar los procedimientos de ley. Un ejemplo reciente de esto se encuentra en un artículo publicado en el periódico El Universal (26/VII/10 «Los caminos del SME») donde el Secretario de Trabajo, al referirse al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas que junto con el conflicto de los trabajadores mineros metalúrgicos (SNTMMSRM afiliada de la FITIM) ha tenido gran impacto en tiempos recientes, afirma que ambos comités ejecutivos carecen de la «toma de nota». Sin embargo, el Secretario de Trabajo manifestó que él tenía dos meses para contestar cualquier solicitud de la «toma de nota», esto es, para dejar a un sindicato sin representación legal en ese período. Obviamente, tal afirmación no tiene sustento legal alguno porque hace una extensión de los meses que la ley señala para el caso del registro del sindicato, no de la «toma de nota» de su elección periódica. En una frase lo dijo todo «... sin «toma de nota» se generaría un conflicto permanente al interior de los sindicatos y la representación legal de éstos en la vida civil sería precaria, si no es prácticamente inexistente».

***

797. En cuanto a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), registro sindical, la FITIM señala lo siguiente:
— 18 de marzo de 2008, se constituye la UNTYPP en asamblea en la cual se aprueban sus estatutos y elige el comité ejecutivo.
— 29 de abril de 2008, la UNTYPP solicita su registro ante la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para cumplir con la Ley Federal del Trabajo exhibe: convocatoria y acta de asamblea constitutiva del sindicato en la cual se expresa la voluntad de los trabajadores asistentes a formar parte de la misma y solicitar su registro; padrón de socios con 260 afiliados, estatutos debidamente autorizados, 260 fichas de afiliación y documentales que los acreditaban como trabajadores de PEMEX.
— 6 de junio de 2008, STPS requiere a la UNTYPP, entre otras cosas, modificar su estatuto y exhibir el acta de asamblea en la cual se modificó; demostrar la existencia de PEMEX, y que los afiliados son trabajadores de esa empresa.
— 11 de junio de 2008, es despedido por su activismo sindical Oscar del Cueto Charles, Secretario de Relaciones y Difusión de la UNTYPP.
— 21 de agosto de 2008, la STPS por segunda vez requiere a la UNTYPP, entre otras cosas, modificar el estatuto y exhibir acta de la asamblea donde se realizó el cambio, eliminar del padrón de agremiados a los trabajadores que no exhibieron documentos originales que demostrara que son trabajadores de PEMEX.
— 21 de agosto de 2008, Didier Marquina Cárdenas, secretario general de la UNTYPP es citado por el Sr. Marco Antonio Murillo Soberanis, subdirector corporativo de recursos humanos de PEMEX, en sus oficinas de la Ciudad de México, y se le presiona para que retire la solicitud de registro sindical, bajo amenazas de que pensará en su futuro y el de sus hijos.
— 16 de octubre de 2008, la STPS por tercera vez requiere a la UNTYPP, demostrar la voluntad de cada afiliado de pertenecer al sindicato, modificar el estatuto y exhibir el acta de la asamblea en la cual se realizan los cambios, quitar más afiliados.
— 14 de noviembre de 2008, PEMEX despide a 14 miembros del comité ejecutivo y más de 40 dirigentes y afiliados a la UNTYPP son desalojados con violencia de sus centros de trabajo por personal de seguridad de esa empresa y despojados de sus pertenencias personales.
— 18 de noviembre de 2008, la UNTYPP requiere a la STPS otorgue el registro sindical al haberse cumplido con todos los requisitos previstos en la LFT y habiendo transcurrido más de 60 días sin que dicte resolución al respecto.
— 19 de noviembre de 2008, la STPS responde a la petición de fecha 18 de noviembre de 2008 a la UNTYPP señalando que no procede el registro solicitado porque ha respondido con diversas observaciones y el registro está en estudio.
— 19 de noviembre de 2008, fallece el padre de Felipe Jaime Valencia Galindo, miembro del comité ejecutivo de la UNTYPP, al negársele atención médica de urgencia en hospital de PEMEX porque su hijo es miembro de la UNTYPP.
— 20 de noviembre de 2008, PEMEX cita a varios despedidos, les ofrece la reinstalación a cambio de renunciar a la UNTYPP, varios de ellos con urgente necesidad de atención médica firman carta de renuncia a la UNTYPP.
— 25 de noviembre de 2008, la UNTYPP requiere a la STPS otorgue el registro a la organización sindical al haberse cumplido con todos los requisitos para ello establecidos en la LFT, y transcurridos más de 60 días sin que dicte resolución al respecto y transcurridos tres días después de la solicitud en tal sentido sin emitir resolución de la misma, acorde con el artículo 366 de la LFT.
— 27 de noviembre de 2008, la STPS requiere a la UNTYPP aclare qué tipo de sindicato es, de empresa o gremial.
— 27 y 28 de noviembre de 2008, PEMEX implementa un operativo de amenazas en los centros de trabajo para forzar a los afiliados a la UNTYPP activos que renuncien a la misma, y que de no hacerlo, quedarían fuera de la empresa.
— 27 de noviembre de 2008, la STPS informa a la UNTYPP que solicitó a PEMEX informe de las funciones de los afiliados a la UNTYPP y confirmar los datos proporcionados por los mismos en el padrón de socios.
— 1.º de diciembre de 2008, la UNTYPP responde a la observación de la STPS de 27 de noviembre de 2008, y requiere se otorgue el registro acorde con lo previsto en el artículo 366 de la ley en la materia.
— PEMEX arrecia la violencia contra los agremiados a la UNTYPP, las amenazas veladas o directas personales y familiares se incrementan, se cancelan servicios médicos a los agremiados chantajeando con proporcionarlos sólo si renuncian al sindicato, jubilaciones forzadas.
— 23 de diciembre de 2009, la STPS niega el registro a la UNTYPP por supuesto incumplimiento de requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo, entre ellos, el número de agremiados es menor de 20.
— En respuesta a la negativa de registro, diversos agremiados ratifican ante la STPS su pertenencia a la UNTYPP, demostrando que eran más de 20.
— 12 de enero de 2009, se promueve demanda por despido injustificado de agremiados y miembros del comité ejecutivo, originado por organizarse sindicalmente.
— 15 de enero de 2009, la UNTYPP promueve amparo contra la resolución de negativa de registro dictada por la Dirección General de Registro de Asociaciones.
— 2 de julio de 2009, en respuesta al amparo promovido por la UNTYPP, la Jueza Primera de Distrito en Materia de Trabajo resuelve que es procedente el registro, al cumplirse con los requisitos previstos en la LFT y ordena a la STPS registrar a la UNTYPP.
— 16 de julio de 2009, la STPS impugna la resolución que ordena registrar a la UNTYPP.
— 30 de noviembre de 2009, el 14.º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, resuelve y confirma que se debe otorgar el registro sindical a la UNTYPP.
— 21 de diciembre, la STPS entrega el registro sindical a la UNTYPP y toma nota del comité ejecutivo nacional por el período comprendido del 18 de marzo de 2008 al 17 de marzo de 2012.
— 23 de diciembre de 2009, afiliados a la UNTYPP y representantes sindicales comienzan a recibir llamadas telefónicas en las cuales los amenazan de despedido y afectación a su integridad, en caso de no renunciar al sindicato.
— 30 de diciembre de 2009, la UNTYPP solicita a PEMEX una reunión para iniciar relaciones formales.
— Enero de 2010, la UNTYPP inicia una campaña de afiliación al sindicato, visitando centros de trabajo en todo el país.
— En respuesta a la campaña de afiliación a la UNTYPP, la empresa por conducto de su personal de seguridad y directivos amenazan con despedir a los trabajadores que asistan a las reuniones de la UNTYPP. Representantes sindicales son amenazados en su integridad física personal y familiar, son vigilados y seguidos por personas extrañas en vehículos.
— Enero de 2010, directivos de cada centro de trabajo llaman a sus oficinas uno por uno a los afiliados a la UNTYPP, son retenidos por personal de seguridad por largo tiempo mientras son amenazados de despido en caso de no renunciar al sindicato, les exigen la firma de dos cartas supuestamente personales pero que tenían el mismo formato y nombraban a un mismo abogado para realizar los trámites mencionados en ellas. La primera carta era una renuncia al sindicato y la segunda, una solicitud a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de disolución de la UNTYPP. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje recibió estos documentos y abrió los expediente núms. 1/2010 a 55/2010 en la Junta Especial número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
— 18 de enero de 2010, aproximadamente 200 trabajadores afiliados a la UNTYPP son obligados por personal de la gerencia de recursos humanos de PEMEX, apoyados con personal de seguridad, con amenazas de despido, a firmar la renuncia al sindicato y solicitud de disolución del sindicato. Se despide a 13 afiliados y dirigentes sindicales.
— 28 de enero de 2010, Erasto Luis de la Cruz, secretario de trabajo del comité ejecutivo y cinco integrantes del comité ejecutivo seccional de la Refinería «Antonio Dovalí Jaime» son amenazados de despido por el gerente y subgerente de recursos humanos de esa refinería, por negarse a firmar cartas de renuncia al sindicato.
— 15 de febrero de 2010, debido a su negativa a firmar cartas de renuncia al sindicato, son despedidos Erasto Luis de la Cruz, secretario de trabajo del comité ejecutivo y cinco integrantes del comité ejecutivo seccional de la Refinería «Antonio Dovalí Jaime».
— Marzo y abril de 2010, se desató una fuerte embestida contra nuestros afiliados y asesores, particularmente contra el secretario general, con llamadas reiteradas a su número celular amenazando su integridad física y la de su familia.
— Abril de 2010, organizaciones sindicales inician una campaña de apoyo a los compañeros del sindicato con cartas al Gobierno mexicano para que se detengan las amenazas y agresiones contra ellos y reclamando su reinstalación.
— Mayo de 2010, PEMEX llama a los miembros del comité ejecutivo a supuestas negociaciones y les pide que detenga la campaña de cartas y ofrece la reinstalación de algunos miembros.
— Finales de mayo de 2010, el comité ejecutivo acepta detener la campaña en defensa del sindicato a cambio de que el Gobierno y PEMEX acabe con la represión contra los afiliados y trabajadores.
— Junio de 2010, se detiene la represión contra los afiliados y trabajadores. Han continuado las pláticas entre PEMEX y el sindicato.
— 16 de julio 2010, son reinstalados Didier Marquina Cárdenas y Francisco Ríos Piñeyro, secretario general y secretario de organización, respectivamente; sin embargo, los mantienen congelados en sus lugares de trabajo.

Recomendaciones del Comité

903. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) el Comité invita al Gobierno a que tome medidas para iniciar un diálogo constructivo con las organizaciones de trabajadores (incluidas las cinco querellantes) y las organizaciones de empleadores, sobre la aplicación de la legislación laboral y sindical, a fin de examinar las cuestiones planteadas en la queja. Este proceso de diálogo debería incluir: 1) las cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical «de exclusión» declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema que pueden conducir a ciertas situaciones contempladas en la queja, 2) las cuestiones relativas a la representatividad mínima de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente, y 3) la alegada falta de imparcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje y la alegada excesiva duración de sus procedimientos. El Comité pide al Gobierno que le informe de las reuniones mantenidas y de los resultados de este diálogo, y

b) el Comité pide además al Gobierno que responda específicamente a los alegatos y ejemplos de las organizaciones querellantes relativos: 1) a las personalidades públicas incluidas autoridades públicas, que se han pronunciado sobre la realidad de los contratos colectivos de protección laboral y al alto número de estos contratos colectivos, y 2) a los casos específicos de empresas mencionadas en los párrafos 796 a 799, incluidos los casos de funcionamiento deficiente o parcial de las juntas de conciliación y arbitraje en relación con el ejercicio de los distintos derechos sindicales del sindicato STRACC.

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Corte ordena a tribunales revisar causas de despido

Rescatamos esta nota importante en El Universal sobre los despidos injustificados. El pan de cada de día en Petróleos Mexicanos.

Corte ordena indagar despidos en empresas.

Por: EL UNIVERSAL,
Viernes, 04 de Febrero de 2011

La Corte determinó que los tribunales laborales deben privilegiar el estudio del juicio de nulidad que presente el trabajador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en un juicio laboral, los tribunales en la materia deben estudiar si el despido de un trabajador fue forzado, por habérsele obligado a presentar su renuncia, por dolo, mala fe, violencia, o por haber incurrido en un error.

La Corte determinó que los tribunales laborales deben privilegiar el estudio del juicio de nulidad que presente el trabajador, respecto del convenio que firmó con su patrón para dar por terminada la relación de trabajo y la reinstalación en su puesto, a fin de comprobar que la terminación de relaciones laborales no fue unilateral.

La Segunda Sala del máximo tribunal del país puntualizó que la nulidad es la acción principal en el juicio, pues de ello depende la reinstalación del trabajador, pues dicha acción de nulidad pone en entredicho que la conclusión del vínculo laboral haya sido producto del mutuo consentimiento. Esto, añadieron los ministros, permitirá resolver si la relación terminó por decisión unilateral del patrón, o por el contrario, si el trabajador no demuestra su afirmación, quedará expuesto a que la terminación del vínculo laboral se debió al acuerdo de ambos y de esa forma resultará improcedente su reinstalación. No obstante, si el trabajador comprueba algún vicio en el convenio, que evidencie que en realidad no hubo acuerdo de voluntades con su patrón para terminar la relación de trabajo, sino que se trató de una imposición, esto se convertirá en un despido injustificado.

La Sala de la Corte estableció este criterio al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de Circuito que estaban en desacuerdo respecto si la nulidad del convenio entre el trabajador y el patrón, debe ser la acción principal en el juicio laboral.

Ríos de Fuego

El dieciseis de diciembre de 2009 obtuvo su registro sindical el primer sindicato de Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos, conocido como la UNTyPP, nuestra Unión.

Hoy hace un año y días de su registro. Un largo año de lucha constante, de esfuerzo denonado, siempre contra la corriente, río arriba primero para ser reconocidos en sí, después otro año para hacerlo valer ante la administracion de Pemex, quien tiene la responsabilidad de promoverlo y fomentarlo. Así dice la ley y así dicen los convenios que México a firmado y comprometido a cumplirlos. Pero que es letra vaga en este país de impunidades.

Muchos saben de nuestra existencia, más bien todos los saben, pero hacen como que lo ignoran. Porque así le han enseñado y obligado, no saber qué hacer con su libertad y con sus derechos como trabajador. Todos los técnicos y profesionistas de Pemex son representados por la Untypp. Pero no faltan las artimañas para que nadie se pregunte siquiera si es una opción. Y claro que lo es. Hay que ver nada más como desfilan por bufetes de abogados ex-gerentes y ex-personal de "confianza" de alto nivel que anda penando demandando sus derechos. Claro que antes se sentían de otra raza, ahora se dan cuenta que son simples asalariados y que sus pensiones están en el cadalso.

Esos son y serán ríos de demandas, pero nada comparado con los ríos de fuego que ahora incendian a Pemex, incendian a San Martín Texmelucan.

La desgracia de San Martín Texmelucan es obra de aquellos que han llegado a dirigir a Pemex desde la ignorancia supina de las operaciones petroleras. De aquellos que entregan enormes y cuantiosos contratos a compañías extranjeras, pero que deliberadamente niegan los dineros para que los técnicos de Pemex tengan los recursos necesarios para dar el mantenimiento y supervisión adecuados, necesarios, impostergables a los ductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Ríos de papeleos y subcomités se requieren para que un técnico obtenga un tornillo, una válvula, un tubo, una hoja de papel depués de un largo año de haberlo solicitado de forma urgente. No hay dinero para invertir en adquirir equipo de sustitución, refaccionamiento, personal, etc. Pero sí hay dinero, ríos de dinero para contratar empresas internacionales que diseñan costosísimos sistemas de calidad, de seguridad, en fin una carga de sistemitis que paraliza a la empresa. Pero que eso sí llenan las oficinas de directores y subdirectores de diplomas y reconocimientos de ISO's de aquello y de lo otro que no sirven para nada. Basta ver los resultados. Los ríos de fuego de San Martín, son los ríos de la corrupción. Y para muestra está la declaración que evade la responsabilidad:

"Además refirió que en 2008 envió al Congreso la propuesta para que el transporte de combustibles en México sea operado también por particulares, con lo que se lograría alinear los esfuerzos para su cuidado": Felipe Calderón.

¿Alinear esfuerzos? ¿Alinear la corrupción?

Debe ser.

Los contratos incentivados de Pemex

Cierto, una cosa es que el consejo de administración los haya aprobado, la corte a su vez los palomee porque es facultad del consejo dictaminar dichos contratos y otra muy distinta el que sean constitucionalmente válidos.

También que las trasnacionales deben saber que están al margen, no de la ley porque esa ya la "acomodaron" a su gusto, si no al margen de la constitución. Eso es querer incendiar a un pueblo.

¿Será por eso que altos mandos de Pemex están "saliendo" a la iniciativa privada? ¿Ya cumplieron su objetivo de entregar lo entregable y evadir su responsabilidad? Nos preguntamos quién sigue por salir: ¿todo el consejode administración?

Javier Jiménez Espriú.

El consejo de administración de Petróleos Mexicanos aprobó hace unos días la nueva forma de contratación para la exploración y la producción de hidrocarburos: los llamados contratos incentivados o de servicios integrados, que ahora resultaron peores que los contratos de servicios múltiples, ya que, suponen, están de entrada legalizados por los reglamentos que surgieron de la Reforma Energética de 2008. Para mayor “certeza” de los promotores del nuevo atentado, dicen que la Suprema Corte de Justicia avaló dichos contratos, con el dictamen dado a conocer sobre el artículo 62 del reglamento correspondiente a la facultad del consejo de administración de Pemex, para conocer y aprobar en su caso, las nuevas modalidades de contratación que lo declara constitucional. Independientemente de comulgar o no con la opinión de la SCJN, su dictamen se refiere a la facultad del consejo para aprobar o no los modelos de contratación y no a la validez de los contratos aprobados por el consejo de administración. Varios ministros manifestaron que “si el consejo de administración va más allá de las prohibiciones legales en sus contratos…, eso será un problema de aplicación indebida del reglamento, litigable por separado, pero no del reglamento mismo”.
Y eso es precisamente lo que sucede con los contratos propuestos. Aunque no conocemos las modalidades aprobadas, ya que lo que debiera ser público se guarda –por algo será– con más secreto que los documentos expuestos por wiki-leaks, tengo en mi poder un documento de Pemex en el que sin mayores tapujos, se indica en una página titulada “Elementos clave del contrato”, lo siguiente:

Propiedad: reservas y producción propiedad de México.

Alcance: evaluación/exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en el bloque. (Es decir, ¡absolutamente todo!)

Pago: tarifa por barril más recuperación de costos, sujeto al flujo disponible del bloque.

Plazo: hasta 25 años. (Veinticinco años cobrando una cuota por barril producido, nada más).

Obligación mínima de trabajo: predefinida

Adjudicación: la menor tarifa por barril (licitación pública internacional).

No se requiere mayor explicación para entender que se trata ya no de un “contrato de riesgo”, porque el contratista no arriesga nada, sino de un contrato en el que el contratista obtendrá una remuneración por barril, esto es, participará de la producción,
además de la cobertura de sus costos.
Seguramente los consejeros y los operadores de estos contratos son conscientes de que han ido mucho más allá de
lo que establece la Constitución, que la modalidad propuesta es definitivamente anticonstitucional, y que tienen ambos, severas responsabilidades frente a la nación, al entregar parte del patrimonio nacional a los contratistas. Por su parte éstos deben saber que quien participe en estas licitaciones “se estará metiendo en camisa de 11 varas”.
Estos contratos así planteados serán, como lo han mencionado algunos de los ministros, sujetos de litigios por separado. Y ahí sí se trata de contratos de muy alto riesgo, no en lo referente a la terminología petrolera, sino por sus graves consecuencias administrativas y penales para los involucrados.
Cuando asumió la Presidencia de la República Felipe Calderón, al ofrecer “entrega total”, algunos optimistas de buena fe,
seguramente se imaginaron otra cosa muy distinta a la de la entrega total que estamos sufriendo.

jimenezespriu@prodigy.net.mx

María del Pilar Sánchez Rodríguez

Expresamos nuestras más sentidas condolencias al estimado amigo y compañero Martín Esparza, Srio. Gral. del Sindicato Mexicano de Electricistas, por el lamentable fallecimiento de su esposa la Sra. Ma. del Pilar Sánchez Rodríguez.

Le acompañamos en este momento difícil todos los que integramos la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Descanse en paz.

La renta petrolera y los contratos.

Sobre los nuevos contratos ilegales, Arnaldo Cordova escribe:

La renta petrolera y los contratos
Arnaldo Córdova

La Jornada. 12-12-2010

La renta es un concepto con múltiples significados, algunos de ellos, incluso, divergentes entre sí. Puede designar el ingreso total de una persona por los productos de sus bienes. Puede ser la entrada que deriva de arrendar un inmueble o un mueble (como un automóvil). Puede ser también el fruto de la operación de un capital invertido. Y no es raro que se le identifique, sin más, con el concepto de ganancia. En economía política y en derecho constitucional (sin que haya relación alguna en la coincidencia) la renta es un derecho que se establece sobre la tierra. ¿A cuál de esas acepciones tendríamos que referirnos para poder hablar de lo que es la renta, en especial, la llamada renta petrolera?

Si se está a la letra y al espíritu del artículo 27 constitucional, es fácil determinar que la renta petrolera es el resultado de la propiedad originaria de la nación sobre el subsuelo de su territorio. En el mismo está el petróleo, por lo tanto, éste pertenece a la nación, sin medios términos y sin intermediarios. La renta, en esas condiciones, es el derecho que la nación tiene sobre el bien de que se trata. Ese derecho quiere decir que, al constituirse Petróleos Mexicanos como una empresa pública encargada de extraer ese mismo bien, la empresa viene a ser un ente autónomo respecto del Estado que la ha constituido, como si fuera un privado y, por lo mismo, tiene que entregar al Estado, representante de la nación, un derecho, vale decir, una cantidad de dinero como pago del uso de la tierra al extraer el petróleo. El derecho no es un impuesto, sino un pago usufructuario.

Es bueno que los priístas, antiguos nacionalistas de hueso colorado, se enardezcan cuando dicen que los gobiernos panistas buscan compartir la “renta petrolera” con los privados. Sólo que es una lástima que, como los ignorantes supinos que son, no sepan lo que es la renta petrolera. A ellos se debe esta curiosa definición de la misma: “el diferencial entre los costos de extracción, almacenamiento, distribución y comercialización y el precio de la venta del hidrocarburo”. Esa definición ya circulaba en los tiempos de Echeverría y no es otra cosa que un modo rebuscado de definir lo que es la ganancia. La renta sería ganancia. Se trata de una idiotez sin ningún sustento.

Si se quisiera encontrar un símil a la renta, el más adecuado sería el de tributo, sólo que resultaría un anacronismo, pues en la era del derecho moderno es impropio hablar de tributos. En el derecho medieval (que informó en México el régimen de las comunidades indígenas de las Leyes de Indias), los señores recibían un pago por el uso de la tierra que era el tributo. En la Nueva España, a los indios se les dio la tierra en sus comunidades, pero debían pagar por ello un tributo a la corona. Aparte de las minas, los reyes de España vivían de los tributos de los indios. Cuando Marx examina el tema de la renta, lo ve exactamente en esos términos y su modelo es el inglés. Todavía hoy, la misma propiedad urbana en Inglaterra responde al lema medieval de que no hay tierra sin señor.

La renta es un derecho sobre la tierra y no tiene sentido usar el término para operaciones mercantiles o de otra índole. Tal vez el concepto sea de innegable origen medieval y ello es comprensible. Don Andrés Molina Enríquez escribió que, en su letra y en su espíritu, el artículo 27 es de inspiración colonial. Eso ya lo he tratado en otras ocasiones y no puede negarse. La nación, el conjunto de todos los mexicanos, es dueña de su territorio (comprendidos su subsuelo y el espacio aéreo) y cuando sus bienes son explotados por privados, éstos deben pagar un derecho que no es otra cosa que la renta. Eso es, en la tradición romanista de Occidente, un tributo. Y es lo mismo tratándose de los bienes del subsuelo, del espacio radioeléctrico o de las superficies que son del dominio de la nación.

Cuando se habla de los contratos con privados a través de los cuales se busca asociarlos a la explotación de los recursos nacionales, por lo general, no se piensa en que por ello deben pagar un derecho, porque la misma idea del derecho como tributo no está en las mentes, a pesar de que se menciona en todas las leyes derivadas del 27 constitucional. Durante los debates de los foros convocados por el Senado, se hizo hincapié en la limitación constitucional de toda clase de contratos que el Estado firma, en nombre de la nación, con privados. No se trata de impedir que los privados contraten con la paraestatal; pero las formas de contratación deben estar limitadas, estrictamente, a la prestación de bienes y servicios y no compartir, de ninguna manera, el resto de los beneficios.

La idea de que no se debe compartir la renta petrolera con los privados, resulta una horrenda contradicción cuando se la define como ganancia. Eso les ocurrió a los ministros de la Suprema Corte cuando hace unos días resolvieron sobre la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados sobre el reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. La desecharon, según ellos, porque eran válidos los términos del artículo 62 de dicho reglamento, al permitir toda clase de contratos con privados; pero se sintieron en la necesidad de imponer “candados” a la contratación y esos impedimentos sólo miran a limitar, precisamente, que se ponga en riesgo la renta petrolera. Ello no obstante, ven la renta como ganancia y la pregunta obligada es: ¿cómo va a pagar Pemex cualquier bien o servicio si no es con sus ganancias?

Por derechos y de acuerdo con la legislación vigente, Pemex paga más de cuatro quintas partes de su ingreso neto, vale decir, de sus ganancias. Y son de dos clases: una, por la explotación del subsuelo al extraer el producto (dos quintas partes), y otra, por el uso de la superficie del suelo donde se instalan sus equipos de exploración y explotación (otras dos quintas partes). De hecho, debería llamársele renta sólo al segundo de esos derechos (el uso de la superficie), como son siempre todos los casos en que opera la renta; pero aquí se trata de la explotación de un recurso que está en el seno de la tierra y, por ello, vale designarlo como renta. Tal vez alguien ignore que los autores de ese concepto fueron Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx.

Los ministros de la Corte, al parecer, no entienden de estas materias y anduvieron todo el tiempo por sobre las ramas. Como lo señaló Bernardo Bátiz en su artículo del pasado lunes y, también, Antonio Gershenson en el suyo, publicado un día antes, lo que debieron definir (lo que, además, la Cámara de Diputados había alegado como argumento base) era si el reglamento de Calderón era concorde con los principios establecidos en la Constitución o no. Nadie les pidió que se pusieran a hacer filosofía de la renta, de la que no saben nada. No citan en su fallo ni una sola vez la Constitución, pero, eso sí, se ponen a decidir cómo tendrá que ser aplicado un reglamento que choca abiertamente con la Carta Magna.

La mira no era decir cómo se deben llevar a término unos contratos que están prohibidos por la Constitución, sino si éstos eran o no constitucionales. Los señores ministros se pusieron a legislar cuando ésa no es su facultad y, además, nadie se los pidió.