Arturo Alcalde Justiniani
Un nuevo escenario laboral parece construirse en el entorno de América del Norte con motivo de la reciente crisis económica, el ascenso del Partido Demócrata a la presidencia estadunidense, la discusión sobre una reforma laboral favorable a los sindicatos en el Congreso de dicho país y la posibilidad de un cambio en el gobierno canadiense. A ello habría que agregar los esfuerzos unitarios en el seno del sindicalismo estadunidense y el interés por revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) incluyendo los acuerdos de colaboración ambiental y laboral, en respuesta a los sectores que influyeron en el reciente proceso electoral.
El próximo 20 de enero Barack Obama asumirá la presidencia estadunidense. Un primer tema de su agenda es, sin duda, la instrumentación del plan de emergencia, y la aplicación de los 700 mil millones de dólares autorizados para ese fin, tarea nada fácil si tomamos en cuenta que mensualmente 600 mil trabajadores pierden su trabajo en ese país. Un segundo tema será la aprobación por el Congreso de la reforma laboral conocida como free choice, la cual favorece la organización sindical y la contratación colectiva, pero antes debe superar la férrea oposición de los sectores más conservadores, encabezados por la poderosa Wal-Mart, que reclama el derecho de mantener un modelo laboral unilateral y precario.
Por su parte, el movimiento sindical de Estados Unidos parece vivir una reactivación; sus dos grandes centrales (Federación Estadunidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, y Change to Win) transitan por un proceso de reunificación, con posibilidad de encontrar resultados en los próximos tres meses. De ser así, la convención nacional de la AFL-CIO, a celebrarse el próximo septiembre, tendrá una dinámica alentadora, que impactará en favor de la población trabajadora de ese país e influirá favorablemente en la nuestra.
Un reclamo del movimiento sindical de los tres países suscriptores del TLCAN ha sido la revisión del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), que acaba de cumplir 15 años de vida sin pena ni gloria. El ACLAN ha sido motivo de alrededor de 40 quejas en los tres países, más de 70 por ciento relacionadas con violaciones a la libertad sindical y obstáculos a la contratación colectiva auténtica. De esas quejas, la inmensa mayoría han sido planteadas por violaciones ocurridas en México; sin embargo, los resultados obtenidos han sido magros, por la incongruencia entre los principios del acuerdo y los medios para su cumplimiento, los excesivos trámites burocráticos y el boicot de los gobiernos. Todas las quejas han concluido en simples consultas ministeriales y reportes especiales, sin que en caso alguno haya ocasionado multa o suspensión de beneficios por incumplimiento del acuerdo. Esto explica el reclamo de rehacer los compromisos a fin de que se consideren con profundidad los temas fundamentales, entre ellos el migratorio, el salarial, condiciones de trabajo, derecho de asociación y contratación colectiva, a través de procedimientos definidos y mecanismos eficaces de cumplimiento, entre ellos la necesaria evaluación social de su desempeño, sin perder de vista que el TLCAN en su conjunto ha tenido en muchos sectores impacto negativo por no tomar en cuenta las asimetrías entre los países suscriptores.
El gobierno mexicano participa en estos procesos con temores, buscando encubrir nuestra realidad laboral, caracterizada por la corrupción, el control, la ausencia de justicia laboral y la constante violación de los derechos humanos laborales. Esta política se acredita en hechos concretos. Mencionemos tan sólo dos: la imposición de un salario mínimo 30 por ciento menor a la inflación, fortaleciendo la política de precariedad salarial, y el brutal golpe a la libertad sindical concretado en la negativa de registro sindical a los trabajadores técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) materializada el pasado 23 de diciembre. En pleno periodo vacacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó al sindicato su decisión de negarle el registro que venía tramitando durante ocho meses de resistencia. Un periodo endurecido por la represión, que incluyó despidos, amenazas, jubilaciones prefechadas y una persecución de carácter individual incalificable. La muerte de Manuel Valencia Orozco a las puertas del hospital de Pemex, al negársele el servicio médico porque su hijo, el ingeniero Felipe Valencia, es miembro del sindicato, da cuenta de la bajeza con la que ha actuado dicha paraestatal. Basta señalar entre los múltiples obstáculos opuestos el primero de ellos, consistente en la exigencia a los solicitantes de “acreditar documentalmente la existencia de Petróleos Mexicanos”, como si la dependencia no supiera de qué empresa se trata
A pesar de esta represión de Estado, los petroleros han decidido continuar con su lucha y han promovido esta semana un amparo reclamando el reconocimiento del registro automático que señala el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo al haber excedido la STPS el plazo máximo de 60 días que la ley impone a dicha autoridad registradora. Los técnicos y profesionistas de Pemex cotidianamente dan testimonio de su compromiso y responsabilidad en la operación de su fuente de trabajo, y no se dan por vencidos, con lo que ponen un ejemplo que fructificará en el futuro.
El movimiento sindical mexicano, a pesar de todas sus limitaciones, debe reaccionar frente a este nuevo entorno, si bien agobiado por las consecuencias de la crisis y el bajo prestigio que tiene frente a la sociedad. Es tiempo de reformular estrategias, objetivos y provocar cambios que le permitan ser un actor legítimo en la construcción de una nueva agenda que convoque particularmente a los trabajadores no organizados, con empleo formal o sin él. Sería una lástima que las oportunidades que se presentan con nuestros vecinos del norte no fueran aprovechadas ahora que el proceso de globalización nos hace transitar hacia una suerte común.
¿ Reserva Estrategica de E.U. ?
Desde el gobierno de Jefferson (1801-1809) la clase gobernante de Estados Unidos concibe a América Latina y el Caribe como su reserva estratégica. Además de las cañoneras, el recetario oligárquico-imperial incluye “libre” comercio y desregulación financiera y de la inversión extranjera. En 1908, a finales del porfiriato, William J. Bryan planteó que con estas palancas “antes de 20 años Norteamérica se habrá tragado a México”. Quien cinco años después sería secretario de Estado de Woodrow Wilson, anticipó lo que el Foreign Relations Council sostiene: “La absorción de ese país por el nuestro es necesaria e inevitable por razones tanto económicas como políticas… la absorción de México ha comenzado ya en el sentido comercial”.
La apertura porfirista ofreció a Estados Unidos y sus monopolios una “oportunidad admirable” para, según Bryan, “aumentar nuestra riqueza y nuestra importancia como potencia universal”. Esa “imperialización” fue aplacada por la Revolución de 1910 y las estipulaciones de la Constitución de 1917 en materia de recursos naturales y una política externa que defendió la soberanía y la no intervención. Desde 1982 se restauran desregulación y librecambismo a ultranza en medio de creciente corrupción, entreguismo y más autoritarismo policial y militar. Con el TLCAN se renuncia al desarrollo retrocediéndose en los frágiles, pero significativos, logros del desarrollo estabilizador. La “compra-venta de México” se realiza junto a la capitulación que hicieron Salinas y Zedillo de la política exterior y de seguridad. Con Fox y Calderón se combina lo económico-empresarial con lo policial-militar, según dos diseños de la Casa Blanca: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida. La ASPAN comporta una integración profunda (saqueo) de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad), un apartheid laboral y la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional”.
Bush, con apoyo del Banco Mundial y el BID, intenta ampliar y “legar” pactos y transas empresariales y policial-militares de ASPAN a América Latina por medio de un engendro dado a conocer el pasado 24 de septiembre como Caminos hacia la Prosperidad de las Américas, que la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) califica como el “Plan B del ALCA”, es decir, un “refrito” del proyecto imperial enterrado en Mar del Plata en 2005 y apoyado por Vicente Fox, el ex gerente de Coca-Cola que ocupó la presidencia mexicana. Como ASPAN el Plan B contiene: a) “una agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros cubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad”, y b) “una agenda complementaria de carácter militar y policial de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal, etcétera, usando el placebo de la seguridad”. (Documentos y detalles en rmalc@prodigy.net.mx)
Bush lanzó la propuesta desde el Consejo de las Américas/Sociedad Americana, con endosos de presidentes y funcionarios de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Desesperados y decididos a frenar y desactivar coaliciones regionales y de construcción social alternativa como Unasur, Estados Unidos y sus aliados (auténticos unos y bajo coacción o soborno otros) promueven el Plan B, el despliegue de la Cuarta Flota, los Comandos Norte y Sur del Pentágono, con un rosario de bases militares y dos ejes de ocupación territorial, sustentados en terrorismo de Estado y ejércitos mercenarios (outsourcing militar): el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.
La intervención y violencia policial-militar de Estados Unidos y las oligarquías enfrentan creciente resistencia popular mientras Bush deja una debacle humana y estratégica en Irak y Afganistán, y un colapso económico creado por una burbuja especulativa de más de 55 billones (trillions) de dólares que rebasa el mayor rescate bancario de la era moderna.
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